LAWFARE: "El uso de la ley como arma de guerra".
Qué es el ‘lawfare’ y cómo (no) podemos evitarlo
Fusión de law (ley, en inglés) y warfare (actividad de guerra, war es guerra), esta expresión de origen militar se emplea desde finales del siglo XX para referirse al uso abusivo de la justicia para perjudicar o desactivar a un oponente. (fare es tarifa, precio del billete)
Es la estrategia de utilizar (o abusar) de la
ley como sustituto de medios militares tradicionales para alcanzar un
objetivo operacional.
La expresión no es novedosa, ya había sido utilizada anteriormente en alguna ocasión.
Aparece
por primera vez en los años setenta en un estudio australiano sobre la
forma en la que en los países democráticos se producen auténticos golpes
de Estado que resultan más aceptables para la población porque no se
plasman en pronunciamientos militares sino en decisiones de los
tribunales.
Se populariza gracias a la obra del estratega y
general estadounidense Charles Dunlap, que aconsejaba a su país acudir a
la guerra jurídica como un mecanismo de defensa más práctico y menos
llamativo que el militar.
En España ha habido casos graves de lawfare desde la Justicia. Como el del juez Salvador Alba contra la juez Victoria Rosell para frustrar su carrera de diputada en Podemos; y el del juez Javier Gómez de Liaño contra Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián en el asunto Sogecable, para laminar al grupo que edita este periódico.
Ambos fueron condenados por prevaricar: Alba, condenado a prisión; Liaño, inhabilitado como juez. Puede haber más, también en las causas catalanas. Pero es la Justicia, y solo ella, la competente para investigar y sancionar a sus propios corruptos, según el principio de su independencia y sujeción en exclusiva al “imperio de la ley”, pilar de la Constitución (artículo 117).
También hay casos de hipotético o probable uso indebido, o intento de torcer al poder judicial, desde fuera: desde la política o los grupos de interés, con denuncias o pruebas falsas y otros medios.
El dirigente del PP Ignacio Cosidó explicó así a sus senadores, en 2018, un pacto para el poder judicial: “Controlaremos la Sala Segunda [del Supremo] desde detrás, es una jugada estupenda”.
Y el exministro de Interior del PP Jorge Fernández Díaz aseguró en 2014 al jefe de la oficina catalana antifraude: “Esto la fiscalía te lo afina, hacemos una gestión”. La veintena de querellas vacías a Podemos y las ocho acusaciones a Ada Colau ya archivadas quizá sean delictivas.
En definitiva, se trata de aniquilar al adversario político no ya mediante la fuerza física, sino consiguiendo que un juez sentencie que ha cometido un delito, aunque para ello haya que cambiar o manipular las leyes en vigor.
El recelo lógico viene de esas cesiones que se hacen a costa del dinero
de todos y la democracia de todos (ese lawfare es un precedente de lo
que puede venir si se empeñan los grupos muy minoritarios con los que se
ha pactado)
What is 'lawfare' and how can we (not) avoid it?
A fusion of law and warfare, (warfare is the activity of fighting a war), this expression of military origin has been used since the late 20th century to refer to the abusive use of justice to harm or disable an opponent.
It is the strategy of using (or abusing) the law as a substitute for traditional military means to achieve an operational objective.
The expression is not new, it has been used before.
It first appeared in the 1970s in an Australian study on how in democratic countries genuine coups d'état take place that are more acceptable to the population because they do not take the form of military pronouncements but of court decisions.
It is popularised by the work of the American strategist and general Charles Dunlap, who advised his country to resort to legal warfare as a more practical and less conspicuous defence mechanism than military warfare.
In Spain there have been serious cases of lawfare from the judiciary. Such as that of Judge Salvador Alba against Judge Victoria Rosell to frustrate her career as a member of Podemos; and that of Judge Javier Gómez de Liaño against Jesús de Polanco and Juan Luis Cebrián in the Sogecable affair, to laminate the group that publishes this newspaper.
Both were condemned for prevaricating: Alba, sentenced to prison; Liaño, disqualified as a judge. There may be more, also in the Catalan cases. But it is the judiciary, and only the judiciary, that is competent to investigate and punish its own corrupt individuals, according to the principle of its independence and exclusive subjection to the "rule of law", a pillar of the Constitution (article 117).
There are also cases of hypothetical or probable misuse, or attempts to twist the judiciary, from outside: from politics or interest groups, with false allegations or evidence and other means.
PP leader Ignacio Cosidó explained a pact for the judiciary to his senators in 2018: "We will control the Second Chamber [of the Supreme Court] from behind, it's a great move".
