¿Qué es lo de los derechos de emisión y qué es lo de la tasa verde?
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What Is a Green Levy?
A green levy is a tax imposed by a government on sources of pollution or carbon emission. A green levy is aimed at discouraging the use of inefficient sources of energy and encouraging the implementation of environmental-friendly alternatives. The term is most commonly used in relation to a tax on fuel-inefficient vehicles.
Green levy seeks to encourage corporations to adopt eco-friendly technologies. Green levy is a tax imposed on corporations and other enterprises to curb pollution and carbon emissions.
Understanding Green Levy
Green levy is a way for governments to make corporations socially responsible. It is to ensure that the corporations must factor in environmental costs associated with their industry. The most common form of the green levy is the tax imposed on fuel-inefficient vehicles.
Factors to Consider
Green levy is a compensation associated with the carbon footprint.
Taxes are imposed on electricity and petroleum to encourage the usage of wind power or solar power.
Green levies can result in high prices of goods as the rich pay up for the taxes.
The levy may be on the prices of the goods or the gross income of a corporation.
One of the methods that governments apply green levies has been through carbon taxes, a system in which a business or private corporation has to pay a fee associated with the size of their carbon footprint.
Some of the examples of green levies imposed in countries across the world include Canada's tax on cars whose fuel consumption was greater than three gallons for every 62 miles. Germans have passed taxes on electricity and petroleum, while renewable sources of electricity were not taxed. Germany also imposed a tax designed to favour more efficient power plants and increased petroleum taxes while decreasing income tax.
There has been some disagreement as to whether these taxes if implemented, would be progressive or regressive.
Whether or not intended to be the case, taxes on consumption may inadvertently hurt the poor who end up saving less of their income and consuming more. The green levy or carbon tax has been criticised on the ground that these levies allow corporations and the rich to buy their way out of the effects of their activity while the poor would be adversely affected as they can't.
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CC exige al Gobierno nacional el compromiso de eximir a Canarias de la ‘tasa verde’
Moisés Álvarez Montero
Coalición
Canaria (CC) le ha exigido a Pedro Sánchez el compromiso de lograr en
el Consejo Europeo la exclusión de los vuelos con origen y/o destino en
las Islas de la ‘tasa verde’. De todos los vuelos: internacionales,
nacionales e interinsulares.
El líder de CC, el senador
autonómico Fernando Clavijo, ha calificado de «despropósito» la
confusión generada sobre el ‘impuesto verde’ a raíz del comunicado de
los socialistas europeos en que aseguraron haber recabado apoyos
suficientes en Bruselas para eximir al Archipiélago del tributo en la
votación de este próximo miércoles en la Eurocámara.
Una
confusión que dio lugar a que el Gobierno de Canarias celebrara una
exención que no se ha producido y que ni siquiera decidirá el
europarlamento.
No es la Eurocámara sino el Consejo la institución comunitaria que tiene la última palabra en la aprobación de la ‘tasa verde’.
Lo
que verá estos días el Legislativo europeo es la reforma de la
normativa y el sistema sobre derechos de emisión, al que la aviación
comercial está sometida desde el año pasado y que la Comisión Europea
quiere endurecer aún más, lo que incrementaría los costes de las
aerolíneas.
Pero la ‘tasa verde’ no estará sobre la mesa hasta
septiembre, y es ahí cuando España y su presidente deberán lograr la
exención fiscal en favor de Canarias en el seno del Consejo Europeo, que
no en la Eurocámara. «Nos va la vida en ello», ha afirmado Clavijo.
El
líder de CC ha adelantado que este martes le preguntará al ministro
José Manuel Albares sobre este asunto en el Senado después de comprobar,
ha dicho, que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor
Torres, no tiene «ni idea» ni «ningún peso específico» en esta cuestión.
«Tanto él como su vicepresidente [Román Rodríguez] tendrían que haberse
explicado», ha subrayado Clavijo.
