España lleva años lastrada por una política de desokupación obsoleta que tan solo beneficia al delincuente y deja desprotegido al propietario.
El 75% de las ocupaciones ilegales de viviendas son cometidas por grupos organizados, por el respaldo -expreso o implícito- de los miembros del Gobierno PSOE-Podemos.
Así manipula la izquierda la realidad de la okupación en España
Una visión sesgada que, a su juicio, viene amparada por la propia clase política. "En general, la sociedad siempre va más rápido que los legisladores y este caso es un ejemplo más: los políticos siguen discutiendo sobre el allanamiento de morada, cuando en los últimos años hemos visto que la inquiokupación ha ido aumentando en detrimento de la primera.
Ahora mismo, lo más fácil es entrar en una casa con un contrato de alquiler y luego dejar de pagar y, aunque desde el punto de vista jurídico se considere un incumplimiento del contrato, está claro que es una okupación en toda regla".
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La okupación ilegal de viviendas crece año tras año en España al calor de una legislación demasiado laxa que obliga a los propietarios a pasar por un auténtico calvario judicial -tanto en tiempos como en forma- para recuperar sus casas.
La ley protege a los okupas hasta tal punto que el proceso para desalojarlos por la vía civil puede durar años. Y en
la Red hay muchos ‘manuales de okupación, manuales de okupación’, al acceso de cualquiera, donde se
detalla minuciosamente cómo entrar en una propiedad privada, sin dejar
margen a la improvisación.
La legislación española distingue entre okupación de una vivienda habitada y de una vivienda vacía.
En el primer caso, VIVIENDA HABITADA, el propietario dispone de un plazo de entre 24 y 48 horas para llamar a la Policía. Podrán desalojarlos entendiendo que es un delito flagrante, de allanamiento de morada, por lo que no es necesario una orden judicial. Si la Policía no consigue su objetivo, el propietario tendrá que solicitar judicialmente el desalojo de los okupas bien por la vía civil o por la penal.
Cuando se trata de una casa no habitada , o sea VIVIENDA VACÍA, se considera como un delito de usurpación, y sólo conlleva solamente una pena de multa.
Si se recurre al desalojo por la vía civil, técnicamente se llama desahucio por precario, cuyo procedimiento se modificó en julio de 2018 para agilizar los plazos”, la popularmente conocida como «ley antiokupas»- que nació con la vocación de acelerar los plazos y los trámites de los desalojos. El propietario sólo tiene que presentar una demanda en los juzgados acreditando que la propiedad es suya.
Después, los okupas disponen de un plazo legal de cinco días hábiles para demostrar que «ostentan legitimamente la posesión». Aunque la norma se vendiera en su momento como «exprés», lo cierto es que el tiempo ha demostrado que un propietario puede tardar más de un año en recuperar su vivienda.
«Lo que no se explica al ciudadano es que puede pasar hasta tres meses en admitir a trámite una demanda presentada, una vez que se admite, hay que notificarla, lo que suma otro mes o tres semanas.
En la praxis casi ningún plazo que depende del juzgado se cumple. No hay jueces, ni funcionarios, ni tampoco policías par cumplir los plazos legales que establece la modificación de 2018».
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¿QUÉ OCURRE EN OTROS PAISES?
En Francia hay penas de un año de prisión y multas de 15.000 euros para los infractores okupas, y las resoluciones de los casos son absolutamente rápidas: el desalojo se hace en 24 horas y la Policía judicial debe constatar la ocupación en 48 horas como máximo.
En Holanda, las penas pueden llevar al okupa hasta la cárcel, con un máximo de dos años y ocho meses. Aunque en el país naranja las leyes instan a los propietarios a que no tengan los inmuebles vacíos por más de un año, plazo en el que, de ser okupados, no podrían emprender acciones legales.
En Alemania, paradigma de la legalidad en muchos aspectos, las penas también pueden suponer cárcel, hasta dos años como máximo, y el desalojo se produce de manera eficaz, en 24 horas de plazo.
En el Reino Unido tienen desde 2012 una ley que permite a la Policía actuar directamente si el propietario consigue demostrar que es legítimo dueño. Eso sí, si el okupa se hace con la vivienda por más de diez años podría llegar a considerarse legalizado en su vivienda.