And former PP Interior Minister Jorge Fernández Díaz assured the head of the Catalan anti-fraud office in 2014: "The public prosecutor's office will fine-tune this for you, we will manage it". The twenty or so empty complaints against Podemos and the eight charges against Ada Colau that have already been shelved may be criminal.
In short, the aim is to annihilate the political adversary not by physical force, but by getting a judge to rule that he has committed a crime, even if this means changing or manipulating the laws in force.
The logical suspicion comes from these concessions that are made at the cost of everyone's money and everyone's democracy (this lawfare is a precedent of what may come if the very minority groups with which the agreement has been made insist).
***
El relato épico de la hazaña que al parecer ha sido llegar a este pacto
Un acuerdo al borde del precipicio
Después de días eternos de discusión, en los que los socialistas insistían en que ese concepto no se puede dar por hecho, porque implicaría acusar de prevaricación a los jueces, y Junts porfiaba en que sí existe y es una evidencia, el miércoles 8 de noviembre, el día en que se cerró el acuerdo, llegó la solución.
Los socialistas aceptaron una alambicada redacción en la que se habla de lawfare, algo que ha indignado a los jueces, pero no como una realidad sino como una hipótesis.
Lo pactado es que si durante las comisiones de investigación que están previstas en el Congreso se demuestra que el Gobierno de Mariano Rajoy con la llamada policía patriótica o alguien en el Estado fabricó pruebas falsas o maquinó para implicar a los independentistas en procesos injustos, se dará cuenta a la justicia para que actúe y se plantearán posibles reformas legales.
Pero la redacción quedó imposible: “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Con eso, el acuerdo estaba hecho y el PSOE tenía una investidura, pero a cambio se le organizó una crisis con los jueces, incluidos los progresistas, que tuvo que salir a sofocar garantizando que en ningún caso el Parlamento revisará ninguna sentencia, un anatema anticonstitucional que supone romper la separación de poderes.
Como siempre, los socialistas confían en que el tiempo irá dejando estas polémicas atrás y quedará lo más importante, según su visión: que hay Gobierno progresista y que han logrado reincorporar a Junts a la política y, con ello, acercarse a una posible solución al conflicto de Cataluña.
La amnistía supone un desgaste enorme, nadie lo niega, pero en el PSOE confían en que cuando se vean los resultados, la ciudadanía, al menos la progresista, la acabe asumiendo.
“Hay mucha gente a la que esto le cuesta emocionalmente. También pasó con los indultos. Pero con el tiempo lo entenderán. Claro que no hay entusiasmo. Es como pasar por quirófano, no te entusiasma, pero sabes que tienes que hacerlo.
La gran pregunta es si esto va a curar o agravar la enfermedad. ¿Esto reforzará al independentismo? Nosotros creemos que no. La respuesta llegará con el tiempo. ¿Puede salir mal? Sí, pero vale la pena intentarlo para resolver el problema en Cataluña”, resume una persona cercana a Sánchez.
Con el texto del lawfare ya pactado, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y Jordi Turull, su homólogo en Junts, cerraron el acuerdo a las tres y media de la mañana del miércoles al jueves, con la negociación técnica dirigida desde Madrid por Félix Bolaños, obsesionado con frenar cualquier exceso para que la ley fuera inapelable constitucionalmente.
Un fiasco en eso sería letal, y aún quedan muchos filtros por pasar. “Ha sido difícil pero ya está. Ahora esperemos que esto perdure”, se dijeron, pensando en los cuatro años que vienen. Al fin ambos pudieron volver a España, después de días alargando sus reservas de habitación en Bruselas. Turull incluso necesitó ir a comprar objetos de higiene personal y ropa nueva porque las conversaciones se estiraban y terminó las mudas de recambio.
Atrás quedaban decenas de horas de negociaciones desde la noche electoral e incluso antes. Ya en marzo, cuando aún no estaban convocadas las elecciones generalen, Cerdán pidió ayuda al PNV para reconstruir la relación con Junts, rota desde el procés. El PSOE ya sabía entonces que Junts podría ser imprescindible en el futuro, aunque aún no estaba definido el horizonte electoral.
El PNV le puso en contacto con Turull. Poco a poco, establecieron una relación que después escaló a Puigdemont, con el que Cerdán lleva viéndose con regularidad y en secreto desde agosto. Juntos, Puigdemont y Cerdán se han visto con el “verificador internacional”, el término que han pactado, en sendas citas en París y en Suiza.
El verificador, en realidad un grupo de personas que tendrá un coordinador cuyo nombre aún no se quiere hacer público, no entró en la negociación. Fue una toma de contacto para que aceptaran el encargo. Pero también ayudó a generar confianza.
