Tampoco ahora el Partido Popular va a desbloquear la renovación del Poder Judicial. Cuando todo parecía encarrilado, cuando, según el Gobierno, el pacto ya estaba cerrado a la espera de firma, Alberto Núñez Feijóo, encuentra una excusa para echarse atrás.
Esta vez, la excusa es la reforma del delito de sedición. Pero, recordemos, que antes, y con Casado al frente, las excusas fueron otras: que si Pablo Iglesias estaba en el Gobierno, que si una vez fuera Iglesias, Podemos seguía en el Gobierno, que si se pactaba con Bildu...
Ahora, y cuando Feijóo iba a dar un paso al frente importante en alguien que pretende gobernar en este país, un paso al frente que podía etiquetarle como hombre de estado, se raja en el último momento.
"El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática", por el pacto para el Poder judicial. Pero es que ayer también Isabel Díaz Ayuso, que debe formar parte también de esa derecha política le había dicho al presidente de su partido lo que pensaba.
Claro, teniendo en cuenta que ya hace tiempo que la derecha, sobre todo la derecha más a la derecha dentro del propio partido, ya le iba advirtiendo, Feijóo parece que se ha arrugado. Y esto es más que preocupante.
El Gobierno cree que Ayuso y su mundo le ha torcido el brazo a Feijóo como antes lo hicieron con Casado, que también se echó para atrás hasta tres veces cuando ya tenía prácticamente cerrado el acuerdo con Sánchez. “Feijóo ya es otro pelele más, como Casado. La derecha española es tremenda. Ya lo han tumbado una vez. Ahora es suyo”, resumen fuentes del Gobierno.
De las 15 elecciones que se han celebrado desde 1977, solo en cinco ocasiones las urnas han arrojado un gobierno de mayoría absoluta (1.982, 1.986, 1.989 -una mayoría técnica, pues el PSOE obtuvo los mismos escaños, 175, que la suma de todos los demás partidos-, 2.000 y 2.011).
Las otras 10 citas electorales obligaron a los aspirantes al gobierno a entenderse con otras formaciones. La más de las veces estos eran partidos nacionalistas o, también llamados, partidos de ámbito no estatal.
El sistema español alumbró así una lógica por la que los partidos nacionalistas y regionalistas pivotaron de un lado a otro del eje ideológico y fueron sostén fundamental de gobiernos de distinto signo.
La emergencia de nuevos partidos estatales que llegaron a alcanzar gran fuerza, Ciudadanos, Podemos y Vox, tampoco ha logrado eliminar su decisiva influencia.
Tras una década de mayorías absolutas, el PSOE de Felipe González pagó en 1.993 el desgaste de escándalos como los GAL, la crisis económica y el precio de años en el poder.
Cayó de los 175 a los 159 escaños y precisó por primera vez de apoyos externos para cerrar la investidura. Aunque el acuerdo con Izquierda Unida hubiera sumado, los socialistas descartaron esta posibilidad y miraron a la antigua Convergència i Unió y al PNV.
Con la formación catalana, el PSOE acordó la cesión del 15% de la recaudación del IRPF, el acceso a los fondos europeos de cohesión y un mayor grado de autogobierno. González abrió incluso la puerta a una coalición con CiU, pero los de Pujol rechazaron entrar en el ejecutivo.
Lo mismo hizo el PNV, que votó a favor en la investidura bajo la promesa de desarrollar el Estatuto de Gernika; pero rechazó asumir la cartera de Industria porque no existía un acuerdo programático cerrado.
Tampoco a su favor el hecho de que PSOE y CiU bastaran por sí mismos para cerrar la investidura. La legislatura acabó antes de tiempo, cuando los catalanes decidieron no apoyar los presupuestos de 1996 y precipitaron la convocatoria de elecciones.
Aznar, Pujol, el Pacto del Majestic, el catalán en la intimidad y 400.000 millones
De la noche electoral, en la que frente a la sede del PP la militancia cantaba "Pujol, enano, habla castellano", a la obtención de una mayoría que Aznar llamó "suficiente" medió una negociación que llevó al entonces líder de la renovada derecha a explicar que él hablaba catalán en sus círculos íntimos. El gusto de Aznar por la lengua catalana se extendió también al nivel competencial.
