YouTube - Trópico distópico | ep.15 - 12/05/21
Carlos Sosa plasmará en un documental su heroica experiencia viviendo una semana en Arona
Sosa llevó un diario durante su estancia en el turístico municipio sureño, en el que tanto él como su equipo intentaron pasar desapercibidos y confundirse con los pocos turistas que, desafortunadamente, pueblan los destinos más populares de las Islas en estos tiempos. De hecho, todos se alojaron en un hotel con pensión completa y, para no despertar sospechas, pasaban las mañanas en la piscina. Algún día incluso llegaron a contratar una excursión al Teide, con cata de queso y vino, para reforzar su coartada.
El periodista asegura que «al tercer día de grabación ya sentía unos fuertes deseos de prevaricar, y ahí fue cuando supe que Arona me estaba atrapando y que tenía que mantenerme fuerte».
Sosa incluso llegó a desplazarse un día al Ayuntamiento para pedir algunas licencias de obra, guiñando el ojo al funcionario de la Oficina Técnica, y comprobar así el modus operandi del urbanismo en el municipio.
./. Comienza así el video
A mediados de la pasada década un estudio revelaba una
dualidad sorprendente en uno de los principales municipios turísticos
de Tenerife y es que a pesar de que aumentaron los visitantes y con
ellos los ingresos económicos los más de 80.000 habitantes de Arona se
encontraban entre los más pobres de España.
Una dualidad que hace pensar que algo se está haciendo mal.
Cuando
hubo el boom urbanístico hubo casi 700 ayuntamientos en España con
situaciones escándalos y problemas de corrupción o corruptelas.
Ustedes de transparencia internacional han hecho estudios concretos de las islas canarias. ¿Cómo andamos?
En
general tiene una situación en la que podríamos decir que la corrupción
es un poco más elevada que en el resto de la península.
¿Es la transparencia la mejor medicina para combatir la corrupción o simplemente un remedio casero?
No
la transparencia cuando se toma en serio es una buena medida porque
cuanto más te observo mejor te comportas, pero creo tiene que haber unas
consecuencias es decir si yo observo que no te pasa nada lo que genera
eso es más indignación y puede que entonces otros roben ...
./.
La corrupción en Canarias es un auténtico drama y ha sido permitida por el Gobierno Central durante años. El partido Corrupción Canaria (CC), que es literalmente un batiburrillo de caciques de cualquier ideología, llevaba décadas "gobernando", dejando pufos por todas partes, acumulando poder e instituciones y destruyendo el patrimonio cultural y natural de las islas. En CC ya saben la técnica, apoyan a quien sea que esté en el Gobierno central, con lo cual todos callan.
https://www.casos-aislados.com/Caso-por-comunidad.php?Comunidad=Canarias
./.
ACTUALES GOBIERNOS DE ARONA Y ADEJE
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ENLACES ANTERIORES
viernes, 7 de agosto de 2020
Costa Adeje - Irregularidades urbanísticas y madrigueras para ricos
El pueblo se encuentra situado en una bahía natural de casi 2 km, con una ensenada y puerto de aguas tranquilas y a espaldas de la montaña de Guaza que le confiere un microclima privilegiado.
El acceso por carretera al sur de la isla en aquellos tiempos era extremadamente dificultoso.
La carretera unía la capital Santa Cruz con los pueblos del sur conectando sucesivamente Candelaria, Güimar, Fasnia, Arico y Granadilla para llegar finalmente a Los Cristianos desde la parte alta de Arona.
Video Tenerife Obras de la autopista del Sur (1969)
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| Monkey Beach Club, en Adeje |
En el procedimiento figuran como imputados el alcalde de Adeje, un exviceconsejero del Gobierno de Canarias, la exjefa de Costas y una directora insular del Cabildo de Tenerife; junto a otros políticos y técnicos / La magistrada vuelve a pedir una prueba pericial que será clave para dilucidar si existió un delito contra la ordenación del territorio en las obras desarrolladas
La jueza del conocido como caso Monkey, por el que se investiga a 13 personas vinculadas con las obras de ampliación de un local de ocio situado en primera línea de la playa de Troya, en Adeje (Tenerife), ha dictado un auto por el que prorroga 12 meses más la instrucción de la causa penal.
La resolución de la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, se produce a raíz de una petición formulada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El auto acuerda conceder una prórroga de 12 meses del plazo de instrucción "en atención a la complejidad" del procedimiento.
En el caso Monkey se investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio, en su vertiente de prevaricación urbanística, por el que se encuentran imputados el actual alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; el resto de concejales de la Junta de Gobierno Local que concedió la licencia de las obras, donde figura la actual directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Ermitas Moreira; el exviceconsejero regional de Política Territorial Jesús Romero; la exjefa de la Demarcación Provincial de Costas, Teresa Sánchez; así como técnicos de las administraciones implicadas en la concesión de los permisos que permitieron la ampliación de las instalaciones.
