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Pedro Sánchez, en 'Hoy por Hoy' con Aimar Bretos (31/08/2026)
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Sánchez promete que el Rey irá a Ceuta sin concretar fecha y hace una defensa cerrada de Marruecos: "Sin cooperación esta crisis se agravaría"
El presidente del Gobierno evita volver a hablar de "ataque a la integridad territorial de España" como sí hizo el día después de la avalancha
Hemos pasado de una invasión o una guerra híbrida, a una crisis migratoria y luego a una crisis humanitaria.
Esperemos que no se convierta en una excursión pacífica de nuestros amigos marroquíes.
En su primera aparición pública en un mes, Pedro Sánchez ha hecho este lunes una defensa cerrada de Marruecos exculpándolo de cualquier posible responsabilidad en la avalancha de 72.000 personas que el 30 de julio cruzaron de manera ilegal la frontera con Ceuta.
"Si no hay cooperación esta crisis no se soluciona; al contrario, se agravaría", ha advertido el presidente del Gobierno en una entrevista en la cadena Ser incidiendo en que "la falta de confianza" sólo empeoraría la situación.
Durante su intervención, en la que ha evitado volver a hablar de "ataque a la integridad territorial de España" como sí hizo el día después de la llegada masiva a la ciudad autónoma de inmigrantes en situación irregular, el jefe del Ejecutivo ha reprochado que se estén haciendo "acusaciones graves, peligrosas y gratuitas" al país vecino por parte de la oposición, incluidos sus socios parlamentarios, a lo que ha apostillado: "No hay ninguna información de las Fuerzas de Seguridad del Estado, del CNI, ni de ningún centro de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de una u otra forma de las autoridades marroquíes".
Además, Sánchez ha afirmado que hay "argumentos y razones suficientes" para que Felipe VI haga una visita oficial "por fin" a Ceuta, lo que, ha remarcado, no se ha producido por parte de la Corona en 20 años ni bajo mandatos del PSOE ni del PP.
"Esto es lo que he compartido con el Rey y es lo que se va a hacer cuando se den las condiciones", ha añadido sobre de un viaje al que no ha puesto fecha. Sí ha dicho que se tendrá que "coordinar" entre Zarzuela y Moncloa, donde, ha asegurado, no han tenido nunca "ninguna complicación" por el hecho de que se realice a pesar de que podría suponer un choque diplomático con Marruecos.
Sobre la divergencia de versiones entre sus propios ministros acerca de si el CNI avisó -cómo sostiene Margarita Robles (Defensa)- o no de lo que podía pasar en la frontera, el líder socialista ha evitado ahondar en la polémica afirmando que "nadie ha negado que haya habido informes de situación" -algo que Fernando Grande-Marlaska (Interior) no admitió hasta su comparecencia el viernes en el Congreso- y que "esos informes hicieron que se activara el refuerzo" en los días previos al 30 de julio. Lo que ha precisado al respecto es que puede "garantizar" que lo que no hubo fue ninguna alerta sobre "la magnitud" de lo que pasó finalmente.
Preguntado por si es creíble que 72.000 personas se movieran por el norte de Marruecos sin que se detectara hacia dónde se dirigían, Sánchez ha explicado que estuvieron "al habla constantemente" con las autoridades del país vecino y que el 31 de julio, "es cierto, sí se empezó a ver un despliegue operativo en la zona de Castillejos para hacer frente a la avalancha de personas que estaban intentando entrar de manera irregular en la ciudad autónoma", dando por hecho que la víspera no lo hubo. "Nosotros no tenemos esa información", ha añadido insistiendo en la exención de responsabilidades de Rabat.
El presidente de Gobierno ha tratado de ceñir el origen de esta crisis a "una desigualdad estructural en la frontera que hace muy compleja la gestión de la misma" -ha llegado a reconocer que no se puede "garantizar al 100% la seguridad"- y también al "bulo propagado por redes sociales" sobre la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de agosto que confirmaba la prohibición de devoluciones en caliente en las entradas por vía marítima.
En este sentido ha recalcado que "no es evidente que los ataques que se puedan perpetrar en una frontera tengan que provenir de un actor estatal", que pueden estar orquestados por "organizaciones criminales y mafias", pero que, "desgraciadamente", no tienen un "conocimiento exacto" de lo que sucedió.
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La Disposición Adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España) regula el régimen especial de Ceuta y Melilla en relación con el rechazo en frontera.
Contenido Principal
Rechazo en frontera: Permite rechazar a los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención para cruzar de forma irregular.
El Tribunal Supremo ha establecido que el «rechazo en frontera» (conocido como devoluciones en caliente) no se puede aplicar a quienes llegan a nado o son interceptados en el mar, porque no superan ningún elemento físico de contención.
Clases de la resolución judicial
Exigencia de barrera física: La ley de extranjería permite el rechazo inmediato solo si la persona salta o desborda un obstáculo material como una valla o un muro.
Inexistencia en el mar: En el agua o en alta mar no existen elementos de demarcación ni barreras físicas que puedan ser rebasados.
Dispositivos tecnológicos: Las cámaras térmicas o los drones sirven para vigilar, pero no constituyen un elemento físico de contención.
Obligación de devolución: A las personas que llegan por mar o por el aire no se les puede expulsar de forma automática; la administración debe aplicarles un procedimiento de devolución individual con garantías legales.
8 de julio de 2026
El Tribunal Supremo confirma que la ley no permite las “devoluciones en caliente” de los migrantes que pretenden entrar a nado en Ceuta y Melilla
La Sala desestima el recurso que sostenía que el rechazo en frontera de un inmigrante era plenamente ajustado a derecho
¿Cómo se puede cambiar la ley?
Mediante un real decreto-ley que es una norma con rango de ley que aprueba el Gobierno en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.