Apoyo de tres grupos
En
espera de lo que ocurra con la ‘tasa verde’, también es importante para
Canarias lograr que se mantenga la excepción de los vuelos desde y hacia
las Islas del sistema de derechos de emisión. El eurodiputado Juan
Fernando López Aguilar ha arrancado el compromiso de tres de los siete
grupos que integran la Eurocámara para votar en favor de mantener esta
excepción para el Archipiélago.
No obstante, el Legislativo
comunitario tiene sus propios resortes y habrá que esperar a que ese
compromiso lo corroboren los diputados llegado el momento de la votación
este miércoles.
Pero esto es una cosa y otra, el ‘impuesto verde’, que tendrá que resolver el Consejo Europeo en septiembre.
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Cuando no es una cosa, es otra, pero uno tiene la sensación que, desde Canarias vivimos instalados en la permanente reivindicación de nuestras singularidades, de las consecuencias de nuestra ultraperificidad, de nuestra fragilidad por el hecho insular…
Cuando no es que toca defender las inversiones en nuestra red aeroportuaria, es por nuestro sector agrícola, cuando no es que hay que juntarse para defender nuestro REF, es la RIC, cuando no es el descuento de residencia, es las carreteras… y ahora, la "tasa verde".
Es una evidencia que la tasa verde nos tumbaría, nos dejaría KO en un contexto de subidas de precios ya generalizado y haría que nuestra competitividad turística quede por los suelos. Sin duda, la aplicación de una tasa tan relevante en la configuración del precio final de los billetes de avión (y barco), nos alejaría aún más, mientras que innumerables turistas descartarían Canarias como destino de sus vacaciones cuando saquen las cuentas de lo que costaría venir a disfrutar de nuestras islas.
Puede pensarse que las consecuencias para nuestro archipiélago no serían dramáticas, porque al fin y al cabo, la tasa se aplicaría de modo generalizado a todos los trayectos en avión, afectando de alguna manera a la competitividad de todos los destinos turísticos por igual. Pero de ninguna manera sería así. Cansados estamos de hacer entender que los territorios insulares, alejados de tal manera que el tráfico marítimo turístico, no es relevante, estamos atrapados por la dependencia de esa caja de metal que transporta unos 170 clientes en cada operación con nuestros aeropuertos. Nuestra fortuna es ser islas y tener la posición privilegiada que tenemos, pero en este caso, puede ser también nuestra amenaza.
Es evidente que destinos continentales, a los que se puede acceder por tierra, con medios de transporte más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, pueden resultar “beneficiados” de esta situación.
Además, debemos ser conscientes que es probable que cambie el comportamiento de los consumidores, que pueden evolucionar a una tendencia de menos viajes al año, quizá más largos para evitar utilizar tantos aviones, quizá a destinos más cercanos o a aquellos en que se evite el uso del avión.
La industria aeronáutica, consciente también de la necesidad de reducir la emisión de CO2 en los trayecto, lleva trabajando tiempo en la producción de biocombustibles, pero no parece que estos lleguen a poder aplicarse de manera generalizada antes de una década o más.
Por otro lado, Canarias como cualquier otro destino del mundo, hace ya muchos esfuerzos por poder compensar con múltiples medidas, públicas y privadas, la huella de carbono que produce el turista no sólo durante su estancia, sino en su desplazamiento. Se me antoja ningún esfuerzo será suficiente, tal y como evoluciona la mentalidad del centroeuropeo y que el esfuerzo en “marketing” de las políticas y resultados conseguidos, será titánico.
Habrá mucho de green washing y habrá también multitud de medidas reales, que esperamos sean reconocibles por nuestros potenciales clientes y no seamos víctimas de una situación que puede ser muy difícil de gestionar.
Claro que la tasa ha de existir, porque la transición energética es inevitable y necesaria, pero es igual de claro que aunque se retrase a 2030 su aplicación en Canarias, pone en serio riesgo nuestro porvenir turístico, además de los grandes incrementos en costes que los canarios nos encontraríamos en nuestros propios desplazamientos.
Así pues, toca volver a evangelizar sobre nuestro hecho insular y ganar esta partida, porque… como decían nuestras madres, con las cosas de comer no se juega.
