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Veintiún minutos antes de las ocho de la mañana tres bombas estallaban en un tren que llegaba a Atocha. Otras siete lo hacían después en otros convoyes aquel 11 de marzo de 2004, el día de la mayor acción terrorista de España, que inundó de solidaridad el país y también lo sacudió a tres días de unas elecciones.
192 personas fueron asesinadas en los atentados perpetrados por una célula de terroristas de Al Qaeda: 34 perecieron en el tren que explotó en la estación de Atocha; 63 en el que lo hizo frente a la calle Téllez; 65 en el de la estación de El Pozo; 14 en el que estaba en la estación de Santa Eugenia y 16 en diferentes hospitales, la última en 2014 tras permanecer en coma diez años. Más de 1.800 viajeros resultaron además heridos.
Apenas dos horas después del atentado, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar -Mariano Rajoy era el candidato del PP-, convocaba el gabinete de crisis y al mediodía el ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguraba que "no había duda de la autoría de ETA".
Una respuesta que, lejos de diluir la pregunta de "quién ha sido", que se hacían muchos ciudadanos, comenzó a acrecentar la hipótesis yihadista casi al mismo ritmo con el que miles de personas se empezaban a echar a las calles en solidaridad con las víctimas.
El 14 de marzo el candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convertía en el nuevo presidente del Gobierno. Mientras, los servicios de información de las fuerzas de seguridad se afanaban por encajar las piezas de la masacre y localizar a sus autores.
Una mochila-bomba sin estallar, hallada en el tren de la estación de El Pozo, permitió conocer el tipo de explosivo y el número de la tarjeta del móvil al que estaba conectado.
Según la investigación, el atentado fue obra del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), autor de la muerte de 45 personas en Casablanca en mayo de 2003, y las bombas se prepararon en una finca de Chinchón (Madrid).
No había pasado un mes del atentado cuando el 3 de abril la Policía daba con siete de los terroristas en un piso de la localidad madrileña de Leganés. Cercados por los GEO, la célula se suicidó con una fuerte explosión que también mató al subinspector Francisco Javier Torronteras, lo que eleva la cifra de víctimas a 193.
Dos meses después, el Congreso de los Diputados aprobaba la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los atentados, de los que ya había más de una decena de detenidos.
No fue hasta el 15 de febrero de 2007 cuando arrancó en Madrid el juicio. La sentencia llegó en octubre para concluir que en los atentados participaron 22 hombres: los siete que se suicidaron en un piso de Leganés (Madrid), otros 14 procesados que recibieron penas no superiores a los 15 años de cárcel y una persona sin identificar.
Los siete suicidas de Leganés (entre ellos Jamal Ahmidan, el Chino, y Serhane Ben Abdelmajid, el Tunecino) fueron quienes junto a Jamal Zougam, detenido dos días después, y Otman Gnaoui, detenido el 30 de marzo, colocaron las 13 mochilas cargadas con explosivos (tres no detonaron).
Zougam y El Gnaoui, condenados a 42.922 y 42.924 años de prisión, respectivamente, fueron considerados autores de los atentados: el primero, porque fue reconocido en los trenes; y el segundo, porque su ADN fue hallado en una sudadera de uno de los terroristas.
La tercera condena más abultada recayó en el exminero José Emilio Suárez Trashorras, que fue condenado a 34.715 años por sustraer los explosivos y suministrarlos a la célula.
De los 18 condenados en España entonces por los atentados, dos siguen en prisión, Zougam y Hassan El Haski (14 años de cárcel en España y a otros 10 en Marruecos, donde debe ser extraditado tras cumplir condena).
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Zougam y su familia insisten en su inocencia.
Jamal Zougam, nacido en 1973, Tánger, Marruecos, vive en régimen de aislamiento y es el preso más famoso de España. Cumple condena en Teixeiro, La Coruña, como autor material del asesinato de 193 personas.
Salvo milagro, permanecerá entre rejas hasta 2044, tendrá 70 años, tras haber cumplido cuarenta de los cerca de 43.000 años a los que fue condenado.
Antes de los atentados
El 10 de julio de 2001, dos meses antes de los atentados del 11-S, Zougam fue investigado, a raíz de una comisión rogatoria francesa, en el curso de las actuaciones del juez Baltasar Garzón contra la célula española de Al Qaeda. Su domicilio fue registrado encontrándose en él:
- Anotaciones de los teléfonos móviles de Abdulrahman Alarnaot Abualjer, Amer Azizi y Said Chedadi, miembros de la célula de Abu Dahdah, condenados en 2006 por integración en organización terrorista por su vinculación con Al Qaeda.2
- Cintas de vídeo sobre la lucha islamista en Daguestán, otro con una entrevista a Osama Bin Laden, y vídeos en los que aparecían los hermanos Abedelaziz y Salaheddin Benyaich, procesado el primero y absuelto por el Tribunal Supremo al no considerar probado que fuese muyahidín, detenido el segundo en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca.
No fue procesado entonces, ante la insuficiencia de las pruebas.
El juicio del 11-M ¿a cuánta gente se ha condenado?