Esta figura está regulada en el artículo 86 de la Constitución Española y permite actuar con rapidez cuando no es posible esperar a que las Cortes Generales tramiten una ley ordinaria.
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Con una reforma de la Ley de Extranjería:
Las Cortes Generales (Congreso y Senado) pueden votar una modificación del texto legal para incluir explícitamente el mar o los perímetros delimitados por tecnología como zonas aptas para el rechazo en frontera.
Adaptación al Pacto Europeo:
De hecho, el Gobierno español ha aprobado recientemente un anteproyecto para reformar las leyes de extranjería y asilo con el fin de adaptarlas al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
Esta reforma prevé implantar "procedimientos de frontera" rápidos (de hasta 12 semanas) para acelerar los retornos de quienes entren de forma irregular.
Los límites que no se pueden saltar
Cualquier cambio legal que apruebe España debe respetar de forma obligatoria el marco internacional y europeo:
El Convenio Europeo de Derechos Humanos:
Prohíbe de forma tajante las expulsiones colectivas.El principio de "no devolución": Obliga a comprobar, caso por caso, si la persona interceptada corre peligro de muerte o tortura en su país de origen.
Garantías individuales mínimas:
Aunque la ley cambie para permitir actuar en el mar, la policía siempre tendrá que garantizar el acceso a un intérprete, asistencia jurídica y la posibilidad de solicitar asilo antes de expulsar a alguien.
Estado de la reforma
A finales de agosto de 2026, los planes para modificar estos procedimientos están en fase de anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros. Todavía deben recibir informes consultivos y superar todo el debate y votación en el Parlamento antes de publicarse en el BOE y entrar en vigor
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El Partido Popular (PP) registró el pasado 16 de julio una proposición de ley que modifica la Ley de Extranjería en cuanto a las condiciones de rechazo en la frontera de Ceuta y Melilla.
Contexto.
El Tribunal Supremo emitió a principios de julio una sentencia que prohíbe el ‘rechazo en frontera’ para los migrantes que llegasen a nado a Ceuta o Melilla. Pero que “nada impediría” aplicar las ‘devoluciones en caliente’ si se establecen “elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza”.
Inclusión de la vía marítima. Los populares proponen que el rechazo de la entrada por mar al territorio de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla estará sujeto a las mismas medidas que las de la entrada terrestre, ya contempladas en la normativa vigente.
Cita textual. “Los extranjeros que sean detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla durante un intento de entrada irregular en territorio nacional podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Qué cambia el PP de la Ley de Extranjería. Los de Núñez Feijóo añaden el término “interceptados” en la línea fronteriza, que se amplía a “terrestre o marítima”, y suprimen “mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos” por “durante un intento de entrada irregular en territorio nacional”.
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Polonia respondió de forma estrictamente militar, legal y logística ante la llegada masiva de migrantes desde Bielorrusia.
Una situación que tanto el gobierno polaco como la Unión Europea tipificaron como una "guerra híbrida" orquestada por el régimen de Aleksandr Lukashenko.
El despliegue de contramedidas por parte de Varsovia se estructuró a través de los siguientes ejes principales:
1. Blindaje militar y despliegue de tropas
Despliegue masivo de soldados: El gobierno polaco llegó a movilizar hasta 17,000 efectivos militares para apoyar a la Guardia de Fronteras.
Uso de la fuerza física: Se registraron enfrentamientos directos en los puntos de control en los que las fuerzas polacas utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para repeler los intentos de cruce forzado de grandes grupos.
2. Infraestructura y barreras físicas
Construcción de un muro fronterizo: Polonia edificó una barrera metálica permanente de unos 186 kilómetros de longitud equipada con alambre de espino.
Modernización tecnológica: Se instalaron sistemas de vigilancia electrónica continua que incluyen cámaras de visión térmica de alta definición montadas sobre postes de gran altura y sensores de movimiento.
3. Medidas legales y suspensión de derechos
Declaración del Estado de Emergencia: Se restringió completamente el movimiento civil en una franja fronteriza, prohibiendo de forma estricta el acceso de periodistas y organizaciones humanitarias a la zona de exclusión.
Zonas de exclusión ("Buffer Zones"): El gobierno de Donald Tusk reactivó y prorrogó franjas de amortiguación de hasta 2 kilómetros de ancho vedadas a no residentes.
Suspensión temporal del derecho de asilo: Polonia modificó su estrategia nacional de migración para suspender formalmente la aceptación de solicitudes de asilo en los perímetros afectados, argumentando la instrumentalización geopolítica de los migrantes.
Inmunidad legal para las fuerzas del orden: Se aprobaron normativas que otorgan una amplia protección frente a procesamientos judiciales al personal uniformado que haga uso de armas de fuego en la línea fronteriza.
4. Devoluciones en caliente y denuncias internacionales
Práctica de "pushbacks": Las fuerzas de seguridad polacas implementaron una política sistemática de devoluciones en caliente, forzando a los migrantes capturados a regresar al lado bielorruso sin evaluar sus casos individuales.
Críticas de DD.HH.:
Organismos como Human Rights Watch y Oxfam Intermón denunciaron estas acciones como violaciones de los convenios internacionales, señalando que la retención de personas en los densos bosques fronterizos generó una crisis humanitaria crítica.
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El desastre de Ceuta hunde a Sánchez y a sus socios, que pierden ya 2,2 millones de votantes.
PSOE (-20) y Sumar (-21) se hunden en las encuestas, VOX (de 33 a 61) casi duplica escaños.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá convocar las próximas elecciones generales dentro de exactamente un año, el 28 de junio de 2027, siempre que decida agotar los plazos legales para volver a llamar a las urnas.
Esa decisión implicaría que la jornada electoral se celebrara en pleno mes de agosto.
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