Escrito por Alberto Bernabé el Martes, 24 Mayo 2022. Publicado en Internacional, Turismo
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What is it about emission rights and what is it about the green levy?
When it is not one thing, it is another, but one has the feeling that, from the Canary Islands, we live in a permanent vindication of our singularities, of the consequences of our ultraperipheral nature, of our fragility due to the fact that we are islands?
When it is not about defending investment in our airport network, it is about our agricultural sector, when it is not about coming together to defend our REF, it is about the RIC, when it is not about the residence discount, it is about roads... and now, the "green tax".
It is clear that the green tax would knock us down, it would leave us in a context of already generalised price rises and would leave our tourist competitiveness in tatters. Undoubtedly, the application of such an important tax in the configuration of the final price of air (and boat) tickets would push us further away, while countless tourists would discard the Canary Islands as a holiday destination when they do the maths of what it would cost to come and enjoy our islands.
One might think that the consequences for our archipelago would not be dramatic, because after all, the tax would be applied across the board to all air travel, affecting in some way the competitiveness of all tourist destinations equally. But in no way would this be the case. We are tired of being made to understand that island territories, so far away that maritime tourist traffic is not relevant, are trapped by dependence on that metal box that transports some 170 customers in each operation with our airports. Our fortune is to be islands and to have the privileged position we have, but in this case, it can also be our threat.
It is clear that continental destinations, accessible by land, with more efficient and environmentally friendly means of transport, can "benefit" from this situation.
In addition, we should be aware that consumer behaviour is likely to change and may evolve towards a trend of fewer trips per year, perhaps longer trips to avoid using so many planes, perhaps to destinations closer to home or to those where air travel is avoided.
The aviation industry, also aware of the need to reduce CO2 emissions on flights, has been working for some time on the production of biofuels, but it does not seem that these will be widely applicable for a decade or more.
On the other hand, the Canary Islands, like any other destination in the world, is already making many efforts to compensate with multiple measures, public and private, the carbon footprint produced by tourists, not only during their stay, but also during their travels. It seems to me that no effort will be enough, given the way the Central European mentality is evolving, and that the effort in "marketing" the policies and results achieved will be titanic.
There will be a lot of green washing and there will also be a multitude of real measures, which we hope will be recognisable by our potential customers and that we will not fall victim to a situation that could be very difficult to manage.
Of course the tax has to exist, because the energy transition is inevitable and necessary, but it is equally clear that even if its application in the Canary Islands is delayed to 2030, it puts our tourist future at serious risk, in addition to the large increases in costs that we Canary Islanders would encounter in our own travel.
So, it is time to evangelise once again about our insularity and win this game, because... as our mothers used to say, you don't play with food.
Written by Alberto Bernabé on Tuesday, 24 May 2022. Posted in International, Tourism
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Los eurodiputados RUP enmendarán el impuesto verde para Canarias
Los diputados del Parlamento Europeo procedentes de las regiones ultraperiféricas (RUP) enmendarán la directiva que fijará el nuevo impuesto verde para intentar eximir a estos territorios alejados de la tasa al combustible en las conexiones aéreas y marítimas.
(RUP) Hay 9 regiones ultraperiféricas dependiendo de tres Estados miembros: una de España, dos de Portugal, y seis de Francia.
A España pertenecen las africanas Islas Canarias en el océano Atlántico noroccidental.
De Portugal, las dos regiones autónomas de Azores y Madeira.
De Francia son cinco departamentos de ultramar: la Guayana francesa en el noreste sudamericano; Guadalupe y Martinica en el este caribeño; Reunión y Mayotte en el sudoeste índico; y la colectividad de ultramar de San Martín en las Antillas desde que se separó de Guadalupe en 2007.
Aguilar afirma que el objetivo de Europa es «inapelable» pero existe margen de maniobra porque estas zonas tienen «base jurídica propia»
Así lo ha indicado el diputado canario del Grupo Socialista, Juan Fernando López Aguilar, quien ha señalado no obstante que la estrategia verde hacia una economía libre de carbono «es un objetivo inapelable e indiscutible» de la Unión Europea.
