jueves, 20 de junio de 2019

¿Cómo se pone Wenceslao? en los convenios colectivos




Hay un chascarrillo que en su tiempo tuvo gran éxito, que se refiere al nombre de Wenceslao, y que dice más o menos así:

 Estaba un señor en una oficina de telégrafos redactando su telegrama, cuando se le acerca otro con pinta de paleto y le dice: 

"Oiga, perdóneme, pero me podría hacer el favor de ayudarme a escribir un telegrama, que tengo muy pocas letras y no soy capaz de rellenar estos papeles" 

"Pues no faltaba más", le contesta el primero, "venga aquí y en un momento lo escribimos entre los dos; dígame primero el texto, que es lo más complicado, y luego ya pondremos el resto de los datos. 

Pero tenga en cuenta que se cobra por palabras, cuanto más corto sea, más barato le sale"
         
 Se queda pensando el de la boina y le dice:

 "Mire, se trata de un asunto de familia, con el sinvergüenza de mi primo que me ha hecho una faena muy gorda con una herencia, pero si como usted dice hay que escribir poco, hágame el favor de poner solamente esto, que él ya lo entenderá: 

WENCESLAO, QUE TE DEN PO'L CULO"

         El señor amable pega un respingo, pero se repone y le dice: "Bueno, bueno, como usted quiera, pero oiga, ¿Sabe usted como se pone Wenceslao?"
          Y el paleto le contesta: "¡ Pues como coño quiere usted que se ponga ..., así !"   

Y uniendo el gesto a la palabra, se doblaba por la cintura en ángulo recto, colocándose en postura oferente. 


 Esta postura, reverencial,  gimnástica, buscadora  o vicio-nefanda fue estudiada ya por el mismo Quevedo, que en un relato corto en el que habla de una oposición o provisión de un puesto, dice que en pasando el que había de dotarlo, los solicitantes se transformaban en cinco de guarismo, que es muy  acertada definición de la tal actitud.

Mono, hincado de rodillas, arremedando un cinco de guarismo 

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 UGT EXPONE SUS DEMANDAS PARA LA NEGOCIACION DEL II CEV


UGT (Tomas Rubio Blanco) propugna que el nuevo modelo de empresa contemple la supresión de la territorialización que, si en algún momento inicial pudo responder a las imposiciones de la competencia, actualmente sólo supone un modelo de (... bla,bla...)
y retrasa la adopción de decisiones,
y supone además una discriminación para la movilidad voluntaria ....

De cara a la negociación, UGT mantiene las mismas pretensiones que en convenios anteriores, primando (dando prioridad - no garantizando) ante todo la garantía de empleo en la residencia laboral.

O SEA QUE VAN A INTENTAR CONSEGUIR QUE TU PUESTO DE TRABAJO NO ESTÉ MÁS ALLA DE 500 KM. DE TU CASA.

Defendemos todas aquellas políticas que redunden en la desaparición de cualquier tipo de desigualdad, ya sea por razón de sexo, raza, creencia, etc...

NO SE DICE NADA DE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD, PARA ASÍ PODER FORZAR AL DESPIDO A LOS MAYORES DE 65 AÑOS


 Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos,  

los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, 

a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad 

o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.

El establecimiento de edad de jubilación forzosa en el convenio implica la IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR a trabajadores que superen LOS 65 AÑOS . 

Desde esta perspectiva, la edad se configura como una limitación al derecho al trabajo del artículo 35 CE, que se encuentra directamente rechazada en el artículo 17 ET y que está sujeta, material y normativamente, a reserva de ley.

María Emilia Casas (68 años-para 69) presidirá la mesa negociadora del convenio de Telefónica.

Dirección y sindicatos de Telefónica abren la negociación del nuevo convenio, donde los trabajadores se marcan como objetivo conseguir una subida salarial del 2% fijo más 1% en variables, así como mantener abierto el programa de bajas incentivadas tanto para trabajadores próximos a la edad de jubilación como de empleados de cualquier edad.

Doce representantes de la dirección de Telefónica España, seis de UGT y seis de CCOO, se reunirán este jueves por primera vez para renovar el convenio colectivo, al estar en ultraactividad el que rigió hasta 2018, con la jurista María Emilia Casas, propuesta como presidenta de la mesa negociadora.

La expresidenta del Tribunal Constitucional (entre 2004 y 2011) es la experta del ámbito jurídico propuesta por la dirección de la empresa y que será aceptada por las partes sindicales, ha informado  un portavoz de UGT.

La primera reunión de la mesa negociadora se celebrará a las 12.00 horas en un centro de Telefónica del barrio madrileño de Vallecas y en ella está previsto que las partes se reconozcan como competentes y fijen el calendario de próximos encuentros, que previsiblemente será de al menos una reunión semanal hasta agosto.

Además del nombramiento de Casas como presidenta, serán designados tres portavoces de la mesa, uno de la dirección y otro de cada sindicato.

El plazo para llegar a un acuerdo será el 31 de diciembre (un año máximo para el período de ultraactividad del convenio colectivo anterior) y UGT aspira a firmar un aumento salarial para los próximos años de al menos el 2 % fijo y el 1 % variable.