PP y CiU eligieron el Hotel Majestic de Barcelona, que acabaría dando nombre al acuerdo, para celebrar la cena clave. Aquella noche larga cerraron un pacto de gobernabilidad que comprometía a CiU toda la legislatura, pero le otorgaba varias victorias. El partido de Pujol cifró en 400.000 millones de pesetas (más de 2.400 millones de euros) la cantidad que percibiría Cataluña entre 1.996 y 2.000.
Las cuentas incluían la cesión del 33% de lo recaudado a través del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de impuestos especiales y la cesión de nuevas competencias. La Generalitat se hizo así con la gestión de los asuntos de tráfico, las políticas de desempleo, los puertos y la cabeza de Aleix Vidal-Quadras. Pujol exigió quitarle de en medio y Vidal-Quadras, entonces líder del PP en Cataluña y uno de los mayores detractores del modelo de inmersión lingüística impulsado por Pujol, fue sacrificado por su partido.
También el PNV apoyaría la investidura de Aznar, pese a que sus votos no eran imprescindibles para desatascarla, y pese a que las relaciones entre ambos partidos habían sido muy tensas en la legislatura anterior.
El PP buscó un acuerdo más amplio que reforzara su mayoría y sentó a Mayor Oreja a negociar con Iñaki Anasagasti y Xabier Arzalluz. El trato otorgó una nueva metodología para el Concierto Económico vasco que aumentaba la capacidad fiscal de Euskadi, la recaudación de impuestos por el alcohol, el tabaco y la gasolina y la devolución del patrimonio que durante la Guerra Civil le fue incautado al PNV. Junto al dinero, la promesa de desarrollar el Estatuto vasco y el compromiso de financiar el Acuerdo Interprofesional Vasco para la Formación Continua.
Como hiciera González, también Aznar abrió la puerta a introducir ministros de partidos nacionalistas en su gabinete. Nunca ocurrió. Pujol rechazó la oferta en la siguiente legislatura. "Imagínese un ministro de CiU en el Gobierno: no podría decir el Gobierno de la nación porque España es plurinacional y nuestra nación es Cataluña, y lo digo con todo respeto y con toda lealtad constitucional y no constitucional", declaró entonces. "Tenemos una determinada idea de España y del papel de Cataluña en España", la idea que años después cambió radicalmente y que entonces el PP no vetaba.
Los últimos acuerdos: de Zapatero a Rajoy
González y Aznar abrieron el camino, aunque ya en 1.979 Adolfo Suárez recibió el 'sí' de Partido Andalucista, Partido Aragonés y Unión de Pueblo Navarro. Zapatero y Rajoy lo siguieron, pero el camino fue cambiando.
Zapatero logró la investidura en 2.004 solo con la oposición del PP. El ambiente en la cámara y la sociedad tras la segunda legislatura de Aznar, que pasó por la catástrofe del Prestige, el 'No a la guerra' y la contestada gestión del 11-M, favoreció el apoyo a los socialistas.
El acuerdo más significativo fue el que llevó a ERC al 'sí', mientras CiU se quedó en la abstención. Zapatero había prometido aprobar un nuevo estatut para Cataluña, uno que respetaría el texto que saliera del Parlament. Después vendría la recogida de firmas del PP, el recurso ante el Tribunal Constitucional y un clima de enfrentamiento y polarización crecientes.
En su segunda legislatura, Rajoy solo obtuvo el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria, y logró la investidura a través de la abstención del PSOE; pero rehízo sus relaciones con el PNV y se entendió en algunos momentos con los independentistas catalanes.
Convergència, PNV y ERC se abstuvieron en 2.016 para permitir que Ana Pastor presidiera el Congreso. Los nacionalistas vascos apoyaron después los presupuestos del PP, pero en una demostración del modelo por el que se han regido las relaciones de gobierno, giró de posición hasta contribuir a la caída de Rajoy en la moción de censura que siguió a la sentencia de la Gürtel.
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Tres décadas de pactos con los nacionalistas: concesiones y acuerdos de un modelo hoy comprometido
PP y PSOE negociaron y cedieron para cerrar acuerdos con las formaciones nacionalistas desde principios de los 90.
Pese a la multitud de pactos, nunca cerraron un gobierno de coalición y en su lugar se consolidó un sistema que hoy ve achicarse los espacios para el entendimiento. ERC es ahora la llave del sistema que marcó las relaciones políticas durante tres décadas
Los acuerdos con partidos nacionalistas para las investiduras o para sustentar al Gobierno de España comenzaron en 1993, cuando Felipe González pactó con CiU y PNV para mantenerse en La Moncloa.