El horizonte fijado por Bruselas es la reducción de un 55% de gases de efecto invernadero en 2030 y del 100% en 2050.
Canarias ya obtuvo el respaldo de la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, a que este impuesto no se aplicara en los próximos ocho años entre las RUP y sus estados.
Márgen de maniobra
Mientras que el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, «garantizó» esta semana en el Parlamento regional que tampoco se aplicará a las conexiones interinsulares, pero reconoció que será muy difícil conseguir la exención en la relación entre el archipiélago y el resto de Europa.
Al respecto, Aguilar considera que, aunque uno de los grandes objetivos de Bruselas es ser líderes en la transición justa hacia una economía descarbonizada, «hay márgenes de maniobra» porque el derecho europeo tiene trasposición en los estados miembros, «que tienen capacidad para adaptarlo a sus propias condiciones, siempre que respeten las estrategias».
En este camino, manifestó, los eurodiputados RUP están trabajando «para hacer valer las dificultades especiales de las regiones remotas» y lo primero que se ha obtenido en la fase de enmiendas es que la Comisión acepte eximir a las RUP del objetivo 2030 en los vuelos de conexión con sus estados de origen.
Exenciones
El eurodiputado asegura que una vez conseguido este objetivo «queremos más. Queremos que se amplíe al conjunto de la Unión Europea y, por supuesto que se amplíe a las conexiones interinsulares en las regiones en las que hay islas interconectadas entre sí formando un sistema, sobre todo Azores y Canarias», porque, puntualiza, «no es el caso de todas las ultraperiféricas».
López Aguilar insiste en que el objetivo de reducir las emisiones «es inapelable» y, por tanto, el propósito es «buscar condiciones de adaptación que sean justas, que no se impongan condiciones inasumibles para que no haya perdedores de la economía verde y en las que Europa haga que se empobrezcan regiones que ya han acumulado el impacto de los sucesivos episodios de crisis».
Negociación
En su opinión, «nadie discute que Europa tiene que ponerse a la vanguardia de la economía verde», pero reconoce que el sistema legislativo europeo es de gran complejidad y el equipo negociador es determinante.
Por eso, indica que hasta el próximo 6 de junio que se aprueba la directiva de la tasa verde, el procedimiento «aún tienen mucho camino por delante».
Y en ese empeño, insiste, están los eurodiputados de las regiones ultraperiféricas «cumpliendo con nuestro deber al presentar las enmiendas y convencer a los grupos parlamentarios, primero a los que pertenecemos y también a los demás, y posteriormente las batallaremos en el pleno».
Reconoce que son «objetivos difíciles» pero a la vez mantiene que las ultraperiféricas tienen «posibilidades» de quedar exentas del impuesto verde porque son las únicas regiones que tienen base jurídica propia».
Es conocedor de que «esta situación produce alarma» en Canarias por las posibles consecuencias que puede generar, apunta que «también se debe saber que la comunidad autónoma debe estar con la Unión Europea en el proceso de descarbonización, aunque con las excepciones propias de las RUP».
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Los territorios especiales de la UE se agrupan en diferentes categorías:
las regiones especiales, que forman parte de la Unión pero que por sus características geográficas o culturales, disfrutan de ciertas exenciones en la aplicación del derecho de la UE; Åland, Büsingen am Hochrhein, Campione d'Italia, Ceuta y Melilla, Heligoland, Livigno, Monte Athos
Ceuta y Melilla
No están dentro del territorio aduanero de la UE.
Tienen la condición de tercer Estado a efectos aduaneros.
Los
productos originarios de las ciudades son considerados como
provenientes de terceros Estados y no como si tuvieran su origen en
Estados miembros.
Las actas en materia de política comercial común
referentes a la exportación o importación, no tendrán aplicación en
ambas ciudades.
Estas ciudades no forman parte de la zona del IVA y en su lugar aplican el IPSI, un impuesto similar pero con tasas más bajas.