La ley española se ha convertido en una norma que ampara a los okupas, que ya se las saben todas y que tienen muy claro la forma de proceder al okupar un piso. En ocasiones el piso está vacío desde hace décadas, en otras, se trata de un inquilino que de pronto no puede seguir pagando el alquiler, pero en otras, el piso es una segunda vivienda, incluso primera, de alguien que ha salido a por tabaco y que ya no podrá volver a su domicilio.
A partir de ese momento, la Policía poco puede hacer y la Justicia es lenta y muy deteriorada para estos casos. Además de que contamos con un Gobierno de socialistas y sobre todo podemitas, muy conocidas sus costumbres de mimar a esta suerte de ‘clase’ social nómada y dedicada al allanamiento.
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REACCIÓN CONTRA LOS OKUPAS, UN FENÓMENO EN ALZA
Cuando la ley de un país no da respuesta ni garantías a los que la siguen y sí amparo a los que la quebrantan, el asunto se desborda.
Víctor, el hombre que echó con barras de hierro a la familia que okupaba su casa
Hasta hace menos de 48 horas, Víctor era un joven ingeniero de Murcia que permanecía bajo el completo anonimato. Hacía una vida normal junto a su mujer y sus dos hijas, trabajaba en su propia empresa, dedicada al sector del motor, y no se metía con nadie.
Sin embargo, durante la mañana del lunes, el joven pasó a ocupar las portadas de todos los medios digitales, convirtiéndose en el gran ‘héroe antiokupa’ tras lograr desalojar de su vivienda a una familia que se había instalado aprovechando la ausencia de los propietarios.
En el vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales y ha sido difundido de forma masiva, puede verse al joven irrumpiendo en el domicilio junto a dos amigos, armados con barras de hierro y objetos punzantes, para echar a los okupas.
Hasta tres años de prisión por intentar desokupar su propia casa
Pero, aunque parezca difícil creerlo, Víctor podría enfrentarse a penas de multa — e incluso prisión — por su “heroica” actuación. A pesar de ser el propietario de la vivienda, no seguir con el procedimiento jurídico establecido, que en muchas ocasiones suele ser lento, podría ser considerado un acto delictivo.
“Las personas que exigen justicia de forma individual y prescindiendo de los cauces legales y judiciales previstos podrían estar actuando de forma delictiva”.
SI LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA NO FUNCIONA Y LA INDIVIDUAL SE VUELVE CONTRA TI SOLO PUEDES RECURRIR A "EMPRESAS DESOKUPA"
La única solución es recurrir a empresas que se organizan al margen de la ley para solventar esta terrible problemática.
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miércoles, 23 de septiembre de 2020
España, ese País de mierda
España, ese País de mierda
No nos toca otra que aguantar mientras no surgan políticos que se pongan de acuerdo para que cambien las leyes.
Ejemplos los hay para aburrir y abochornar.
Una familia noruega lleva un año tratando de desalojar a los okupas de su chalet en Caleta de Vélez
Lisbeth y Jørn Hokholt son dos hermanos noruegos cuyos padres construyeron un chalet en Caleta de Vélez a finales de los años sesenta del pasado siglo. Desde pequeños ambos han pasado las vacaciones en él.
Cuando fueron adultos, han seguido viniendo con sus hijos y, en los últimos años, incluso con sus nietos. Casa Elsa era el paraíso para esta familia residente en Oslo, que al menos una vez al año acudía a este rincón de la Axarquía para descansar.
Sin embargo, desde hace un año, la vivienda está okupada por varias familias con hijos pequeños. Fueron unos vecinos los que los alertaron de esta situación. A los tres días se desplazaron desde Noruega.
Ahí comenzó «una pesadilla» que todavía perdura. El último juicio en Vélez-Málaga, celebrado el pasado jueves, fue aplazado al próximo 12 de noviembre, ya que no se había designado a un abogado de oficio para los okupas.
«Es un caso absolutamente indignante, un cúmulo de despropósitos, de dejación de funciones y de errores judiciales», resume el abogado.