El auto de la jueza Sofía Elena Valdivia fue dictado el pasado 8 de febrero, solo unos días después de haber emitido una providencia donde la magistrada vuelve a pedir una prueba pericial que ya fue encargada en los primeros meses de la instrucción y que no se ha llevado a cabo ante las dificultades que ha tenido el perito para acceder a documentación relacionada con la ampliación del Monkey Beach.
La magistrada ordena que se proceda a "entregar la documentación solicitada a fin de que se presente la pericia acordada". En la misma providencia, la jueza requiere al técnico para que recoja en su informe "si ha existido aumento de la volumetría en las obras de ampliación" y exponga "las resoluciones dictadas a lo largo del tiempo" en relación con los trabajos acometidos en el local de ocio, propiedad de la familia Cabrera.
La providencia judicial también requiere al perito para que manifieste cuáles de las resoluciones dictadas "van en contra de la legislación", además de "qué órgano o autoridad ha vulnerado con la emisión de un informe o autorización la normativa aplicable". La providencia ha sido recurrida por la defensa de Jesús Romero, que considera que la jueza "excede los límites de la prueba pericial" al solicitar un pronunciamiento jurídico en lugar de una aclaración de los hechos.
El establecimiento del Monkey Beach Club, cuya construcción original data de 1977, ocupa la servidumbre de protección y de tránsito del dominio público marítimo-terrestre, donde la Ley de Costas de 1988 impide las obras que supongan un aumento del volumen de las edificaciones levantadas antes de la entrada en vigor de la norma estatal. Pese a las restricciones urbanísticas que afectan al local de ocio, la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario y el Ayuntamiento de Adeje concedieron los permisos necesarios para autorizar el primer proyecto de ampliación y un modificado presentado durante el desarrollo de los trabajos.
Incumplimientos
Son varios los incumplimientos detectados durante la instrucción de la causa penal, que se abrió a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La Ley de Costas establece que "se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes" en la zona de influencia del dominio público marítimo-terrestre, lo que incluye la servidumbre de protección, sobre la que se ubica la nueva instalación del Monkey Beach Club.
La Ley de Costas también incorpora una disposición transitoria, la cuarta, que es clave para entender las sospechas que pesan sobre la ampliación del local de ocio al regular las limitaciones que afectan a las construcciones anteriores a la entrada en vigor de la normativa estatal. En referencia a las edificaciones en zona de servidumbre de protección, establece que "podrán realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie". La reforma del Monkey Beach Club ha permitido al establecimiento incrementar sus dimensiones en 440 metros cuadrados y crecer en dos plantas.
La principal duda que tendrá que resolver el perito es si la ampliación llevada a cabo por el establecimiento se produjo sobre la misma unidad edificatoria, uno de los aspectos técnicos que más controversia genera y que vendría a demostrar que la reforma realizada se llevó a cabo sobre la antigua construcción, lo que complicaría su compatibilidad con la Ley de Costas.
Los incumplimientos de la normativa urbanística llevaron al Ayuntamiento a precintar el local, acostumbrado a organizar fiestas en primera línea de playa, y ahora solo cuenta con permiso para desarrollar actividad de restauración.
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Primera multa a la promotora de El Camisón: 190.000 euros por realizar obras sin licencia
El procedimiento administrativo concluye que Melisofi Consulting SL cometió una infracción muy grave al llevar a cabo trabajos sin autorización en la parcela y en la zona de dominio público marítimo-terrestre
La Fiscalía denuncia la construcción del centro comercial de El Camisón por un presunto delito urbanístico
Han tenido que pasar casi cuatro años desde el primer precinto del centro comercial de El Camisón, en el municipio tinerfeño de Arona, para que el Ayuntamiento imponga una sanción a la empresa que promueve un edificio que vulnera el planeamiento municipal y la Ley de Costas. Según la documentación a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, el pasado 9 de abril se resolvió el único expediente sancionador abierto hasta el momento contra la sociedad Melisofi Consulting SL: multa de 190.000 euros por una infracción urbanística "muy grave".
El expediente administrativo, tras rechazar las alegaciones presentadas por Melisofi Consulting SL, concluye que la promotora realizó trabajos de urbanización sin licencia en la parcela y en el dominio público marítimo terrestre. Un incumplimiento considerado “muy grave”, lo que conlleva sanciones que van desde los 150.000 a los 600.000 euros. El Ayuntamiento ha decidido marcar el listón de la primera multa en 190.000 euros, pero la batalla en los despachos entre la promotora del empresario Diego Cano y el Consistorio acaba de empezar y todavía tiene por delante un largo recorrido en los tribunales.
La sanción a la promotora del bautizado como Arts Life & Shopping fue firmada por el actual alcalde, José Julián Mena, el pasado 9 de abril, solo diez días después de que la Fiscalía presentara en los juzgados una denuncia penal tras apreciar indicios de la comisión de un presunto delito urbanístico en la construcción del edificio.
Fue precisamente el Ministerio Público el que activó al Ayuntamiento de Arona en agosto de 2020, cuando comenzó a solicitar toda la documentación referente al centro comercial tras abrir de oficio una investigación a raíz de las informaciones periodísticas publicadas por Canarias Ahora y Mírame Televisión. Hasta ese momento, pese a que ya se habían detectado diversas irregularidades y las obras estaban paralizadas desde el verano de 2017, solo se habían tramitado expedientes para restaurar el orden jurídico perturbado que nunca se ejecutaron.