Aunque
Ceuta y Melilla, como territorios españoles, forman parte del espacio
de Schengen, se aplican controles en las fronteras de salida a todos los
ciudadanos, debido al régimen específico de exención de visado para los
ciudadanos marroquíes residentes en las provincias de Tetuán y Nador.
las regiones ultraperiféricas, que por su lejanía de la Europa continental disfrutan de ciertas ventajas como una fiscalidad más baja;
A España pertenecen las africanas Islas Canarias en el océano Atlántico noroccidental. De Portugal son las dos regiones autónomas de Azores y Madeira, situadas en el océano Atlántico noroccidental, lejos de las costas africanas pero aun más lejos de las costas europeas. Y son de Francia, sus cinco departamentos de ultramar: la Guayana francesa en el noreste sudamericano; Guadalupe y Martinica en el este caribeño; Reunión y Mayotte en el sudoeste índico; y la colectividad de ultramar de San Martín en las Antillas, que no ha cambiado de estatuto a nivel comunitario desde que se separó de Guadalupe en 2007.
los territorios de ultramar, que no forman parte de la Unión, pero que pueden beneficiarse de la asociación con la UE.
Territorio de ultramar hace referencia a los territorios que perteneciendo a un Estado están separados del territorio originario (la metropolí) por el océano.
Los países y territorios de ultramar (PTU) dependen constitucionalmente de tres Estados miembros de la UE: Dinamarca, Francia y Países Bajos.
Aruba (Países Bajos)
Curação (Países Bajos)
Polinesia Francesa (Francia)
Groenlandia (Dinamarca)
Nueva Caledonia (Francia)
San Bartolomé (Francia)
San Martín (Países Bajos)
San Pedro y Miquelón (Francia)
Wallis y Futuna (Francia)
Bonaire, San Eustaquio y Saba (Países Bajos)
Tierras australes y antárticas francesas (Francia)
Los nacionales de los PTU son ciudadanos europeos, pero los PTU no forman parte del territorio de la UE
- los PTU no están directamente sujetos al Derecho de la UE, pero se benefician del estatuto de «asociado» en virtud del Tratado de Lisboa
- la condición de «asociado» contribuye a su desarrollo económico y social
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MEPs from outermost regions to amend green tax for the Canary Islands
MEPs from the outermost regions (ORs) will amend the directive that will set the new green tax to try to exempt these remote territories from the fuel tax on air and sea connections.
Aguilar affirms that Europe's objective is "unappealable" but there is room for manoeuvre because these areas have "their own legal basis".
Juan Fernando López Aguilar, a member of the Socialist Group in the Canary Islands, said that the green strategy towards a carbon-free economy "is an indisputable and indisputable objective" of the European Union.
The target set by Brussels is a 55% reduction in greenhouse gases by 2030 and 100% by 2050.
The Canary Islands have already obtained the backing of the Commissioner for Cohesion and Reforms, Elisa Ferreira, for this tax not to be applied in the next eight years between the outermost regions and their states.
Room for manoeuvre
Meanwhile, the regional president, Ángel Víctor Torres, "guaranteed" this week in the regional parliament that it will not be applied to inter-island connections either, but acknowledged that it will be very difficult to achieve exemption in the relationship between the archipelago and the rest of Europe.
In this respect, Aguilar considers that, although one of Brussels' main objectives is to be leaders in the just transition to a decarbonised economy, "there is room for manoeuvre" because European law is transposed in the member states, "which have the capacity to adapt it to their own conditions, as long as they respect the strategies".
In this way, he said, the ORs MEPs are working "to assert the special difficulties of remote regions" and the first thing that has been obtained in the amendment phase is that the Commission agrees to exempt the ORs from the 2030 target on connecting flights to their states of origin.
Exemptions
The MEP said that once this objective has been achieved "we want more. We want it to be extended to the whole of the European Union and, of course, we want it to be extended to inter-island connections in regions where there are interconnected islands forming a system, especially the Azores and the Canary Islands", because, he points out, "this is not the case for all the outermost regions".
López Aguilar insists that the objective of reducing emissions "is unavoidable" and, therefore, the aim is "to seek conditions for adaptation that are fair, that do not impose unacceptable conditions so that there are no losers in the green economy and so that Europe does not impoverish regions that have already accumulated the impact of successive episodes of crisis".
