El actual gobierno municipal pidió celeridad a la justicia para la resolución de este caso en julio de 2018.
En noviembre de 2019 la jueza aplazó el lanzamiento y lo fijó para el mes de febrero de 2020, fecha en la que se volvió a aplazar hasta situar nuevamente la fecha de cara al 30 de septiembre debido al estado de alarma.
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El Ayuntamiento de Arona, a través de sus áreas de Seguridad, Servicios Públicos y Servicios Sociales, ha activado un dispositivo para apoyar la orden judicial de lanzamiento del centro comercial okupado en el paseo de Los Tarajales de Los Cristianos, un lanzamiento impulsado por los propietarios de este inmueble, al tratarse de una propiedad privada, y en el que la corporación juega un papel auxiliar en materia de seguridad y de asistencia a quienes allí pernoctan, desde el punto de vista social.
Precisamente, hoy dos patrullas de la Policía Local responderán a la petición realizada por la Policía Nacional para apoyar el dispositivo de este cuerpo y permitir la actuación de la comitiva judicial que llevará a cabo el desalojo.
Por su parte, Servicios Sociales lleva ya activado desde el primer anuncio, trasladando a sus técnicos hasta la zona para trabajar con las personas que pernoctan en este centro comercial, informándoles de los recursos y ayudas a su disposición, todo ello de manera preventiva y para anticiparse a las diferentes situaciones que se puedan producir. Entre otros recursos, se reforzará el que da alimentos a personas sin hogar en el municipio de Arona.
Se ha producido una reunión con trabajadores sociales en la que han participado, además, el subcomisario jefe de la Policía Local, David Oliva, y los concejales portavoz del gobierno municipal, Leopoldo Díaz Oda, de Servicios Sociales, Elena Cabello, Promoción de la Salud, Pura Martín, y Servicios Públicos, José Luis Gómez.
Un amplio dispositivo policial de más de 30 agentes supervisan la salida de 25 personas, todas en situación de vulnerabilidad.
Desde primeras horas de este miércoles agentes de la Policía Nacional -unos 30 agentes- acordonaban la zona del CC Los Tarajales (Tenerife) para proceder al desalojo de unas 25 personas que okupaban el edificio desde hacía cinco años, todo en situación de vulnerabilidad.
Deberán desalojar y dejar libres todos los locales que integran en citado Centro Comercial, conforme a los artículos 703 y 704 de la LEC, en el plazo de un mes, bajo apercibimiento de que si no se verifica lo anterior, se procederá a su lanzamiento el próximo día 30 de septiembre de 2020 a las 10,00 horas, y para que en el mismo plazo retiren todas los cosas que hubiera en su interior.
Se autoriza expresamente a la Comisión Judicial a utilizar todos los medios a su alcance y aunque se encuentren con los locales cerrados o se les impida la entrada, se lleve a cabo la misma con el apoyo de las fuerzas de seguridad pública, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Arona.
Este centro comercial, ocupado desde hace varios años, ofrece una imagen dantesca y que daña gravemente la imagen de la zona turística de Los Cristianos, perjudica la calidad de vida de los vecinos y turistas que nos visitan, y afecta negativamente a los empresarios de la zona, que llevan tiempo pidiendo que se solucione este problema.
«Cómo es posible que algunos ocupas tengan en su documentación personal, que su lugar de residencia es un Edificio Ilegal y andan tan panchos».
Según algunas personas que están viviendo en dicho Edificio, comentan lo mismo de siempre, “No somos okupas, somos ciudadanos del mundo”.El Padrón Municipal es el registro Administrativo donde figuran los habitantes de un Municipio y en este caso, hablamos del sur de Tenerife, en Arona.
Los datos constituyen una prueba de la residencia en el Municipio y del domicilio habitual en el mismo y algunos empresarios preguntan, como han podido obtener dicha documentación, pero según la ley toda persona que viva en España tiene la obligación de empadronarse en el municipio donde resida.
El Ayuntamiento de Arona afirma que efectivamente, en el año 2008, hace más de una década, algunas de esas personas fueron empadronadas en el municipio de Arona.
El actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arona comparte la preocupación de los empresarios y por ello instó públicamente a la Justicia a agilizar los trámites que permitan a los propietarios privados del centro comercial proceder al desalojo.
Empadronamiento.
Para solicitar el empadronamiento hay que acreditar que resides en un domicilio del municipio en el que te quieres registrar y lógicamente en el Edificio están viviendo y es verdad que las certificaciones de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.
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Canarias registra más de 100 viviendas públicas ‘ocupadas’
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| El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez |
Según cifras del Ministerio del Interior, ha señalado que en el primer semestre del año ha habido 300 denuncias en el archipiélago, a casi dos ocupaciones por día.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez ha criticado que se tarden “meses o años” en recuperar la posesión de la vivienda y advertido de que la ocupación de viviendas, incentivada desde 2014 “por ayuntamientos podemitas”, ataca “la línea de flotación” de la propiedad privada.
Pérez ha dicho que el ordenamiento jurídico español “no resuelve el problema” y por ello ha defendido la proposición de ley presentada por su grupo en el Congreso que promueve desalojos en 24 horas o que los ‘okupas’ no puedan empadronarse.
Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que es “urgente” acabar con la “delincuencia organizada” que ocupa viviendas con “fines lucrativos” y a través del “engaño y la extorsión”, situaciones que también generan un “deterioro” en la convivencia de los vecinos.
Ha lamentado la “impotencia” de los propietarios y pedido que se pueda recuperar el inmueble “de manera inmediata” porque están “desamparados” ante la ley.
Jesús Ramos (ASG) ha apuntado que “algo ha estado fallando” en los últimos años para que haya crecido este “problema social”, distinguiendo también entre las “mafias” y las familias necesitadas que buscan un techo y pidiendo la construcción de más viviendas protegidas y alquileres sociales “asequibles”.
“PERSEGUIR LA POBREZA”, SEGÚN EL PSOE
Francisco Déniz (Sí Podemos) ha cargado también contra la “delincuencia organizada” pero ha advertido de que “intencionadamente se confunde la verdad” ya que entre los ‘okupas’ hay “situaciones diversas” y se debe evitar que la población caiga “en el miedo, el pánico y el alarmismo”.
Así, ha pedido un aumento en la construcción de vivienda pública y que se faciliten alquileres sociales, mostrando su pesar por que en Canarias haya 123.000 viviendas vacías, la mayoría de bancos o ‘fondos buitre’.
Carmen Hernández (NC) ha pedido “que caiga todo el peso de la ley” con las ocupaciones ilegales pero ha advertido de que cuando hay un desahucio de familias vulnerables, muchas acaban viviendo en cuevas o infraviviendas, albergues o se envían a los hijos con los abuelos y los padres se quedan en los coches.
La diputada ha reconocido que construir vivienda pública tarda entre dos o tres años y no se puede esperar, al tiempo que se preguntó “como es posible” que haya viviendas públicas vacías con 17.000 demandantes.
Pablo Rodríguez, del Grupo Nacionalista, ha reconocido que hay una “amplia casuística” y entiende que el “problema más grave” es agilizar los desalojos con rapidez y más a largo plazo, tener una política “integral” de vivienda. “Canarias tiene un parque público viejo pero inmenso y necesitamos construir viviendas”, ha destacado.
Nayra Alemán (PSOE) ha criticado los “titulares que generan miedo” y la “fábula” de que los juzgados no hacen nada, pues las demoras en los desalojos se deben a la falta de recursos, y ha rechazado que se quiera “perseguir la pobreza”.
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