Caso Lasa y Zabala

La cal viva de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) eleva la tensión en el Congreso.

Las referencias al terrorismo que se cruzaron entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han provocado el momento de máxima tensión del debate de investidura.

"El señor Felipe González tiene el pasado manchado de cal viva", dijo Iglesias desde su escaño en uno de los turnos de réplica.

ETA, los GAL y los crímenes de Estado, que estaban desaparecidos de todos los debates, acababan de reaparecer en el Congreso de los Diputados. 

Antecedentes

El caso Lasa y Zabala fue el primer acto terrorista realizado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, fueron secuestrados, torturados y asesinados en 1983.

Según la sentencia del caso, en el año 1981 José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, ambos de 18 años, pertenecían a la banda terrorista ETA, formando parte, junto con Íñigo Alonso Uranga y otra persona sin identificar, del comando denominado Gorki.

En noviembre de 1981 Íñigo Alonso fue detenido cuando, con sus compañeros de comando, acababa de realizar un atraco en una entidad bancaria, mientras que los demás, tras enfrentarse a tiros con los miembros de la Policía, lograban darse a la fuga. A raíz de estos hechos Lasa y Zabala huyeron de España.

En el año 1983 se encontraban en Francia, residiendo en la localidad de Bayona; allí estaban en contacto con el denominado Comité de Refugiados, habían formulado peticiones de asilo político y, mientras se tramitaban, habían ido solicitando permisos de residencia, que les habían sido concedidos por distintos periodos de tiempo.

El 15 de octubre de ese año Lasa y Zabala fueron secuestrados en Bayona (Francia) por miembros del GAL. Fueron retenidos en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Siguiendo instrucciones del general Galindo, los llevaron al palacio de La Cumbre, en San Sebastián, donde fueron torturados. A la vista del estado en que quedaron, el general Galindo, con el conocimiento del gobernador civil Julen Elgorriaga y del teniente-coronel Ángel Vaquero, ordenó su asesinato y desaparición.

Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo les llevaron a Busot (Alicante), cavaron una fosa, y el primero les disparó tres tiros en la cabeza. Después los enterraron cubiertos con cal viva.

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 Unos huesos en cal viva

Ramón Soriano Poveda, escopeta al hombro, se ha adentrado por un paraje perdido de Busot. Sus perros no dejan de ladrar. Al acercarse, comprueba el motivo: una especie de fosa dejada al descubierto por la lluvia y la erosión, en la que aparecen unos huesos humanos. Antonio Bru, forense, confirma el macabro hallazgo: dos cadáveres cruzados, casi completos, con los ojos y la boca amordazados, con vendas con restos de mercromina en piernas y tórax, gasas, tiritas y, lo más sorprendente, 100 kilos de cal viva alrededor. Alguien tenía mucho interés en acelerar la descomposición de los cuerpos. Unos cuerpos vendados y ensangrentados. En sus cráneos se descubren impactos de bala.

La verdad se desentierra

Han pasado once años. De repente, el PP ha puesto la guerra sucia en primera plana informativa como batalla final para descabalgar al PSOE de La Moncloa.
Un veterano comisario de Alicante, Jesús García, relee los abundantes dossieres de prensa sobre los GAL. Y a su mente vuelve otra vez el hallazgo nunca esclarecido de Busot. Llama al forense Bru. Los restos enterrados en cal viva siguen en la morgue del cementerio.

El comisario se hace preguntas, y todas terminan en un sí. Las balas pertenecen a la marca Geco, las mismas que mataron a Oñederra en 1983 o a Perurena y Gurmindo en 1984. La fecha del secuestro de Lasa coincide con el intento de captura de Larretxea y el tormento de Marey. Y son dos personas, como los desaparecidos. Dema siadas casualidades.

En secreto total, se hacen las pertinentes pruebas de ADN. Son ellos. Han hecho falta once años, cinco meses y cuatro días para confirmar que Joxean Lasa y Joxi Zabala están muertos y enterrados a casi 800 kilómetros de casa.

Los descubrimientos reactivan la batalla entre PSOE y PP, y en este contexto aparecen testimonios como el de Ricardo García Damborenea, ex dirigente del PSOE ahora en el PP. Su confesión pone sobre la mesa la llamada «acta fundacional de los GAL».

El ex responsable del Cesid Juan Alberto Perote añade que él mismo avisó a sus superiores de que iban a comenzar los atentados contra refugiados. Fue el 28 de septiembre de 1983, apenas tres semanas antes de la desaparición de Lasa y Zabala.

Perote dice que su jefe, Alonso Manglano, escribió como respuesta: «Me lo quedo, Pte. para el viernes». Pero «Pte.» acabará siendo «pendiente» y no «Presidente».

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