Negotiation
In his opinion, "nobody disputes that Europe has to be at the forefront of the green economy", but he recognises that the European legislative system is highly complex and that the negotiating team is a determining factor.
He therefore pointed out that until 6 June next, when the green tax directive is approved, the procedure "still has a long way to go".
He insisted that the MEPs from the outermost regions were "doing our duty by tabling amendments and convincing the parliamentary groups, firstly those to which we belong and also the others, and then we will fight them in plenary".
He acknowledges that these are "difficult objectives" but at the same time maintains that the outermost regions have "possibilities" of being exempt from the green tax because they are the only regions that have their own legal basis.
He is aware that "this situation is causing alarm" in the Canary Islands because of the possible consequences it could have, but points out that "it should also be known that the autonomous community should be with the European Union in the process of decarbonisation, although with the exceptions specific to the outermost regions".
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Comisión Europea
Miembros: 26 comisarios, encargado cada uno de un área. Además, cuenta con un presidente que es elegido en un proceso en el que intervienen tanto el Consejo como el Parlamento Europeo. En estos momentos ostenta el cargo Ursula von der Leyen.
Principales funciones: en el procedimiento ordinario, es la “única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea”. También interviene a la hora de fijar las prioridades de gasto de la UE y vigila que se apliquen las normas comunitarias junto con el Tribunal de Justicia.
Representante español: Josep Borrell, que ejerce como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Consejo Europeo
Miembros: jefes de Estado o de Gobierno de los estados miembros y un presidente, que tiene que contar con una mayoría cualificada para ser elegido. En estos momentos es Charles Michel. El presidente de la Comisión Europea también forma parte de este órgano.
Principales funciones: determina “las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea”, que quedan fijadas en las “conclusiones” que elaboran después de sus reuniones.
Representante español: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Parlamento Europeo
Miembros: 705 diputados de todos los países de la UE distribuidos de forma proporcional en función de su población “aproximadamente”. Entre ellos, se elige a un presidente por mayoría absoluta (la mitad más uno). Ocupa el cargo David Sassoli.
Principales funciones: siguiendo el procedimiento ordinario, es el órgano que aprueba las leyes de la UE. A su vez, supervisa la gestión de la Comisión Europea y desempeña labores presupuestarias.
Representantes españoles: 59 diputados, elegidos en las elecciones europeas de mayo de 2019 por un periodo de cinco años.
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La Eurocámara abre una vía para librar a todas las islas de la UE de la ‘tasa verde’
El Parlamento comunitario lleva a la Comisión Europea una estrategia auspiciada por Baleares para darle un estatus similar al de Región Ultraperiférica
El Parlamento Europeo (PE) aprobó el martes 7 de junio por amplia mayoría un informe de su Comité de Desarrollo Regional que allana el camino para que las islas –todas– se libren de la tasa verde,
o que al menos se les conceda una exención fiscal temporal hasta que la puesta en práctica del impuesto no les suponga un daño socioeconómico inasumible.
El informe, para el que ejerció como ponente el eurodiputado francés Younous Omarjee, del grupo de la Izquierda y natural de la Región Ultraperiférica (RUP) de La Reunión, exhorta a la Comisión Europea (CE) a elaborar una estrategia específica para sus 2.400 islas.
Una estrategia integral que al margen de implementar políticas de cohesión y planes de acción adaptados a las necesidades y circunstancias de los territorios insulares, también debe incluir medidas extraordinarias para que la ambiciosa hoja de ruta comunitaria hacia la descarbonización no los condene al ostracismo.
En esta línea, durante el debate se puso de manifiesto la extrema dependencia del transporte aéreo para el tráfico de personas y del transporte marítimo para el de mercancías que sufren las islas, lo que exige de Bruselas una mayor «flexibilidad» a la hora de aplicar novedades como la tasa verde.
La solicitud del europarlamento a la CE comparte así los argumentos –al menos en el fondo– con que el Gobierno canario busca eximir al Archipiélago de este impuesto.