«Para empezar, la Policía Nacional que recogió la denuncia no se desplazó a la casa hasta que fuimos en diciembre, tres meses después«, explica. »Los agentes nos dijeron que los okupas eran viejos conocidos, gente violenta, y que era mejor no enfrentarse a ellos«, apostilla.
La ocupación ilegal de viviendas y el procedimiento penal para recuperar la posesión
una frase empleada por Concepción Arenal:
“Las malas leyes hallarán siempre, y contribuirán a formar, hombres peores que ellas, encargados de ejecutarlas”
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OTRAS FORMAS DE OCUPACIÓN MENOS VIOLENTAS PERO IGUAL DE TRAUMÁTICAS
SE ALQUILA LA CASA A PERSONA APARENTEMENTE DE CONFIANZA, ESTA DEJA LA
CASA Y LE PASA LAS LLAVES A OTRA PERSONA QUE SE INSTALA CAMBIANDO LA
CERRADURA
Una abuela de 88 años que ya no puede vivir sola ni subir tres pisos de
escaleras se va a casa de su hija, contrata a una sudamericana para que
le atienda y en pago por sus servicios le ofrece en alquiler su casa
con la condición de que no la comparta con nadie y se la cuide.
Esta más tarde deja su trabajo y le pasa el piso a su hermana que cambia
la cerradura y se instala con 3 niños, empiezan los pleitos legales
para que se vaya.
Ya han transcurrido más de dos años, a día de hoy septiembre 2020
existe dictamen favorable pero no se ejecuta ninguna sentencia.
Ahí sigue la okupa tan ricamente, con gas, luz y casa gratis, mientras
tanto la
abuela con su angustia y desesperación a mantener con su escasa pensión
los gastos y pleitos de la casa, y a tener que vivir de acogida en casa
de su yerno.
Jueves, 12 de noviembre de 2020
#MarianaSeQueda - Mierda de prensa amarilla
La verdadera historia de la sinvergüenza Mariana
¿Qué pasaría si esa abuela de 88 años no tuviera una hija que la acoje en su casa, acaso debería estar durmiendo en la calle?
Y vamos a dejar el tema de mezclar sufrir violencia de género cuando se ha estado aprovechando de vivir a costa de tres padres distintos por cada una de sus hijas.
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Respuesta de Luis de la Cruz a mí queja por su artículo en (elDiario.es)
En
relación a su queja sobre el artículo que he escrito y sus aportaciones
a las informaciones que hay en el mismo, me gustaría que comprendiera
que no es en absoluto un artículo que pone en duda las razones legales
del desahucio ni, faltaría más, la situación de su abuela, sino que
trata principalmente sobre si es posible un desahucio de una familia
vulnerable en este contexto en el que se dictó un decreto para que, en
teoría, no se pueda hacer por las especiales circunstancias que vivimos.
Es este un momento un debate social promovido por la PAH y otros
colectivos que se ocupan del tema. En segundo lugar, el artículo
personaliza en cómo es el proceso de intento de paralización de un
desahucio de estas características.
En sus tuits ¿no tengo ni uso tuit? insiste
en que no se trata de una familia vulnerable (aduciendo incluso que sus
hijos pertenecen a distintos padres, punto que no acabo de entender y
que además personalmente me incomoda bastante meter por medio, la
verdad).
En este punto
debo decirle que he tenido a la hora de escribirlo acceso a la
documentación facultativa que afirma que sí existe esa vulnerabilidad y
es lo que doy por bueno en el artículo, además de la situación
acreditada también de tener tres hijos a su cargo y que si bien ha
tenido trabajo ahora no lo tiene.
En todo caso, insistirle en
que, y esto es ya algo personal, deseo que la situación de su abuela se
solucione inmediatamente, pero deseando a la vez que exista una
alternativa habitacional para esta otra familia.
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Con su permiso vamos a analizar su artículo
#MarianaSeQueda: ¿Puede una familia vulnerable ser desahuciada en tiempos de Covid?
El viernes 13 de noviembre está previsto el desahucio de una familia con tres niños en el barrio de Valdeacederas. El grupo Tetuán Resiste ha convocado a la puerta de la vivienda a las 7.30 h.