Rota la tregua, que ha permitido a la promotora ignorar la orden que le obligaba a derribar las partes del edificio consideradas ilegalizables, un nuevo precinto de las obras de urbanización que se desarrollaban en la parcela y el inicio de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento han reactivado las hostilidades.
El primer punto de la batalla se lo ha anotado en los tribunales el Consistorio de Arona, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechazara las medidas cautelares pedidas por la empresa que construye el Artslife & Shopping, que había solicitado paralizar el expediente sancionador y continuar con los trabajos en la parcela mientras se resuelve el fondo de un pleito urbanístico que se presume complejo.
La promotora alega que las obras que provocaron el último precinto estaban encaminadas a restaurar el orden jurídico perturbado por incumplir la licencia de 2014, un extremo que la empresa ya reconoce de forma abierta en el recurso presentado, lo que contrasta con la posición de los informes técnicos municipales, que apuntan a nuevos trabajos sin autorización.
La pregunta que aún deja abierta el Ayuntamiento es cómo va a proceder para restaurar el orden perturbado, es decir, para que se ejecuten las órdenes que obligan a la empresa promotora a derribar la parte del edificio que no respeta la licencia de 2014 y que no puede ser legalizable.
Agravantes
En la resolución sancionadora, que impone una multa de 190.000 euros a Melisofi Consulting SL, el Ayuntamiento concluye que, a raíz de una inspección realizada en noviembre de 2020, se detectó que la empresa promotora del centro comercial de El Camisón llevaba a cabo obras de urbanización que, además de no contar con licencia, rebasaban el límite de la parcela e invadían la zona de dominio público marítimo terrestre, sin tenera para ello la autorización de la Demarcación Provincial de Costas.
El Consistorio de Arona considera que en el procedimiento se ha probado la existencia de elementos agravantes por parte de la promotora, como "la resistencia a las órdenes emanadas de la administración relativas a la protección de la legalidad o su cumplimiento defectuoso".
La resolución también considera como conducta agravante "el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, habida cuenta de que (...) el interesado, de manera voluntaria, decidió ejecutar una actuación distinta a la autorizada, sabiendo que no tenía título para ello".
Otro aspecto que no pasa por alto el expediente sancionador, y que también se considera un elemento agravante, es "el grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual".
Por último, también se han tenido en cuenta "la intensidad de los perjuicios físicos a los intereses públicos derivados de la actuación, al haber realizado actuaciones constructivas en dominio público en perjuicio del interés general y público". Como único atenuante se valora "la paralización de las obras tras la inspección y la pertinente advertencia del agente de la autoridad".
Una compleja situación que se visibilizará ahora en una causa penal que se abre sin que se hayan resuelto los conflictos urbanísticos en la vía contenciosa. Mientras, el Artslife & Shopping luce como un esqueleto de cemento entre dos de las principales playas de uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias.
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La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado hoy la pena de 17 años de inhabilitación impuesta al ex alcalde y a seis exconcejales de Arona por un delito continuado de prevaricación urbanística y otro delito de prevaricación en el denominado caso Arona, mientras que ha reducido las penas de prisión impuestas en la misma causa por delito de cohecho a otros cinco acusados, al estimar la alegación de sus defensas de que se había aplicado una reforma del Código Penal que no estaba aún en vigor en el momento de los hechos.
No obstante, les mantiene a los cinco la cuantía de las multas que tendrán que abonar, de entre 40.000 y 700.000 euros. Por otro lado, se absuelve a un sexto acusado de cohecho, el arquitecto externo Zenón Rodríguez Neris, por prescripción del delito.
El Supremo ha estudiado los recursos planteados por 10 de los 12 condenados por la Audiencia de Tenerife en el caso Arona. Dos de los condenados, el exalcalde José Alberto González Reverón y el exconcejal Alfonso Barroso Armas, ambos con condena de 17 años de inhabilitación por dos modalidades de prevaricación, no recurrieron al Supremo.
El alto tribunal desestima los recursos planteados por otros cuatro exconcejales, Manuel Barrios Rodríguez, Daniel Martín Navarro, José Luis González Rodríguez y Juan José Alayón Beltrán, condenados todos ellos a la misma pena de inhabilitación que los dos anteriores, por los mismos delitos. Del mismo modo, rechaza el recurso del exconcejal de Urbanismo Félix Sierra Melo, en lo que se refiere a los delitos de prevaricación por los que fue condenado.
Por el contrario, el Supremo estima parcialmente los recursos de cinco acusados en lo referido al delito continuado de cohecho, en lo que respecta sólo a la fijación de la pena, ya que el alto tribunal ratifica que cometieron los hechos. Sin embargo, entiende que ha habido una incorrecta cuantificación de la pena, que fue más elevada de la que correspondía a dicho tipo penal cuando ocurrieron los hechos, con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas que apreció la Audiencia tinerfeña. No obstante, mantiene las penas de inhabilitación aparejadas al cohecho así como las correspondientes multas.
