Desahucio exprés entre 4.500 y 8.000 euros: "Al límite de la ley"

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"Al límite de la ley": así funcionan los desokupas
Echan de las casas a inquilinos ilegales.
Este es su modus operandi paso a paso:

1- Se firma un contrato con el cliente (entre 4.500 y 8.000 euros) en el que el dueño tiene que demostrar que la vivienda es suya y que se la han ocupado a la fuerza.

2- Llaman a los Mossos dEsquadra para garantizar que no habrá acciones ilegales.

3- Conversan con el administrador o presidente de la comunidad para anunciar su negociación.

4- Llaman a la puerta del afectado y le muestran la escritura de propiedad y el contrato de desalojo. Por las cercanías del inmueble se despliegan hasta 10 o 12 hombres, todos fornidos y casi siempre vestidos de negro. Se supone que tienen título de controlador de accesos.

5- El 50% de los okupas suelen ceder y aceptan bajar al portal para hablar.

6- Si querían seguir en la vivienda, ese es su gran error. Los hombres de Desokupa bloquean el acceso.

7- Una vez fuera, se fuerza a los inquilinos a negociar un acuerdo que suele incluir una cantidad de dinero para que recojan y se marchen.

8- Mientras se cierra el acuerdo, un cerrajero cambia las puertas y llaves de acceso.

9- ¿Qué pasa con ese 50% que no sale de la casa? Se le presiona en el rellano. Si hace falta se repiten las visitas o se monta un sistema de control de acceso.

10- Todo se graba con minicámaras de seguridad incorporadas para dar seguridad y garantizar que no hay violencia.

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Daniel Esteve, el exvigilante de seguridad que fundó Desokupa, se ha convertido, junto a su equipo, en el terror de los jetas.

El infierno de la okupación ha aumentado tras el desconfinamiento y su empresa de desahucios tiene las líneas de teléfono colapsadas con cientos de llamadas de desesperación.

En cuatro años, Esteve y los suyos han liberado de este calvario a 4.800 afectados. Un balance más que positivo, pero que no deja de reflejar la injusta y cruenta realidad a la que se enfrentan los dueños de inmuebles que se ven desprotegidos por la justicia.

Cabe recordar que los empleados de Desokupa, fueron tachados de "neonazis", "matones" o "paramilitares del Este", por la izquierda mediática y política, pero, para las víctimas de los usurpadores, este equipo, formado por abogados, exvigilantes de seguridad, escoltas y detectives, son los héroes que les han devuelto la calma.

Además, la relación con la policía, guardia civil y mossos es excelente. Parece que nos hubieran aceptado como la empresa oficial que hace bien las cosas. Los agentes se dan cuenta que estamos ayudando a las familias.

El buen hacer de Desokupa y su crecimiento empresarial ha permitido a Esteve y a los suyos iniciar desde hace un año una gira de desalojos gratuitos por España. 

Numerosas familias sin recursos y que no pueden pagar sus servicios, entre 2.000 euros y 4.000 euros de media por desalojo, han logrado regresar a sus hogares okupados gracias al altruismo del barcelonés.

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Es mediodía y mi puerta es golpeada con violencia. Se oyen voces y el tiempo empieza a acelerarse. Salgo por la ventana que da a la calle sabiendo que no son amigos los que están llamando.

Aparecen en primer plano tres maromos corpulentos, rapados, y puedo ver otros cinco o seis desplegados a lo largo de la calle». Es el relato de un vecino de la calle Carrer Alarcón del barrio de La Clota de Barcelona del pasado 22 de septiembre.

«Donde no llegan las leyes, llegamos nosotros. Lo que no hace la poli, lo hacemos nosotros. Aquí estamos». Así se presenta uno de los socios fundadores de Desokupa, la primera empresa de desahucio exprés y que ha convertido la desgracia de otros en negocio lucrativo.
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VOX LO INTERPRETA EN CLAVE DE HUMOR

 “Por 4.500 euros, que es lo que cobran los de la empresa Desokupa por sus labores de intermediación para el desalojo de viviendas okupadas como el Palacio de La Moncloa, nos garantizamos un ahorro en déficit público, en subidas de impuestos y en diésel para el avión Falcon de miles de millones de euros sólo en el próximo año. Creo que haríamos un buen negocio”.

PERO LA TRISTE REALIDAD ES QUE LA JUSTICIA NO FUNCIONA
Y este es un caso real pendiente sin resolver

 Una abuela de 88 años que ya no puede vivir sola ni subir tres pisos de escaleras se va a casa de su hija, contrata a una sudamericana para que le atienda y en pago por sus servicios le ofrece en alquiler su casa con la condición de que no la comparta con nadie y se la cuide.

Esta más tarde deja su trabajo y le pasa el piso a su hermana que cambia la cerradura y se instala con 3 niños, empiezan los pleitos legales para que se vaya.

Ya han transcurrido más de dos años, ha habido dictamen favorable pero no se ejecuta ninguna sentencia. 
Ahí sigue la okupa con gas, luz y casa gratis, mientras tanto la abuela con los gastos de la casa y los pleitos sin poder recuperar su casa.

LO MÁS URGENTE ES ARREGLAR EN ESTE PAÍS LA JUSTICIA "AGILIZANDOLA" 

Y PARA ELLO AHORA QUE SE VAN A DISCUTIR LOS PRESUPUESTOS 

 "DOTAR A LA JUSTICIA DE LOS RECURSOS NECESARIOS"  

En 2019 se destinaron a Justicia 1.869 millones de euros la cuarta cifra más pequeña de las transferencias ordinarias

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Así se reparten los Presupuestos Generales del Estado de 2019

El presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2019 a 472.660 millones de euros

Las transferencias corrientes, por su parte, es el capítulo con mayor dotación, con un importe de 261.961 millones de euros

SEGURIDAD SOCIAL
153.864 millones de euros un 6,2% más que en 2018.

DEUDA PÚBLICA
31.398 millones de euros
Los intereses de la deuda soberana representan el 2,5% del PIB

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
18.102 millones de euros

INFRAESTRUCTURAS
10.029 millones de euros

DEFENSA
8.500 millones de euros

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
7.761 millones de euros

INVESTIGACIÓN CIVIL
6.729 millones de euros para Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

FOMENTO DEL EMPLEO
5.985 millones de euros para políticas de fomento del empleo

INDUSTRIA Y ENERGÍA
5.803 millones de euros

SANIDAD
4.292 millones de euros

EDUCACIÓN
2.722 millones de euros

JUSTICIA
1.869 millones de euros

CULTURA
953 millones

COMERCIO, TURISMO Y PYMES
908 millones de euros

VIVIENDA
679 millones