A lo largo de la instrucción del sumario, se detuvo a un total de 116 personas por su presunta relación con los hechos. De esos 116 detenidos, sólo 29 personas (9 de ellas españolas) llegaron a juicio.
¿Y cuántos de ellos fueron condenados por el 11-M? Pues hay exactamente 3 condenados por el 11-M: Jamal Zougham, Emilio Suárez Trashorras, y Otman El Gnaoui.
Jamal Zougam (1973, Tánger, Marruecos) Fue el primer detenido en relación con los atentados y más tarde acusado y condenado por participar en la colocación de las bombas el 11-M. Era socio y gerente de la tienda de telefonía móvil Jawal Telecom, de Lavapiés, desde la que suministró la tarjeta localizada en el teléfono móvil de la mochila de Vallecas, que condujo hasta los autores del atentado.
José Emilio Suárez Trashorras (Avilés, 1976) es un cooperador con banda terrorista, exminero y presunto confidente policial español, condenado a 34.715 años de cárcel por su participación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid facilitando los explosivos empleados en ellos.
Othman El Gnaoui (Tetuán, 1975) La acusación sobre Gnaouí en el atentado fue por participar en el traslado de los explosivos desde Asturias hasta una casa en Chinchón (provincia de Madrid), acondicionada por el propio El Gnaoui, en donde se montaron las 13 bombas utilizadas en los atentados.
La sentencia del juicio de la Audiencia Nacional lo condenó a 42.922 años de cárcel.
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Zougam, el 13 de marzo de 2004 fue detenido por su vinculación con los atentados del 11 de marzo y fue condenado como autor material de la matanza del 11-M por haber colocado una de las mochilas bomba en los trenes y participado en su fabricación proporcionando los teléfonos móviles empleados en su detonación.
Desde el primer momento Zougam se declaró inocente, declarando en el juicio que es imposible que pudiera estar en los trenes, pues «estaba durmiendo en mi casa» hasta las diez de la mañana, y los testigos que le reconocieron según él habrían incurrido en múltiples contradicciones, además de reconocerle solo después de haberle visto en televisión. También negó conocer al resto de los implicados y declaró no tener relación con las tarjetas de telefonía, responsabilidad, según dijo, del socio de la tienda. Preguntado por su abogado dijo condenar los atentados.
Solo un condenado por colocar una bomba: Jamal Zougham. A los otros dos se los condenó por participar en el suministro de explosivos, pero no por la colocación de las bombas.
Todos los demás condenados, un total de 15, lo han sido por diversos delitos (p.ej. falsificación, tráfico de explosivos, ...), pero no por los hechos del 11-M.
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Documental completo en Español del cineasta francés Cyrille Martin |
Entrevista al cineasta francés Cyrille Martin
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“El Gobierno de Aznar me pidió que asumiera su mentira sobre el 11-M”
El comisario y jefe de los Tedax (unidad de desactivación de explosivos) cuenta cómo se fraguó la mayor manipulación informativa tras el peor atentado terrorista de España
El 11 de marzo era jueves y el domingo había elecciones generales. Al parecer, uno de los asesores del presidente Aznar le dijo: “Si ha sido ETA barremos, pero si son los yihadistas ganará el PSOE”.
A partir de que en Moncloa se hablara en esos términos, empiezan los comunicados adjudicando la autoría a ETA.
¿Cómo podía el Gobierno mantener la mentira?
R. Pues no lo sé. Pero desde que los Tedax consiguen desactivar la bomba de Puente de Vallecas, en la madrugada del día 12 —un hecho de suma importancia—, se obtiene la tarjeta del móvil utilizado como sistema de activación de la bomba. Esa tarjeta llevó a los servicios de investigación directamente a Lavapiés. Por otro lado, los detonadores y el explosivo hallados en la furgoneta nos llevaron a una mina de Asturias, lo que permitió establecer las conexiones entre los autores del atentado. Pero es que, además, cualquiera que haya trabajado el terrorismo de ETA sabe que una organización autóctona, que necesita el apoyo social para subsistir, no puede cometer un atentado con víctimas indiscriminadas, porque inmediatamente sería aniquilada por la colaboración de la propia gente de su organización.
P. ¿Quién diría que alimentó la mentira?
R. Lo ignoro. Si bien es cierto que a medida que se acercaba la comisión de investigación parlamentaria, algunos periodistas, como Pedro J. Ramírez, Casimiro García-Abadillo, o Jiménez Losantos, comenzaron a difundir teorías para tratar de mantener la relación de los atentados con ETA.
Fueron creando lo que luego se llamó las “teorías de la conspiración”. Llegaron a decir cosas tan delirantes como que la mochila que contenía la bomba hallada en Puente de Vallecas la tenía yo en la cocina de mi casa.
El objetivo era hacer creer que la policía estaba detrás de una conspiración contra el Gobierno de Aznar. Una estrambótica idea que mantuvieron durante 10 años y que estaba centrada en la actuación de los Tedax, de otras unidades policiales y también de la Fiscalía y la judicatura.
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Madrid celebra su homenaje a las víctimas del 11-M en Sol mermado y con número reducido de invitados
Suspendido el homenaje del 11M en Atocha a causa del coronavirus
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