Luis de la Cruz
Historiador
escribiendo noticias. Fundador del primer y más leído periódico
hiperlocal en España Somos Malasaña que está creciendo junto a otros
medios para formar Somos Madrid. Puedes escribirme a luis.delacruz
@somosmalasana.com
Tres hijos, (hijas) de 3, 12 y 15 años. (de padres distintos, niñas a las que abandonaba para irse a la discoteca cuando el cuerpo le pedía marcha, pregunte si no es cierto a su hermana María, pregunte) Una madre, Mariana Cardoso.
Nadie más en su casa (los vecinos circunstanciales están hartos de Mariana y tienen otra opinión de la actividad en la casa, pregunte) de la calle Gardenias (9), en el barrio de Valdeacederas, donde llevan viviendo tres años de alquiler. (¿un alquiler, de qué? es una okupa que engaño a su hermana para meterse en la casa.
Y un grupo de vivienda del barrio, Tetuán Resiste, para apoyar a esta familia, que se puede quedar en la calle el próximo viernes 13 de noviembre. (No se dice nada de la propietaria, una abuela de 88 años que desde hace tres años no puede volver a su domicilio por respetar las leyes y confiar en la justicia)
¿Cuánto se tarda en desahuciar a un inquilino?
Respuesta: 1.095 días en este caso
Este día está previsto el segundo intento de desahucio de #MarianaSeQueda (esta es la nomenclatura clásica de los casos de desahucios en redes), después de que lograran que se suspendiera el anterior intento el pasado 14 de octubre.
Cuando un caso de desahucio llega a un grupo de vivienda de barrio se pone en marcha un ciclo de trabajo aprendido durante los últimos años que atiende muchos frentes y que, solo en última instancia, toma la forma de convocatoria a las puertas de la casa a desahuciar con la que nos hemos familiarizado a través de los medios.
Un trabajo de
mediación y acompañamiento con entidades bancarias y caseros, con los
trabajadores sociales, en el juzgado… Aquí no
hay banco, ni fondos buitre, sino una modesta vivienda de una anciana a
la que le han arrebatado su casa con malas artes y se ha visto
necesitada de refugiarse en casa de su hija sopena de quedar en la
calle)
Este fue también el recorrido del caso de Marina: en octubre se consiguió un informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales.
Tanto
la abogada de oficio, como la persona de Servicios Sociales piensan que
es una sinvergüenza y deberían quitarle a sus hijos, pregunte...)
El adjetivo vulnerable no es negociable: una familia monoparental con tres hijos a cargo de una madre víctima de violencia de género. Una casa en la que el único ingreso provenía del trabajo de Mariana, cuyo contrató ha finalizado el pasado 30 de octubre. Sin una alternativa habitacional.
Paralelamente, Mariana solicitó la suspensión del lanzamiento por un mes. Respuesta: “No ha lugar a suspender el lanzamiento el día 14 de octubre de 2020 a las 13 h.” Como en tantas ocasiones, no queda más remedio que convocar al vecindario y a los activistas. #Stopdesahucio.
Estamos
incitando a los bienintencionados mezclando casos en que tal vez haya
una injusticia con otros de sinvergoncería, hay que ponerse en el lugar
de todas las personas, ¿en el caso de la abuela quién se pone? (Por qué
los bienintencionados no alojan a Mariana y sus hijas en su casa si
tanto la defienden)
Como otras veces, hay que llegar a este momento, tenso, muy tenso, para que se produzca un aplazamiento in extremis de un mes. (estamos llamando a las barricadas, creo que nos estamos confundiendo de trinchera)
¿Qué pinta en todo esto la PAH?
El escribir artículos sensacionalistas entra más en el apartado de "prensa amarilla", línea que no recomiendo deba seguir su periódico, y a Usted si yo fuera juez le condenaría a purgar sus pecados acogiendo durante tres años a la sinvergüenza de Mariana (aunque solo sea por sus hijas que no tienen la culpa)
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Más telebasura o telemierda en teleMadrid
Esta mañana de viernes, Mariana y sus tres hijas de 3, 12 y 15 años tendrán que abandonar su casa para siempre ya que previsto su desahucio. Esta mujer no tiene trabajo ni ingresos y hasta ahora, tampoco dispone de una vivienda, pero va a ser desahuciada pese a que el Gobierno ha decidido paralizar los desahucios mientras dure la pandemia.