Así, la condena por cohecho al exaparejador municipal Roberto Luis de Jiménez pasa de 5 años de prisión a 3 años y 6 meses, manteniéndose 10 años de inhabilitación y 700.000 euros de multa. El exconcejal de Urbanismo Félix Sierra y el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa González ven reducida su condena por cohecho de 4 años a 2 años y 8 meses de cárcel, con 8 años de inhabilitación y multa de 500.000 euros para cada uno.
Para el empresario Arsenio Zamora Toledo, la pena pasa de 2 años a 1 año y 6 meses de cárcel, con 4 años y medio de inhabilitación y 250.000 euros de multa, y para el arquitecto Antonio Luis González Tolosa, de 2 años de cárcel a 1 año más 40.000 euros de multa.
Por último, se anula por prescripción del delito la condena de 2 años de prisión por cohecho impuesta al arquitecto Zenón Rodríguez Nerís.
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El Ayuntamiento de Arona concedió 131 licencias ilegales en cinco años
El Caso Arona II es un manual de la política urbanística que practicó el Ayuntamiento de Arona en la época dorada de su exalcalde José Alberto González Reverón, condenado por un delito de prevaricación continuada. Según consta en un auto judicial al que ha tenido acceso mirametv.com, el Consistorio tinerfeño concedió, entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, hasta 131 licencias urbanísticas “sin respetar los trámites establecidos legalmente, adoptando decisiones contrarias a las que en Derecho procederían”.
Esta es una de las dos piezas que componen la causa, en la que hay 22 imputados por delitos de prevaricación, que el juez Marcos Díaz Peteiro separó el pasado lunes en dos procedimientos que llevarán los juzgados de Instrucción 2 y 4.La investigación judicial partió de las denuncias presentadas en 2008 por la Asociación Europea de Participación Ciudadana Tenerife Sur y el abogado Felipe Campos, a la que se unió una posterior de 2011 del edil de Ciudadanos por Arona, José Antonio Reverón.
En una primera ronda de declaraciones, que tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2010, ocho exconcejales del Gobierno local desfilaron por sede judicial; entre ellos, el exalcalde José Alberto González Reverón, Manuel Barrios, Félix Sierra o Juan José Alayón. Todos están acusados por delitos de corrupción en el Caso Arona I, cuyo juicio está previsto en la primera mitad de 2015.
En el auto judicial, emitido el pasado 24 de noviembre, el juez cita a declarar en calidad de imputados por dos presuntos delitos de prevaricación a otras 14 personas; algunas de ellas todavía con responsabilidades públicas en el Ayuntamiento, como Miguel Ángel Méndez, designado candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones municipales del próximo año, o el primer teniente de alcalde actual, Antonio Sosa.
El juez ve indicios delictivos en la decisión de los imputados de aprobar con su voto, en decenas de juntas de Gobierno, la concesión de 131 licencias en contra de la normativa vigente. Algo similar a lo que ocurrió en la sesión plenaria de noviembre de 2008, en la que se dio luz verde al Plan General de Ordenación (PGO) con informes municipales en contra, lo que dio pie a la primera pieza del Caso Arona II.
Licencias a destajo
Entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, el Ayuntamiento de Arona se convirtió en una oficina express para la concesión de licencias urbanísticas. Aunque el juez aclara en el auto que el caso se encuentra en una fase de atribución “indiciaria y provisional”, afirma varias veces que los permisos se autorizaron “contraviniendo las normas establecidas”.
En unas ocasiones, las licencias se concedían con el informe desfavorable del Servicio de Urbanismo; en otras, ni siquiera se daba tiempo a que se realizase el dictamen preceptivo. Algunos de los permisos recibían el visto bueno sin que se hubiera completado el informe de los técnicos municipales, con graves deficiencias como no contar con todos aspectos exigidos legalmente o, incluso, sin que existiera la necesaria propuesta de acuerdo que debía elevar el concejal del área. El tipo de licencias variaba desde obras mayores y menores hasta de primera ocupación, aunque las primeras eran las más habituales, según consta en el escrito judicial.
En poco más de un año, sólo en el período entre diciembre de 2006 y enero de 2008, los meses anteriores y posteriores a las elecciones de 2007 en las que CC obtuvo mayoría absoluta, el Consistorio tinerfeño otorgó 54 licencias “sin respetar los trámites establecidos legal o reglamentariamente, adoptando decisiones contrarias a las que en Derecho procederían”, como se afirma en el auto judicial. El grifo se cerró desde entonces hasta julio, cuando se volvió a abrir para conceder otros 65 permisos de obras o primera ocupación irregulares entre ese mes y septiembre de 2009. Las 12 licencias restantes que se investigan se otorgaron entre los meses de mayo de 2010 y 2011.