En 1996 Aznar cerró el pacto del Majestic con Pujol y más tarde Zapatero se apoyó en ERC y PNV. Ahora Rajoy ha conseguido salvar las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos con la misma estrategia.
Año 1993. Felipe González ganó sus cuartas elecciones aunque sus 159 escaños le impedían gobernar. Fue la 'dulce derrota' de Aznar. El socialista, por primera vez, negoció con CiU y PNV y logró la investidura gracias al apoyo de ambas formaciones.
Era el principio de una larga relación de amor-odio entre partidos nacionales que deberían pensar en el bien común de todos los españoles pero que, a su vez, se ven obligados a apoyarse y ceder ante partidos nacionalistas para llegar al poder o mantenerse en él. Lo hizo Felipe, Aznar, Zapatero y lo acaba de hacer Rajoy, con un pacto con el PNV a cambio de salvar los Presupuestos de 2017.
Ese año post-JJOO de Barcelona y post-Expo de Sevilla se inauguró una larga lista de contraprestaciones por parte del Gobierno central a formaciones catalanistas o vascas a cambio de su apoyo en el Congreso. Hace casi cinco lustros, con el socialismo ya en decadencia, González se vio obligado a ceder (llegó a ofrecer al partido de Jordi Pujol que entrara en el Gobierno) y CiU consiguió arañar para Cataluña la llamada corresponsabilidad fiscal (en torno al 15% del IRPF) y el desarrollo pleno de los estatutos de autonomía con las consiguientes transferencias. El PNV también votó a favor de la investidura.
Lo mismo ocurrió con José María Aznar y su 'amarga victoria' de 1996, cuando los 156 diputados del PP les obligó a buscar un pacto con CiU, el Majestic. A ese acuerdo los populares incorporaron al PNV (aunque no les hacía falta) por el interés que tenía entonces Jaime Mayor Oreja de combatir el terrorismo de ETA desde una visión nacional con el apoyo de los nacionalistas vascos.
La lista de cesiones de Aznar en ese acuerdo con Pujol cerrado en el hotel del Paseo de Gracia es larga: transferir las competencias de tráfico a los Mossos d'Esquadra, transferencias en materia de justicia, educación, agricultura, cultura, farmacias, sanidad, empleo, puertos, medio ambiente, mediación de seguros, política lingüística y vivienda.
El Gobierno popular eliminó también la figura del gobernador civil, que fue sustituida por el subdelegado del Gobierno, con menos competencias que el anterior, y se pusieron en marcha importantes inversiones en Cataluña, como las ampliaciones del puerto y del aeropuerto de Barcelona. No hay que olvidar que el PP también apartó a Aleix Vidal-Quadras de la presidencia del partido regional para evitar roces con la Generalitat.
En el caso del PNV, que tenía solo 5 diputados en el 96, los nacionalistas vascos pidieron a Aznar un acuerdo fiscal privilegiado para Euskadi. El líder del PP se encontró entonces con la oposición de CCOO y UGT, que le transmitieron que si rompía la caja única le montaban una huelga general. El candidato a la Presidencia se negó y por eso los jeltzales pasaron del pacto de legislatura al voto de investidura. La negociación PP-PNV funcionó engrasada hasta que el pacto de Lizarra acabó con la sintonía.
En 2004, Zapatero llegó a La Moncloa investido gracias a los votos de ERC, IU, CC, BNG y CHA. Fueron los independentistas catalanes quienes sacaron tajada de este acuerdo en unas negociaciones que se trabajaron Alfredo Pérez Rubalcaba o Diego López Garrido, entre otros.
El presidente socialista se comprometió a aprobar un nuevo Estatuto y a respetar el texto salido de las Cortes catalanas, redacción que el TC tumbó más tarde. Muchos creen que esa sentencia fue una fábrica de independentistas.
Ya en la segunda legislatura del leonés, el PNV supo entrar en escena para con sus apenas 6 diputados en Madrid arañar un importante paquete para Euskadi.