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| enlace TeleMadrid |
(lo que dice el artículo de TeleMadrid que entrevista a la sinvergüenza y ni duda ni lo comprueba.
¿Por
qué no entrevistas, hijo de ..., a la abuela de 88 años que se está
muriendo de pena, sin su piso y además viendo que sus pocos ahorros de
la cartilla desaparecen con todos los gastos de casa y pleitos?
El
piso es de una señora de más de 80 años que tiene más pisos alquilados
por todo Madrid por lo que no se le perjudica demasiado. vamos echa mierda
La señora es una abuela de 88 años con una única vivienda en un barrio obrero y una pensión de 500 euros que estaría ahora durmiendo en la calle si no fuera por su hija que la tiene recogida en casa de su yerno en Tenerife.
Esta sinverguenza lleva 3 años viviendo sin pagar nada, entró en el piso engañando a su hermana, se ha hecho fuerte ahí amparándose en esta legislación de mierda que protege a los sinvergüenzas como a ella. No ha presentado ninguna demanda de violencia de género, como se puede comprobar y es más vive a costa de los tres padres.
Al parecer a la dueña le pagaban en efectivo y no acreditaba de ninguna manera que le estaban pagando el alquiler. mierda
Incluso el abogado de Podemos o lo que sea, ha prevaricado diciendo que él vio como le pagaban a la propietaria. (hasta que extremos se puede llegar con tal de manipular)
Pero
al parecer son los hijos de la dueña los que quieren echarla del piso
en el que vive desde hace tres años para subir el alquiler, que ahora
está en 450 euros. más mierda
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Después del desalojo ¡La casa ha quedado como un solar, la ha vaciado, se lo ha llevado todo, hasta los enchufes de las paredes!
SINVERGÜENZA Y ADEMÁS LADRONA
Si realmente tiene que ir a un albergue porque no tiene un sitio para vivir, dónde están todos los muebles de la casa.
Por favor, que vuelva la sensatez, ya no puedo más con tanta indignidad, falsedad y manipulación informativa ...
http://coordinadoraviviendamadrid.com/vie-13-noviembre-2020-marianasequeda-niundesahuciomas/
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| https://twitter.com/sergiohg_27/status/1327159635518906369 |
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| https://twitter.com/phierrecom/status/1327294576110030851 | |
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España, ese País de mierda
(dónde los políticos miran para otro lado, o peor, intentan convencernos de que son casos aislados y que no es necesario cambiar las leyes)
LO MÁS URGENTE ES ARREGLAR EN ESTE PAÍS LA JUSTICIA "AGILIZANDOLA"
Y PARA ELLO AHORA QUE SE VAN A DISCUTIR LOS PRESUPUESTOS
"HAY QUE DOTAR A LA JUSTICIA DE LOS RECURSOS NECESARIOS"
En 2019 se destinaron a Justicia 1.869 millones de euros la cuarta cifra más pequeña de las transferencias ordinarias
Así se reparten los Presupuestos Generales del Estado de 2019
El presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2019 a 472.660 millones de euros
Las transferencias corrientes, por su parte, es el capítulo con mayor dotación, con un importe de 261.961 millones de euros
SEGURIDAD SOCIAL
153.864 millones de euros un 6,2% más que en 2018.
DEUDA PÚBLICA
31.398 millones de euros
Los intereses de la deuda soberana representan el 2,5% del PIB
PRESTACIONES POR DESEMPLEO
18.102 millones de euros
INFRAESTRUCTURAS
10.029 millones de euros
DEFENSA
8.500 millones de euros
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
7.761 millones de euros
INVESTIGACIÓN CIVIL
6.729 millones de euros para Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
FOMENTO DEL EMPLEO
5.985 millones de euros para políticas de fomento del empleo
INDUSTRIA Y ENERGÍA
5.803 millones de euros
SANIDAD
4.292 millones de euros
EDUCACIÓN
2.722 millones de euros
JUSTICIA
1.869 millones de euros
CULTURA
953 millones
COMERCIO, TURISMO Y PYMES
908 millones de euros
VIVIENDA
679 millones
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miércoles, 30 de septiembre de 2020
Desalojo del CC Los Tarajales despues de 10 años
El lanzamiento del centro comercial lleva al menos más de diez años
pendiente de un litigio judicial por parte de sus propietarios.