Un PGO modificado
La pieza abierta por la concesión de licencias urbanísticas se separa ahora de la primera causa, por la que se investiga la aprobación del PGO en noviembre de 2008 en contra de informes municipales. El Pleno del Ayuntamiento de Arona dio luz verde de forma parcial al planeamiento del municipio en diciembre de 2006; un documento que recibió el visto bueno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en febrero de 2007, con la excepción de una serie de subsanaciones que se requerían al Consistorio.
A partir de entonces se sucedieron una serie de comunicaciones entre las partes, hasta que el 2 de octubre de 2008, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Arona emitieron un nuevo informe en el que se alegaba que se habían realizado “modificaciones que no parecen obedecer a la subsanación de deficiencias del acuerdo de aprobación definitiva adoptado por la Cotmac”, lo que explicó mejor la jefa de los Servicios Jurídicos Municipales, que aseguró que “las subsanaciones se han excedido de lo permitido, constituyendo una verdadera modificación”.
A pesar de los últimos informes negativos, el actual concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa, por aquel entonces responsable del área de Urbanismo, elaboró una propuesta que elevó a la Comisión Informativa de su departamento, y esta posteriormente al Pleno, y que fue aprobada en la sesión del 28 de noviembre de 2008. El 5 de mayo de 2009, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias emitió un nuevo informe en el que se ponía de manifiesto que aún persistían en el documento “determinados aspectos que no se han subsanado”, además de “cuestiones planteadas ex novo con posterioridad”. El 20 de octubre de 2009, la Viceconsejería regional consideró corregidas las observaciones realizadas.
La turbulenta tramitación del PGO dio paso a una cascada de denuncias judiciales, encabezadas por el letrado Felipe Campos, que culminaron, en la parte contenciosa-administrativa, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado mes de junio, que tumbó el planeamiento de Arona para sorpresa del actual equipo de Gobierno. En la causa penal, el polémico documento ha dado lugar a los casos Arona I y II, con 17 acusados por delitos de corrupción y 22 imputados, respectivamente.
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Pegan una brutal paliza a un testigo del caso Arona en un asalto a su vivienda
23/02/2016
El empresario José Tavío Fumero, testigo del caso Arona 1, se encuentra en la UVI de un centro hospitalario a causa de la paliza que recibió por parte de unos individuos que asaltaron su vivienda. Tavío es uno de los testigos del juicio en el que están desgranando una red de favores pagados y recibidos, en forma de comisiones ilegales para obtener licencias municipales.Además es uno de los denunciantes del caso Relinche, que investiga al excalcalde, José Alberto González Reverón, por permitir a un familiar construir un chalet en suelo rústico.
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Arona | El edil destituido por el alcalde rompe su silencio
"No hubo amenazas explícitas pero sí 'recados' de terceros. No sabía hasta dónde podían llegar", afirma el exconcejal de Urbanismo de Arona
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| Luis García, concejal de Urbanismo de Arona destituido por el alcalde el mes de junio del 2020 |
Lleva usted más de medio año sin hablar. ¿Por qué?
Me he mantenido al margen de cualquier disputa en los medios porque siempre entendí que esta situación debíamos solucionarla dentro del gobierno municipal. Por eso acudí a mi partido desde el principio.
¿Por qué habla ahora?
Por respecto a mi familia, por su sufrimiento en todo este tiempo, porque quiero a Arona y por respeto a los vecinos. El proceso interno está en su fase final. [El próximo día 6 de noviembre concluye al plazo que le dio el PSOE tanto a Luis García como al alcalde, José Julián Mena, y al expresidente de la agrupación socialista Agustín Marichal para que presenten sus alegaciones a los expedientes de expulsión].
Además, estoy muy preocupado por la deriva de mi municipio y del Ayuntamiento, no solo a nivel urbanístico, sino a todos los niveles. Recibo continuas llamadas de vecinos y trabajadores municipales preocupados por esta deriva.
¿Cómo lo ha pasado desde que el 22 de junio el alcalde, José Julián Mena, lo destituyó como concejal de Urbanismo?
Muy mal. No es agradable que después de trabajar de forma honesta por Arona se hayan dicho ciertas cosas sobre mi labor sin haberse contrastado. Como sé qué he hecho, estoy tranquilo. La desilusión con algunas personas es enorme y dudo que el daño hecho a mi familia pueda repararse algún día.
¿Algunos de esos ataques han salido de su propio partido?
Sí, de compañeros y personas con las que antes de marzo tenía una relación cordial, reconocían tu trabajo e implicación, pero que tras el 9 de marzo todo cambió.
¿Ha recibido amenazas? ¿Ha temido por su integridad física?
Temí por mi seguridad y la de mi familia durante las primeras semanas tras desatarse la crisis en el Ayuntamiento. No hubo amenazas explícitas pero sí recados. No sabía hasta dónde podían llegar.
¿De dónde vinieron?
Los recados no se mandan en primera persona; se mandan a través de terceros y como consejos.
¿Tuvo protección?
En ningún momento. No la pedí.
¿Cree que el alcalde de Arona es corrupto?