Zapatero se sumaba sus supervivencia asediado por los mercados y el inicio de la crisis y los nacionalistas vasco sostuvieron su Gobierno arrancando a cambio un acuerdo del que destacaba la inversión en políticas activas de empleo. Patxi López era el lehendakari por aquel entonces y el PNV con Urkullu al frente supo intercambiar cromos con inteligencia.
Tras una legislatura con mayoría absoluta es ahora cuando el Gobierno de Rajoy se ha visto obligado a recurrir a los nacionalistas vascos.
El PNV ha sabido aprovecharse de la coyuntura, con un PSOE inmenso en un proceso de primarias que le impedía pactar, y llevarse para Euskadi un acuerdo que el Gobierno vasco ha calificado de "excelente y satisfactorio".
Desde Sabin Etxea aseguran que ellos siempre han sabido adaptarse a la situación y forcejear con Madrid de manera beneficiosa en un momento en el que la antigua CiU está destrozada: "Si el PDeCAT tuviera 10 diputados no hubiéramos podido hacer nada", reconocen.
Son, en definitiva, tres decadas de acuerdos con formaciones nacionalistas a la espera de grandes pactos entre PP y PSOE, acuerdos que han sido puntuales como en el caso del terrorismo o el reciente pacto para aprobar el techo de gasto.
Nada ha cambiado en este tiempo ya que ni la entrada de Ciudadanos en el Congreso no ha sido suficiente para que los partidos nacionales se quiten este lastre.
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Nor now the Popular Party is going to unblock the renewal of the Judiciary. When everything seemed to be on track, when, according to the Government, the pact was already closed awaiting signature, Alberto Núñez Feijóo, finds an excuse to back out.
This time, the excuse is the reform of the crime of sedition. But, let's remember that before, and with Casado at the helm, the excuses were others: that if Pablo Iglesias was in the Government, that if once Iglesias was gone, Podemos was still in the Government, that if there was a pact with Bildu?
Now, and when Feijóo was going to take an important step forward in someone who intends to govern in this country, a step forward that could label him as a statesman, he cracks at the last moment.
"The PP fears the reaction of the political, judicial and media right wing", because of the pact for the Judiciary. But yesterday Isabel Díaz Ayuso, who must be part of that political right that the newspaper talks about, as if Feijóo belonged to, I don't know what, said that with all loyalty she had told the president of her party what she thought.
Of course, taking into account that the right wing, especially the right wing within the party itself, had been warning him for a long time, Feijóo seems to have shriveled up. And this is more than worrying.
EL PAÍS reconstructs how the agreement between the PSOE and the PP for the renewal of the General Council of the Judiciary broke down.
The Government believes that Ayuso and his world has twisted Feijóo's arm as they did before with Casado, who also backed out up to three times when he had already practically closed the agreement with Sánchez. "Feijóo is just another wimp, like Casado. The Spanish right is tremendous. They have already knocked him down once. Now he is theirs," summarizes government sources.
After three decades of concessions to nationalists to keep the PP and PSOE in power, Feijóo now crumples.
Of the 15 elections held since 1977, only on five occasions have the ballot boxes produced an absolute majority government (1982, 1986, 1986, 1989 - a technical majority, as the PSOE won the same number of seats, 175, as the sum of all the other parties -, 2000 and 2011).
The other 10 elections forced the government contenders to come to terms with other parties. Most of the time these were nationalist parties or, also known as non-state parties.
The Spanish system thus gave rise to a logic whereby nationalist and regionalist parties pivoted from one side of the ideological axis to the other and were the mainstay of governments of different political persuasions.
Nor has the emergence of new state parties, Ciudadanos, Podemos and Vox, which have become very strong, managed to eliminate their decisive influence.
After a decade of absolute majorities, Felipe González's PSOE paid the price in 1993 for scandals such as the GAL scandals, the economic crisis and the price of years in power.
It fell from 175 to 159 seats and needed external support for the first time to win an investiture. Although an agreement with Izquierda Unida would have added up, the Socialists ruled out this possibility and looked to the former Convergència i Unió and the PNV.
With the Catalan party, the PSOE agreed to cede 15 per cent of personal income tax collection, access to European cohesion funds and a greater degree of self-government. González even opened the door to a coalition with CiU, but Pujol's party refused to join the executive.
The PNV did the same, voting in favour at the investiture on the promise to develop the Statute of Gernika; but it refused to take on the Industry portfolio because there was no closed programmatic agreement.