El
actual gobierno municipal pidió celeridad a la justicia para la
resolución de este caso en julio de 2018.
En noviembre de 2019 la jueza
aplazó el lanzamiento y lo fijó para el mes de febrero de 2020, fecha en
la que se volvió a aplazar hasta situar nuevamente la fecha de cara al
30 de septiembre debido al estado de alarma.
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El Ayuntamiento de Arona, a través de sus áreas de Seguridad, Servicios
Públicos y Servicios Sociales, ha activado un dispositivo para apoyar la
orden judicial de lanzamiento del centro comercial okupado en el paseo
de Los Tarajales de Los Cristianos, un lanzamiento impulsado por los
propietarios de este inmueble, al tratarse de una propiedad privada, y
en el que la corporación juega un papel auxiliar en materia de seguridad
y de asistencia a quienes allí pernoctan, desde el punto de vista
social.
Precisamente, hoy dos patrullas de la Policía Local
responderán a la petición realizada por la Policía Nacional para apoyar
el dispositivo de este cuerpo y permitir la actuación de la comitiva
judicial que llevará a cabo el desalojo.
Por su parte, Servicios
Sociales lleva ya activado desde el primer anuncio, trasladando a sus
técnicos hasta la zona para trabajar con las personas que pernoctan en
este centro comercial, informándoles de los recursos y ayudas a su
disposición, todo ello de manera preventiva y para anticiparse a las
diferentes situaciones que se puedan producir. Entre otros recursos, se
reforzará el que da alimentos a personas sin hogar en el municipio de
Arona.
Se ha producido una reunión con trabajadores sociales en
la que han participado, además, el subcomisario jefe de la Policía
Local, David Oliva, y los concejales portavoz del gobierno municipal,
Leopoldo Díaz Oda, de Servicios Sociales, Elena Cabello, Promoción de la
Salud, Pura Martín, y Servicios Públicos, José Luis Gómez.
Un amplio dispositivo policial de más de 30 agentes supervisan la salida de 25 personas, todas en situación de vulnerabilidad.
Desde
primeras horas de este miércoles agentes de la Policía Nacional -unos
30 agentes- acordonaban la zona del CC Los Tarajales (Tenerife) para
proceder al desalojo de unas 25 personas que okupaban el edificio desde
hacía cinco años, todo en situación de vulnerabilidad.
El Juzgado de Primera Instancia número cinco de Arona, ha ordenado
a la totalidad de los ocupantes de los locales del Centro Comercial
denominado Los Tarajales Beach, el desalojo del mismo.
Deberán desalojar y dejar libres todos los locales que integran en
citado Centro Comercial, conforme a los artículos 703 y 704 de la LEC,
en el plazo de un mes, bajo apercibimiento de que si no se verifica lo
anterior, se procederá a su lanzamiento el próximo día 30 de septiembre de 2020 a las 10,00 horas, y para que en el mismo plazo retiren todas los cosas que hubiera en su interior.
Se
autoriza expresamente a la Comisión Judicial a utilizar todos los
medios a su alcance y aunque se encuentren con los locales cerrados o se
les impida la entrada, se lleve a cabo la misma con el apoyo de las
fuerzas de seguridad pública, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía
Local de Arona.
Este centro comercial, ocupado desde hace varios
años, ofrece una imagen dantesca y que daña gravemente la imagen de la
zona turística de Los Cristianos, perjudica la calidad de vida de los
vecinos y turistas que nos visitan, y afecta negativamente a los
empresarios de la zona, que llevan tiempo pidiendo que se solucione este
problema.
«Cómo es posible que algunos ocupas tengan en su documentación personal, que su lugar de residencia es un Edificio Ilegal y andan tan panchos».
Según algunas personas que están viviendo en dicho Edificio, comentan lo mismo de siempre, “No somos okupas, somos ciudadanos del mundo”.El Padrón Municipal es el registro Administrativo donde figuran los habitantes de un Municipio y en este caso, hablamos del sur de Tenerife, en Arona.