No lo sé. Yo nunca diré ni afirmaré que una persona es corrupta porque no me corresponde a mi determinarlo. Lo que sí manifesté, y lo hice primero al propio alcalde y al resto de compañeros del gobierno municipal de Arona, fueron una serie de hechos en relación con unas grabaciones que me llegaron. Desde que tuve los documentos y las grabaciones, las trasladé a todo el grupo de gobierno socialista.
Antes de ir a la Fiscalía, entonces, usted comunica esos hechos a sus compañeros y al alcalde.
Fue el lunes 9 de marzo en la Casa de la Bodega de Arona. Duró tres horas y de los 14 concejales del grupo de gobierno socialista de Arona solo faltaron dos, que estaban fuera de la Isla, aunque estaban también informados. Manifesté que estaba preocupado porque alrededor del área de Urbanismo se estaban dando prácticas que no me gustaban nada.
Una de nuestras grandes promesas electorales cuando nos presentamos a las elecciones fue limpiar la gestión urbanística y darle dinamismo y transparencia, en contra de lo que había ocurrido años atrás. Arona se había hecho tristemente popular por esos episodios oscuros de sobra conocidos [juicio del caso Arona con condenas de inhabilitación y cárcel para al exalcalde de CC José Alberto González Reverón, seis exconcejales y personal municipal] pero queríamos pasar página y dar seguridad a los vecinos e inversores. Durante los cinco años anteriores no tuvimos problemas, más allá de las dificultades estructurales propias de un ayuntamiento por falta de medios humanos, deficiencia que nunca fue solventada pese a mis reiteradas peticiones. Pero entonces llegaron las coacciones y las presiones a ciertos técnicos. Y yo entendí que esas prácticas había que cortarlas de raíz. Por eso lo expuse en aquella reunión, incluido un fragmento de dos minutos de un audio que las demostraba.
¿Qué dijo el alcalde?
El alcalde y varios concejales me dieron la espalda. Fue toda una sorpresa. Su respuesta fue que yo era el responsable de todos los males del urbanismo de Arona. Hasta ese momento solo había recibido parabienes. Pero de repente todo cambió. Cuando esas injerencias no dieron sus frutos, había que buscar a un culpable. Y ese culpable era yo.
¿Esos son los hechos que luego, el 1 de julio, lleva a la Fiscalía?
Parte de ellos. Llevé grabaciones y documentos que demuestran lo que dije en esa reunión, que el área de Urbanismo de Arona, al frente del cual me encontraba, estaba sufriendo injerencias y coacciones para alterar su normal gestión y su independencia. Y, además, que tanto yo como mi equipo estábamos haciendo todo lo posible para ponerles fin. Facilité además los nombres de personas que estaban dispuestas a corroborarlo. Me consta que la Fiscalía las ha llamado.
¿Qué tipo de injerencias?
Intentaban influir en la tramitación de determinados expedientes con presiones a técnicos municipales. Eran continuas las presiones, amenazas veladas de denuncias en los juzgados y coacciones.
¿Esas personas actuaban en connivencia con el alcalde?
No lo creo. Solo sé que el alcalde desatendió todas las peticiones, no solo las mías, sino las de funcionarios municipales.
¿Qué desató estas prácticas?
No se habían producido antes de 2019, que yo sepa. No sé lo que pasó. Solo sé que a partir de aquella reunión todo cambió. Pero no sé qué tecla se tocó. Me quedé estupefacto cuando vi la respuesta del alcalde. Al día siguiente hablé con Agustín Marichal, entonces presidente del partido en Arona, y los dos coincidimos en que había que buscar una solución. Pero ese mismo día, el alcalde me llamó y me pidió, delante de Marichal, que entregara el acta sin darme una razón. Pedí 72 horas. Transcurrido ese tiempo, el viernes 13, les comuniqué que me negaba.
Ahí entiendo que ya preveía que lo iban a destituir.
Lo sospeché cuando me pidió el acta. Desde el momento en que me niego a entregarla se me hizo un vacío brutal. Así hasta el 22 de junio, cuando el alcalde firma mi cese como concejal.
Entonces decide ir a Fiscalía.
Lo había decidido antes de la destitución. Estuve tres semanas esperando a que se abordaran los problemas que expuse. Pero no ocurrió y entonces decidí acudir a la Fiscalía. Era mi obligación. El 28 de marzo me comunico por primera vez con la Fiscalía a través de un correo electrónico. Me contestaron días después, pero el tema quedó ahí por la pandemia hasta que me citan el 1 de julio en los juzgados de Arona. Allí expongo las coacciones que sufren funcionarios de Urbanismo para cambiar su voluntad con respecto a determinados expedientes y favorecer a determinados intereses. Pasaba desde hacía meses y de forma sistemática.
¿Por qué cree que el alcalde no atendió sus demandas?
No lo sé.
El jefe del Servicio de Disciplina Urbanística de Arona, el arquitecto Damián Hernández, señaló en un informe de diciembre de 2019 que estas extorsiones, que también aseguraron sufrir empresarios del Sur, estaban protagonizadas por el abogado Felipe Campos. Llegó a pedir protección al alcalde. ¿Qué responde José Julián Mena?
No atendió el amparo solicitado.