Nor did the fact that PSOE and CiU were enough on their own to conclude the investiture work in their favour. The legislature ended prematurely, when the Catalans decided not to support the 1996 budget and precipitated the call for elections.
Aznar, Pujol, the Majestic Pact, the Catalan in private and 400,000 million euros
From election night, when in front of the PP headquarters the militants chanted "Pujol, dwarf, speak Spanish", to the achievement of a majority that Aznar called "sufficient" was mediated by a negotiation that led the then leader of the renewed right wing to explain that he spoke Catalan in his intimate circles. Aznar's taste for the Catalan language also extended to the level of competition.
PP and CiU chose the Hotel Majestic in Barcelona, which would end up giving its name to the agreement, to hold the key dinner. That long night they closed a governability pact that committed CiU for the whole legislature, but granted it several victories. Pujol's party put the amount that Catalonia would receive between 1996 and 2000 at 400,000 million pesetas (more than 2,400 million euros).
The accounts included the cession of 33% of income tax, 35% of VAT, 40% of special taxes and the cession of new competences.
The Generalitat thus took over the management of traffic matters, unemployment policies, the ports and the head of Aleix Vidal-Quadras. Pujol demanded to get him out of the way and Vidal-Quadras, then leader of the PP in Catalonia and one of the biggest detractors of the language immersion model promoted by Pujol, was sacrificed by his party.
The PNV would also support Aznar's investiture, despite the fact that its votes were not essential to unblock it, and despite the fact that relations between the two parties had been very tense in the previous legislature.
The PP sought a broader agreement that would strengthen its majority and sat Mayor Oreja down to negotiate with Iñaki Anasagasti and Xabier Arzalluz. The deal granted a new methodology for the Basque Economic Agreement that increased Euskadi's fiscal capacity, the collection of taxes on alcohol, tobacco and petrol and the return of the patrimony seized from the PNV during the Civil War.
Along with the money, the promise to develop the Basque Statute and the commitment to finance the Basque Interprofessional Agreement for Lifelong Learning.
As González did, Aznar also opened the door to introducing ministers from nationalist parties into his cabinet. It never happened. Pujol rejected the offer in the following legislature. "Imagine a CiU minister in the Government: I could not say the Government of the nation because Spain is plurinational and our nation is Catalonia, and I say this with all respect and with all constitutional and non-constitutional loyalty", he declared at the time. "We have a certain idea of Spain and of Catalonia's role in Spain", the idea that years later changed radically and which the PP did not veto at the time.
The last agreements: from Zapatero to Rajoy
González and Aznar opened the way, although as early as 1979 Adolfo Suárez received the 'yes' of the Partido Andalucista, Partido Aragonés and Unión de Pueblo Navarro. Zapatero and Rajoy followed suit, but the path gradually changed.
Zapatero won the investiture in 2004 only with the opposition of the PP. The atmosphere in the chamber and in society after Aznar's second term in office, which included the Prestige disaster, the 'No to war' and the contested management of 11-M, favoured support for the Socialists.
The most significant agreement was the ERC's 'yes', while the CiU abstained. Zapatero had promised to approve a new statute for Catalonia, one that would respect the text that came out of Parliament. Then came the collection of signatures by the PP, the appeal to the Constitutional Court and a climate of growing confrontation and polarisation.
In his second legislature, Rajoy only obtained the support of Ciudadanos and Coalición Canaria, and achieved his investiture through the abstention of the PSOE; but he reestablished relations with the PNV and at times came to an understanding with the Catalan pro-independence supporters.
Convergència, PNV and ERC abstained in 2016 to allow Ana Pastor to preside over Congress. The Basque nationalists later supported the PP's budgets, but in a demonstration of the model by which government relations have been governed, it changed its position until it contributed to Rajoy's fall in the motion of censure that followed the Gürtel ruling.
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Three decades of pacts with the nationalists: concessions and agreements of a compromised model today.
The PP and PSOE have been negotiating and making concessions to reach agreements with nationalist groups since the early 1990s.
Despite the multitude of pacts, they never reached a coalition government, and instead a system was consolidated that today sees the spaces for understanding shrinking. ERC is now the key to the system that marked political relations for three decades.
Agreements with nationalist parties for investitures or to support the Spanish government began in 1993, when Felipe González made a pact with CiU and PNV to stay in La Moncloa.