Aunque en lo formal no hay relación directa entre la resolución aprobada este martes por la Eurocámara y la cuestión de la tasa verde –entre otras cosas porque la última palabra sobre esta última no la tiene el PE (Parlamento Europeo) sino el CE (Consejo Europeo)–,
el notable apoyo con que aquella salió adelante –577 votos a favor, diez abstenciones y solo 38 votos en contra– supone, de hecho, un indirecto respaldo a Canarias en la batalla por librarse de la tasa verde.
La amplísima mayoría lograda por Omarjee en Estrasburgo obedece en buena medida a que hasta 13 Estados miembros de la Unión Europea (UE) tienen territorios insulares bajo su soberanía. Trece de los Veintisiete, casi la mitad.
En cambio, son solo tres –Portugal, Francia y España– los que tienen Regiones Ultraperiféricas. El Consejo Europeo lo integran los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete y tiene, previa consulta al PE (Parlamento Europeo), la última palabra en asuntos de fiscalidad como el del impuesto verde.
Es en el CE (Consejo Europeo), por tanto, donde España deberá pelear para que su RUP, Canarias, y sus islas, también las Baleares, queden al margen del nuevo tributo, y no es lo mismo contar con solo dos apoyos, los de París y Lisboa, que con doce, los de todos los Estados miembros con territorios insulares, sean o no RUP.
La votación de este martes en la Eurocámara evidencia hasta qué punto preocupan el impuesto verde y el plan del que forma parte –el Objetivo 55– no solo en las RUP, sino en las islas en general.
La tasa disparará los costes de las compañías aéreas y, por ende, disparará también los precios de los vuelos. Un mazazo a la economía de las islas, en general, y todo un misil a la línea de flotación de la economía canaria, en particular, donde hasta un 35% de su PIB depende directamente de los turistas, muchos de los cuales no podrán seguir disfrutando de sus vacaciones en el Archipiélago si Bruselas se pasa de frenada con su estrategia medioambiental.
No obstante, la resolución aprobada por el PE tiene una lectura a corto plazo –positiva porque la Eurocámara involucra a todos los Estados con islas en la búsqueda de una solución a la problemática de la tasa verde– y otra a medio o largo plazo, y puede que no tan positiva.
Detrás del informe de Omarjee está el Govern balear como uno de sus promotores, y más allá de la cuestión del impuesto verde, también se plantea la necesidad de destinar fondos para llevar a efecto la futura estrategia para las islas.
Una estrategia que la eurodiputada del PSOE balear Alícia Homs justificó este martes sobre la base de los mismos argumentos que justifican el trato singular a las RUP: la dependencia del transporte marítimo y aéreo, la escasez de recursos, la doble insularidad...
Así pues, el plan viene a ser una generalización de la condición de RUP en favor de todas las islas, sean o no ultraperiféricas,
y se corre así el riesgo de acabar por considerar iguales a dos realidades que no lo son –basta con comparar la renta per cápita balear con la canaria–,
con lo que esto podría implicar para el reparto de los dineros comunitarios. La misma Homs apuntó, informó Efe, que «no queremos más derechos que nadie, pero tampoco permitiremos tener menos».
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8 de junio 2022
Socialistas y verdes tumban la reforma del mercado del CO2 y rompen la gran coalición que sostiene a Von der Leyen
El pleno de la Eurocámara rechaza la norma 'Fit for 55'
La gran coalición que sostiene a la Comisión de Ursula von der Leyen -formada por populares, socialistas y liberales europeos- se ha roto durante la votación del paquete legislativo sobre el clima (Fit for 55, en jerga bruselense). Un arsenal normativo cuyo objetivo es garantizar que la UE cumpla su objetivo de reducir un 55% sus emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030 y alcance la neutralidad climática en 2050.
La pelea se ha iniciado a cuenta de la reforma del mercado europeo de CO2, que impone topes a las emisiones de alrededor de 10.000 plantas industriales en toda la UE. Las fábricas que superan el límite asignado deben comprar permisos extra en el mercado, mientras que las menos contaminantes pueden vender sus excedentes. No obstante, el sistema prevé un paquete de derechos gratuitos para dar más tiempo a las compañías a adaptarse.