Los datos constituyen una prueba de la residencia en el Municipio y del domicilio habitual en el mismo y algunos empresarios preguntan, como han podido obtener dicha documentación, pero según la ley toda persona que viva en España tiene la obligación de empadronarse en el municipio donde resida.
El Ayuntamiento de Arona afirma que efectivamente, en el año 2008, hace más de una década, algunas de esas personas fueron empadronadas en el municipio de Arona.
El actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arona comparte la preocupación de los empresarios y por ello instó públicamente a la Justicia a agilizar los trámites que permitan a los propietarios privados del centro comercial proceder al desalojo.
Empadronamiento.
Para solicitar el empadronamiento hay que acreditar que resides en un domicilio del municipio en el que te quieres registrar y lógicamente en el Edificio están viviendo y es verdad que las certificaciones de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.
Canarias registra más de 100 viviendas públicas ‘ocupadas’
 |
| El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez |
Según cifras del Ministerio del Interior, ha señalado que en el primer semestre del año ha habido 300 denuncias en el archipiélago, a casi dos ocupaciones por día.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez ha criticado que se tarden “meses o años” en recuperar la posesión de la vivienda y advertido de que la ocupación de viviendas, incentivada desde 2014 “por ayuntamientos podemitas”, ataca “la línea de flotación” de la propiedad privada.
Pérez ha dicho que el ordenamiento jurídico español “no resuelve el problema” y por ello ha defendido la proposición de ley presentada por su grupo en el Congreso que promueve desalojos en 24 horas o que los ‘okupas’ no puedan empadronarse.
Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que es “urgente” acabar con la “delincuencia organizada” que ocupa viviendas con “fines lucrativos” y a través del “engaño y la extorsión”, situaciones que también generan un “deterioro” en la convivencia de los vecinos.
Ha lamentado la “impotencia” de los propietarios y pedido que se pueda recuperar el inmueble “de manera inmediata” porque están “desamparados” ante la ley.
Jesús Ramos (ASG) ha apuntado que “algo ha estado fallando” en los últimos años para que haya crecido este “problema social”, distinguiendo también entre las “mafias” y las familias necesitadas que buscan un techo y pidiendo la construcción de más viviendas protegidas y alquileres sociales “asequibles”.
“PERSEGUIR LA POBREZA”, SEGÚN EL PSOE
Francisco Déniz (Sí Podemos) ha cargado también contra la “delincuencia organizada” pero ha advertido de que “intencionadamente se confunde la verdad” ya que entre los ‘okupas’ hay “situaciones diversas” y se debe evitar que la población caiga “en el miedo, el pánico y el alarmismo”.
Así, ha pedido un aumento en la construcción de vivienda pública y que se faciliten alquileres sociales, mostrando su pesar por que en Canarias haya 123.000 viviendas vacías, la mayoría de bancos o ‘fondos buitre’.
Carmen Hernández (NC) ha pedido “que caiga todo el peso de la ley” con las ocupaciones ilegales pero ha advertido de que cuando hay un desahucio de familias vulnerables, muchas acaban viviendo en cuevas o infraviviendas, albergues o se envían a los hijos con los abuelos y los padres se quedan en los coches.
La diputada ha reconocido que construir vivienda pública tarda entre dos o tres años y no se puede esperar, al tiempo que se preguntó “como es posible” que haya viviendas públicas vacías con 17.000 demandantes.
Pablo Rodríguez, del Grupo Nacionalista, ha reconocido que hay una “amplia casuística” y entiende que el “problema más grave” es agilizar los desalojos con rapidez y más a largo plazo, tener una política “integral” de vivienda. “Canarias tiene un parque público viejo pero inmenso y necesitamos construir viviendas”, ha destacado.
Nayra Alemán (PSOE) ha criticado los “titulares que generan miedo” y la “fábula” de que los juzgados no hacen nada, pues las demoras en los desalojos se deben a la falta de recursos, y ha rechazado que se quiera “perseguir la pobreza”.
Es una vergüenza que sea una zona turística y el ayuntamiento no haya hecho nada hasta ahora.
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