Terminaba así la negociación más compleja de Pedro Sánchez, un político acostumbrado a jugar al límite que esta vez ha llegado más lejos que nunca. Para lograr su investidura, ha tenido que conceder la amnistía que siempre rechazó públicamente, incluso en plena campaña electoral, y ha comprometido hasta cinco mesas de diálogo diferentes.
Dos pactadas con ERC: una de gobiernos, la que ya existe, y otra de los dos partidos con un verificador; otras dos con Junts, con otro verificador internacional, una para el conflicto político y otra para cuestiones más económicas, y una última con el PNV, para hablar del encaje de Euskadi y una reforma del Estatuto vasco.
Sánchez y los suyos han logrado cuadrar el círculo y sobrevivir a la guerra independentista -―Junts cree que ellos han logrado más que los republicanos y estos últimos no entienden por qué ha retrasado tanto el acuerdo Puigdemont si era muy parecido al suyo― e incluso incorporar a Coalición Canaria, lo que deja muy solo al PP con Vox y UPN.
Los socialistas están convencidos de que el desgaste bajará en cuanto haya gobierno y los ciudadanos vean que el principal resultado de la negociación, además de la amnistía, es incorporar a todos los independentistas, o casi todos, al juego político. A todos les inquieta el acoso a las sedes, los movimientos en sectores ultras o los comunicados de rechazo al acuerdo de las asociaciones de la Guardia Civil.
El ruido es intenso, tanto que algunos veteranos señalan que no se había vivido nada así desde la Transición. Pero en el Gobierno están convencidos de que bajará e incluso de que el PP tendrá que replantear su estrategia si no quiere quedar fuera de juego.
La presión de la calle sorprende y agobia al PSOE
Nunca se habían visto imágenes como las de esta semana. Ni en los peores momentos de la legislatura maldita del 93 al 96, cuando la corrupción y el crimen de Estado asediaron al Gobierno de Felipe González.
Ni cuando el presidente Zapatero se rindió al mandato de austeridad de la troika e hizo trizas su proyecto social. Nunca la sede socialista de Ferraz ni las casas del pueblo de toda España habían sido acorraladas por miles de manifestantes airados.
Las concentraciones a las puertas del PSOE han sorprendido y alarmado a la dirección socialista. «Disolver a diario en las puertas de la sede a los manifestantes en medio de escenas de violencia no es una escena agradable, todos recordamos la campaña de las segundas elecciones del 19 en Barcelona, todas las noches pegados a la tele por los incendios de Tsunami contra la condena de los del procès, y rezando para que cesara la violencia», señalan los socialistas que recuerdan con horror aquella campaña.
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The epic tale of what seems to have been an epic feat of reaching this pact
An agreement on the brink
After endless days of discussion, in which the socialists insisted that this concept cannot be taken for granted, because it would imply accusing the judges of prevarication, and Junts insisted that it does exist and is evidence, on Wednesday, the day the agreement was reached, the solution was reached.
The socialists accepted a convoluted wording in which there is talk of lawfare, something that has outraged the judges, but not as a reality but as a hypothesis.
What was agreed is that if during the commissions of investigation that are planned in Congress it is shown that Mariano Rajoy's government with the so-called patriotic police or someone in the state fabricated false evidence or plotted to implicate the pro-independence supporters in unjust processes, the justice system will be informed so that it can act and possible legal reforms will be considered.
But the wording remained impossible: "the conclusions of the commissions of enquiry that will be set up in the next legislature will be taken into account in the application of the amnesty law insofar as they could lead to situations that fall under the concept of lawfare or the judicialisation of politics, with the consequences that, where appropriate, could give rise to actions of responsibility or legislative modifications".
With that, the deal was done and the PSOE had an investiture, but in return a crisis with the judges, including the progressive ones, was organised, which it had to go out and quell by guaranteeing that under no circumstances would Parliament review any judgement, an unconstitutional anathema that implies breaking the separation of powers.
As always, the Socialists are confident that time will leave these controversies behind and that the most important thing will remain, in their view: that there is a progressive government and that they have managed to reincorporate Junts into politics and, with it, come closer to a possible solution to the conflict in Catalonia. The amnesty is a huge drain, no one denies that, but in the PSOE they are confident that when the results are seen, the public, at least the progressive public, will end up accepting it.
"There are many people who find this emotionally difficult. It also happened with the pardons. But in time they will understand. Of course there is no enthusiasm. It's like going under the knife, you're not excited about it, but you know you have to do it.
The big question is whether this will cure or aggravate the disease. Will this strengthen independence? We don't think so. The answer will come in time. Can it go wrong? Yes, but it is worth a try to solve the problem in Catalonia", summarises a person close to Sánchez.