La reforma, tal y como se aprobó en el comité de Medio Ambiente de la Eurocámara el pasado 17 de mayo, preveía suprimir todos los derechos gratuitos de aquí a 2030 con el objetivo de acelerar la reducción de emisiones. Sin embargo, en el último momento los populares han introducido una enmienda para prorrogar el periodo transitorio hasta 2034. El cambio ha salido adelante con el apoyo de los liberales y de la derecha radical.
La aprobación por sorpresa de esta enmienda ha enfurecido a los socialistas europeos. Su presidenta, Iratxe García, ha solicitado entonces un tiempo muerto a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Una pausa de tres minutos en la que el grupo socialista ha decidido cambiar el sentido de voto que había previsto inicialmente: del sí al no.
El paquete Fit for 55 tiene que ser aprobado mediante un acuerdo entre la Eurocámara y los Gobiernos de los 27. Bruselas presentó las propuestas originales hace ahora un año.
"El PP ha votado junto a la extrema derecha enmiendas que han debilitado significativamente el acuerdo. Pero la respuesta del pleno ha sido clara: el conjunto de fuerzas progresistas no vamos a aceptar una propuesta que nos aleja del objetivo de 1,5 grados fijado en el acuerdo de París", sostiene el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun.
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Las aerolíneas programan 361.574 plazas más que en 2019 para viajar a las Islas este verano
Habrá 190.949 plazas más que antes de la pandemia para poder llegar al Archipiélago desde Gran Bretaña. A ese aumento del 14,1% se suma el 5,4% (78.988 asientos más) que aporta un mercado peninsular que se mantiene al alza.
La nota discordante la pone el mercado nórdico, que se desploma un 43%, con 29.881 asientos menos que hace tres años. La misma fórmula es aplicable a los alemanes, para quienes la palabra inflación por sí misma basta para desincentivar cualquier gasto que no sea absolutamente necesario. Y esto es más preocupante para las Islas, dado que se trata del segundo mercado en importancia y el primero en islas como Gran Canaria. La programación de las compañías aéreas hurta 54.353 plazas (-9,4%) en comparación con los meses puramente estivales de hace tres años.
En la caída de las llegadas de nórdicos y teutones influye también de manera intensa el factor de la competencia. Las plantas alojativas de destinos como Turquía o Egipto van a sufrir serios daños por la ausencia de los turistas rusos, que son de los que más dinero invierten en sus vacaciones. Para minimizar daños, estos países se han visto obligados a tirar los precios con el fin de captar el mayor número posible de visitantes.
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Cycling around Los Cristianos - En bicicleta por Los Cristianos
¿Alcaldes de Arona y Adeje cuándo nos damos una vuelta y les explico lo que hay que hacer? Para empezar, asfaltar la calzada ...
En
2016 se decía que estaban Los Cristianos abarrotados de bicicletas. Sí,
al uso de las bicicletas. No, al descontrol.¡Hay que promover y apoyar
el uso de la bicicleta! Palabras, palabras, palabras
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Hospital del Sur, en El Mojón (Arona)
The operating theatres of the Hospital del Sur, a new lie of the Government
Los quirófanos del Hospital del Sur, una nueva mentira del Gobierno
El
Hospital del Sur es, a día de hoy, la gran mentira del Gobierno de
Canarias. Lo tenemos que decir alto y claro, porque han querido vender a
la población una realidad que no es la que existe. Y más concretamente,
nos referimos a los quirófanos del hospital, que no funcionan tal y
como había anunciado el Gobierno de Ángel Víctor Torres.
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Partido Tercera Edad en Acción
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EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZASomos un partido político creado para defender los derechos de las personas mayores y no tan mayores.
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VIDEOS DE LOS CRISTIANOS
"VIDEO" Trayecto bicicleta vuelta por los Cristianos
"VIDEO" Driving Los Cristianos to Playa de Las Americas in Tenerife
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