En 2019 entra en la escena del urbanismo de Arona el abogado Felipe Campos.
Él y otras personas. Una de las prácticas habituales es presentar multitud de escritos a la administración contra determinados expedientes para que no puedan ser desarrollarlos, alargando así el trámite y su resolución final.
¿A quién representaba Felipe Campos? Agustín Marichal aseguró en una entrevista a EL DÍA que representaba al empresario y constructor Santiago Puig.
No lo sé. Presentaba los escritos a título personal. Entiendo que representa a empresarios del Sur pero no sé exactamente a cuáles.
¿Le consta que manejaba información privilegiada?
A ciertas reuniones acudió con mucha información. ¿Quién se la pudo facilitar? Lo único que le puedo asegurar es que yo no. Acudí a dos reuniones en las que estaba este abogado y el alcalde. Él defendía una postura opuesta a la de los técnicos municipales, en concreto en referencia al Arts. Y yo defendía a los técnicos municipales.
Hablando del Arts, se le ha asociado con el promotor de este centro comercial situado en plena avenida marítima de Los Cristianos, Diego Cano.
Siendo responsable del urbanismo de Arona tramité casi 5.000 expedientes. A día de hoy solo he tenido problemas con dos. Curiosamente esos dos afectan al mismo promotor: Diego Cano. ¿Casualidades? Creo muy poco en la casualidad. Para mis técnicos y para mí era tan importante el expediente del Arts como el de una casa en las medianías o un cuarto de aperos.
¿Ha favorecido de alguna manera a Diego Cano?
Ni a él ni a nadie. Cuando salga de la política, lo haré con menos dinero del que tenía cuando entré.
Se lo insisto porque el alcalde de Arona lo acusó, en un comunicado del mes de julio, de participar en "una operación para desalojarlo de la Alcaldía" en colaboración con este empresario.
Es falso y desafortunado. Quiero recordar que fue el alcalde el que me vino a buscar para presentarme a las elecciones de 2019. Son acusaciones muy graves y están en manos de mis abogados.
Lo curioso que se le acuse de beneficiar al Arts cuando fue usted el que cerró y precintó este centro comercial y cultural en el verano de 2017.
Se ha intentado vender que el Arts es ilegal. Y esa no es la cuestión ni es cierto. La cuestión es que ese señor [el abogado Felipe Campos] pone en tela de juicio determinados desarrollos del espacio y del edificio. Se ha intentado enredar un expediente ya de por sí es complejo con continuas presentaciones de peticiones de informes a los cuales habíamos respondido en forma y tiempo. Y sí, me hace mucha gracia que se diga que yo he favorecido a este promotor cuando fui yo quien ordené su cierre, la demolición de parte de su estructura y su actual precinto, que por cierto, continua así hoy en dia.
¿Qué destaca del expediente?
El primero es que el Ayuntamiento celebró un acto municipal en el Arts conociendo su estado y los incumplimientos de la obra en aquellos momentos. [Fueron los Premios A.T. Alan Turing que reconocieron a personalidades del colectivo LGTBI].
El segundo tiene que ver con que el Arts solicitó la prórroga de la licencia que se había concedido en 2014 por mandamiento judicial y en la Junta de Gobierno de octubre de 2017, el alcalde y todos los tenientes de alcalde votamos a favor de la concesión de la prórroga, con los informes técnicos y jurídicos favorable, siendo consientes todos que existían incumplimientos en la obra, aspecto este que deja claro que todos éramos conocedores de la situación del inmueble.
Usted habló antes de dos expedientes relacionados con Diego Cano en los que se le ha acusado de favorecer al promotor. Uno es el mencionado Arts y otro es una nave industrial en Guaza. Una información reciente publicada por Canarias Ahora y Mírame Televisión asegura que una funcionaria de Arona frenó ese expediente que volvía a beneficiar a Diego Cano y en el que usted jugó un papel decisivo.
Es totalmente falso. El uso consolidado de la nave de Guaza se concedió con informes favorables tanto técnicos como jurídicos y con el visto bueno de la Secretaria General del Ayuntamiento. Se concedió cumpliendo con el trámite exigido legamente. Como consecuencia de una revisión de oficio que propone la Secretaría General 4 meses después es cuando el área de Urbanismo defiende un criterio técnico y esta secretaria otro.
El Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística, cuando yo era concejal, planteó al jefe de la sección Jurídica que emitiera un nuevo informe para aclarar la situación que planteaba la Secretaría General en base a diferentes informes de la policía local de Arona. Esa petición forma parte del expediente y no se ha resuelto, que yo sepa, por la sección jurídica desde el 5 de marzo de 2020. Y si no se ha resuelto habría que preguntarle al alcalde, actual responsable de Urbanismo, y al jefe de la sección Jurídica. Es evidente que van a por mí, que hay una campaña de difamación y que me quieren hacer daño. ¿Por qué? No lo sé.
La Fiscalía ha abierto dos investigaciones sobre el urbanismo de Arona: una relacionada con su comparecencia y otra sobre el Arts de oficio. ¿Le han llamado a declarar por el Arts?