In 1996 Aznar closed the Majestic pact with Pujol and later Zapatero relied on ERC and PNV. Now Rajoy has managed to save the amendments to the Budget with the same strategy.
The year 1993. Felipe González won his fourth elections although his 159 seats prevented him from governing. It was Aznar's 'sweet defeat'.
The Socialist, for the first time, negotiated with CiU and PNV and won the investiture thanks to the support of both parties.
It was the beginning of a long love-hate relationship between national parties that should be thinking of the common good of all Spaniards but which, in turn, are forced to support each other and give in to nationalist parties in order to come to power or stay in power. Felipe, Aznar, Zapatero and Rajoy have just done so, with a pact with the PNV in exchange for saving the 2017 Budget.
That year, after the Barcelona Olympics and the Seville Expo, a long list of considerations by the central government to Catalan and Basque parties in exchange for their support in Congress was inaugurated. Almost five decades ago, with socialism already in decline, González was forced to give in (he even offered Jordi Pujol's party to enter the government) and CiU managed to secure for Catalonia the so-called fiscal co-responsibility (around 15 percent of personal income tax) and the full development of the statutes of autonomy with the consequent transfers. The PNV also voted in favour of the investiture.
The same happened with José María Aznar and his 'bitter victory' in 1996, when the 156 PP deputies forced them to seek a pact with CiU, the Majestic.
In that agreement, the PP incorporated the PNV (although they did not need it) because of Jaime Mayor Oreja's interest at the time in fighting ETA terrorism from a national perspective with the support of the Basque nationalists.
The list of Aznar's concessions in that agreement with Pujol closed in the Paseo de Gracia hotel is long: transferring traffic powers to the Mossos d'Esquadra, transfers in justice, education, agriculture, culture, pharmacies, health, employment, ports, the environment, insurance mediation, language policy and housing.
The PP government also eliminated the figure of the civil governor, who was replaced by the sub-delegate of the government, with fewer powers than the previous one, and important investments were launched in Catalonia, such as the enlargement of the port and airport of Barcelona. It should not be forgotten that the PP also removed Aleix Vidal-Quadras from the presidency of the regional party to avoid friction with the Generalitat.
In the case of the PNV, which had only five deputies in 1996, the Basque nationalists asked Aznar for a privileged fiscal agreement for the Basque Country. The PP leader then encountered opposition from the CCOO and UGT, who told him that if he broke the single tax box they would stage a general strike. The presidential candidate refused and so the Jeltzales switched from the legislature pact to the investiture vote. The PP-PNV negotiation worked smoothly until the Lizarra pact put an end to the agreement.
In 2004, Zapatero arrived at La Moncloa invested thanks to the votes of ERC, IU, CC, BNG and CHA. It was the Catalan pro-independence supporters who took advantage of this agreement in negotiations that Alfredo Pérez Rubalcaba and Diego López Garrido, among others, worked on.
The Socialist president pledged to approve a new Statute and to respect the text that came out of the Catalan Cortes, a text that the TC later overturned. Many believe that this ruling was a factory of pro-independence supporters.
Already in the second legislature of the León government, the PNV was able to enter the scene and, with just six deputies in Madrid, win an important package for the Basque Country. Zapatero was joining his survival, besieged by the markets and the onset of the crisis, and the Basque nationalists supported his government by extracting in exchange an agreement that included investment in active employment policies. Patxi López was the lehendakari at the time and the PNV, with Urkullu at the helm, knew how to exchange cards intelligently.
After a legislature with an absolute majority, it is now that Rajoy's government has been forced to turn to the Basque nationalists.
The PNV has been able to take advantage of the situation, with an immense PSOE in a primary process that prevented it from reaching an agreement, and to take an agreement for the Basque Country that the Basque government has described as "excellent and satisfactory".
Sabin Etxea assures that they have always known how to adapt to the situation and to struggle with Madrid in a beneficial way at a time when the former CiU is in tatters: "If the PDeCAT had 10 deputies, we would not have been able to do anything", they admit.
In short, there have been three decades of agreements with nationalist formations while awaiting major pacts between the PP and PSOE, agreements that have only been one-offs, as in the case of terrorism or the recent pact to approve the spending ceiling.
Nothing has changed in this time, as even the entry of Ciudadanos into Congress has not been enough for the national parties to get rid of this burden.
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