With the text of the lawfare already agreed, Santos Cerdán, secretary of organisation of the PSOE, and Jordi Turull, his counterpart in Junts, closed the agreement at half past three in the morning from Wednesday to Thursday, with the technical negotiation directed from Madrid by Félix Bolaños, obsessed with curbing any excesses so that the law would be constitutionally unappealable.
A fiasco in that would be lethal, and there are still many filters to pass. "It's been difficult but that's it. Now let's hope it lasts," they said to each other, thinking of the four years ahead. At last they were both able to return to Spain, after days of extending their room reservations in Brussels. Turull even needed to go shopping for toiletries and new clothes because the conversations were stretching and he finished the spare changes.
Dozens of hours of negotiations since election night and even before were left behind. Back in March, when the general elections had not yet been called, Cerdán asked the PNV for help in rebuilding the relationship with Junts, which had been broken since the procés. The PSOE already knew then that Junts could be indispensable in the future, although the electoral horizon had not yet been defined.
The PNV put him in contact with Turull. Little by little, they established a relationship that later escalated to Puigdemont, with whom Cerdán has been meeting regularly and secretly since August. Together, Puigdemont and Cerdán have met with the "international verifier", the term they have agreed on, in two separate meetings in Paris and Switzerland.
The verifier, in reality a group of people who will have a coordinator whose name has not yet been made public, did not enter into the negotiations. It was a contact point to get them to accept the assignment. But it also helped to build trust.
Thus ended the most complex negotiation of Pedro Sánchez, a politician accustomed to playing on the edge, who this time has gone further than ever. To achieve his investiture, he had to grant the amnesty that he had always publicly rejected, even in the midst of the election campaign, and he has committed himself to five different dialogue roundtables.
Two agreements with ERC: one of governments, which already exists, and another of the two parties with a verifier; another two with Junts, with another international verifier, one for the political conflict and another for more economic issues, and a last one with the PNV, to talk about the Basque Country's place in the Basque Country and a reform of the Basque Statute.
Sánchez and his party have managed to square the circle and survive the pro-independence war -Junts believes that they have achieved more than the Republicans, and the latter do not understand why Puigdemont has delayed the agreement so much if it was very similar to theirs- and even incorporate Coalición Canaria, which leaves the PP alone with Vox and UPN.
The socialists are convinced that the wear and tear will decrease as soon as there is a government and the citizens see that the main result of the negotiation, apart from the amnesty, is to incorporate all the pro-independence supporters, or almost all of them, into the political game. They are all worried about the harassment of their headquarters, the movements in ultras sectors or the communiqués rejecting the agreement from the Guardia Civil associations.
The noise is intense, so much so that some veterans point out that nothing like this has been experienced since the Transition. But in the government they are convinced that it will go down and even that the PP will have to rethink its strategy if it does not want to be left out of the game.
Pressure from the street surprises and overwhelms the PSOE
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Never before have we seen images like those of this week. Not even in the worst moments of the cursed legislature from 1993 to 1996, when corruption and state crime besieged the government of Felipe González.
Nor when President Zapatero surrendered to the Troika's austerity mandate and tore his social project to shreds. Never before had the socialist headquarters in Ferraz or the houses of the people all over Spain been besieged by thousands of angry demonstrators.
The rallies at the gates of the PSOE have surprised and alarmed the socialist leadership. "Dissolving demonstrators daily at the gates of the headquarters amid scenes of violence is not a pleasant scene, we all remember the campaign for the second elections on the 19th in Barcelona, every night glued to the TV by the fires of Tsunami against the condemnation of those of the procès, and praying for the violence to stop", point out the socialists who remember that campaign with horror.
Spanish PM Sánchez set to stay in power with controversial Catalan amnesty deal
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El 50% de la compra de viviendas, por ejemplo en el sur de Tenerife, está en manos de extranjeros, que utilizan las mismas como residencia para uno o dos meses al año y luego las ponen en alquiler, sí, pero alquiler vacacional y no residencial.
Esta situación determina que muchos trabajadores del sector turístico terminen alquilando, cuando pueden, pisos en las medianías del sur – y compartidos, muchos de ellos- o incluso rechacen la oferta de trabajo por no disponer de alojamiento. Esta es una de las grandes razones, para explicar que sea difícil “hasta encontrar camareros para trabajar”.
Hay que impulsar una ley de vivienda, para protegerla de los inversores extranjeros, aunque esto topa con nuestra condición de miembros de la Unión Europea, de donde proceden el 95% de los que invierten en la compra de viviendas en Canarias y en Tenerife.
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