No. Me consta que la Fiscalía ha pedido copia del expediente al Ayuntamiento y se le ha entregado, de lo cual me alegro.
¿Le parece una casualidad que las informaciones sobre las presuntas irregularidades del Arts surgieran cuando denunció las injerencias en su área?
No creo que sea una casualidad. Desde el momento en que nosotros denunciamos esas injerencias hay un objetivo: eliminar al concejal y a ciertos técnicos del Ayuntamiento. Lo del Arts se pudo haber investigado hace años ya que esa licencia se concedió en 2014. ¿Por qué ahora?
En algunas reuniones que mantuvo Felipe Campos con promotores este apareció acompañado de la hermana del alcalde. ¿Qué le parece?
No sé qué papel jugó esa persona. Es extraño, pero eso no quiere decir que sea ilegal.
El urbanismo de Arona, con un PGO tumbado por la justicia, vuelve a estar en tela de juicio, lo que espanta las inversiones en un momento tan delicado.
Me apena mucho. Estábamos logrando dejar atrás esa mala imagen que persigue al urbanismo de Arona por los episodios negros del pasado. Pero mire lo que ha pasado? Lo peor es que Arona está malgastando y dejando escapar un potencial enorme. Y eso que el Ayuntamiento cuenta con grandes profesionales y el municipio con enormes posibilidades.
Los vecinos no se merecen esto. Arona es como un cohete que tiene los motores encendidos, pero nunca despega. Me da mucha tristeza. Arona debe sobreponerse y poder tener un futuro esperanzador, donde todos tengamos posibilidades de desarrollo, igualdad de oportunidades y un espacio para vivir donde con garantía para desarrollar una vida segura.
Hay una imagen que describe esta realidad: las parcelas sin terminar de urbanizar y un parque que no se ha podido abrir del plan parcial de El Mojón, en plena entrada de Los Cristianos y que lleva 30 años de parálisis.
Casi todos los planes parciales de Arona son complicados porque son muy antiguos, como Cho-Parque La Reina, el propio de El Mojón, Costa del Silencio.
A todo se une que tenemos un Plan General de Ordenación suspendido. En 2016 llegamos a un acuerdo con la Junta de Compensación para trazar una hoja de ruta que desbloqueara el plan de El Mojón. En marzo, la Junta presenta la solicitud de recepción de las obras.
A partir de ahí se ha informado de forma desfavorable. ¿Por qué?
No lo sé porque no estaba en urbanismo. ¿Que es complicado de entender que siga bloqueado? Pues sí.
En 2017 el alcalde incorpora como asesor a Nicolás Jorge, investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de su etapa en Granadilla. Esa contratación generó duras críticas en la oposición. ¿Usted qué pensó?
Me opuse no por ser Nicolás, ya que nos conocemos hace años, sino porque entendía que en la agrupación local de Arona había personas perfectamente válidas para desempeñar ese trabajo. El alcalde tiene la potestad de incorporar al personal de confianza que quiera y es él quien debe responder a todas las cuestiones relacionadas con este y otros asesores. Son sus asesores. Trabajamos juntos casi 4 años respetando la voluntad del alcalde.
Tampoco se entiende que el PSOE de Arona tuviera como presidente a un promotor con intereses en el propio municipio, como Agustín Marichal
Mientras yo estuve de concejal, Agustín Marichal nunca se metió en el urbanismo de Arona. Tampoco dejaba que se metiera nadie externo que no fuera el alcalde. En principio no tendría que haber ningún problema en que fuera presidente de la agrupación local si no recibiera ningún privilegio.
¿Qué le parecieron las declaraciones de Agustín Marichal de que "hay técnicos bichaditos"?
Fatal. Un capítulo más del esperpento en que se ha vuelto Arona.
El día 6 acaba el plazo dado por la dirección del PSOE para que usted, el alcalde y Agustín Marichal presenten alegaciones al expediente de expulsión.
Estoy preparando las alegaciones pues todavía hoy no sé por qué me abrieron este expediente. No se puede demostrar que he hecho algo malo. Propuse que si el problema éramos el alcalde y yo, que nos fuéramos los dos. El partido intentó que el alcalde y yo nos reuniéramos hasta en cuatro ocasiones y Mena no quiso. Tengo claro que, por el bien de Arona, del grupo de gobierno y del municipio, sí el alcalde entrega su acta, yo la entrego.
¿Se iría a otro partido?
No. Tengo principios.
¿Cree que Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias y secretario general del PSOE en las Islas, ha tenido el mismo comportamiento en la mediación para resolver esta crisis que Pedro Martín, presidente del Cabildo y secretario general insular?
En mi caso, sí.
¿Le ha llamado la junta gestora que tomó las riendas de la agrupación local en agosto?
No me han llamado nunca de la gestora, lo que me ha molestado.
¿Ha pensado dejar la política?
Sí lo he pensado. Tengo mujer, hijo, padres y todos han sufrido.
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CORONAVIRUS
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ENLACE A NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS POR EL CORONAVIRUS EN EL MUNDO
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La Tejita: cronología de un despropósito costero
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