Se espera que la dirección de Telefónica España no presente regulaciones de empleo, pero sí un plan de suspensiones individuales de los contratos, con bajas incentivadas tanto para trabajadores próximos a la edad de jubilación como de empleados de cualquier edad.


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Ideas innovadoras de la teletienda para el control horario
Reloj de ajedrecista




martes, 18 de junio de 2019

Telefónica se plantea forzar a los mayores de 65 años a jubilarse

 

Gracias al doctor Sánchez y a los paniaguados sindicatos, 180.000 ocupados mayores de 65 años pasarán este año a engrosar las listas de la población que no cotiza a la Seguridad Social.

Según la EPA, (Encuesta de Población Activa), en España hay más 180.000 ocupados mayores de 65 años, de los que 45.000 tienen más de 70 años.

Si eran pocos los que aguantaban el totalmente quebrado sistema de pensiones, ya lo apuntilló Sánchez con su decreto ley que abre la puerta a que en los convenios colectivos se incluyan clausulas de despidos sin indemnización para los mayores de 65 años.

 
 Dice UGT José María Álvarez Suárez  que tiene poco sentido que la gente se eternice en su puesto de trabajo 
 ¡¡ iluminado !! y nos metemos con el que asó la manteca

 En el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por las asociaciones empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales UGT y CC.OO. el 5 de julio de 2018, las organizaciones firmantes instaron a la Administración laboral a promover los cambios legales necesarios para habilitar a la negociación colectiva a prever cláusulas de jubilación obligatoria por edad ligadas a objetivos de política de empleo y relevo generacional. 


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Garrigues Comunica

Vuelve la jubilación forzosa

El Gobierno ha establecido, de nuevo, la jubilación forzosa como “un instrumento adecuado para impulsar el relevo generacional en el mercado de trabajo”. Sin embargo, el empleo no es un juego de suma cero: la expulsión de los trabajadores de mayor edad no implica necesariamente una contratación equivalente de jóvenes empleados.

El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, reintroduce la figura de la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legalmente establecida, siempre que venga prevista, con respeto de determinadas condiciones, en convenio colectivo.

Para ello, modifica la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores (disposición final primera del decreto-ley), rompiendo radicalmente con la prohibición de tales cláusulas de jubilación forzosa, consideradas “nulas y sin efectos”, cualquiera que fuese su extensión y alcance, por la reforma laboral de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio).

Esta es una modificación importante que prorroga el devenir guadianesco de la regulación de la jubilación forzosa.

Parece como si el legislador estuviese en constante duda acerca de la conveniencia de tales cláusulas desde el punto de vista de las necesidades del mercado de trabajo e incluso de su adecuación a principios constitucionales, en particular a la libertad de trabajo.

Ahora abandonamos el planteamiento prohibitivo, justificado por la necesidad de prolongar la vida laboral y de mantener en el mercado de trabajo a los empleados de más edad (tanto para favorecer el envejecimiento activo como para tratar de aliviar la factura de la Seguridad Social dedicada a las pensiones de jubilación), para pasar a un planteamiento permisivo, que se funda en las exigencias de la lucha contra el desempleo juvenil y la conveniencia de promover el relevo generacional.

En una primera aproximación a la norma, se impone una reflexión tanto desde el punto de vista de la política de empleo como desde el estrictamente jurídico.

Desde el punto de vista de la política de empleo, lo primero que hemos de resaltar es que prima abiertamente la preocupación por el empleo (desempleo) juvenil frente a la sostenibilidad de la Seguridad Social y a la prolongación de la vida laboral. 

La exposición de motivos del Decreto-ley es clara al respecto: la jubilación obligatoria se erige “como un instrumento adecuado para impulsar el relevo generacional en el mercado de trabajo”, dando solución, al menos en parte, al desempleo juvenil. 

 Del envejecimiento activo, del alargamiento de la vida laboral y de la sostenibilidad del sistema de pensiones ni se habla.

El Gobierno parece considerar que al haber sido una propuesta “debatida y acordada con los interlocutores sociales”, está bendecida y no hay que interrogarse más al respecto.

Sin embargo, creo que una reflexión resulta obligada. Prescindiendo de los intereses concretos, perfectamente legítimos y atendibles (aunque no siempre alineados con el interés general), que puedan mover a los interlocutores sociales a apoyar esta medida de jubilación forzosa, no cabe ignorar que, a través de ella, vuelven a aparecer los planteamientos de “reparto del trabajo”.

Y, con ello, vuelve a ponerse de manifiesto la ingenuidad de creer que el empleo es un juego de suma cero y que cada puesto de trabajo desalojado (por esta vía, o por otras como las de reducción del tiempo de trabajo) pasa inmediatamente a ser ocupado por otra persona.

Ninguna evidencia empírica avala, hasta ahora, lo sostenido por las tesis del reparto del trabajo.  

Pensar que la expulsión forzosa del mercado de trabajo de los trabajadores de más edad se traduce, inmediata y automáticamente, en el aumento equivalente de la contratación de jóvenes desempleados, es ignorar el complejo funcionamiento de los mercados de trabajo.

Debería bastar la experiencia de lo sucedido con los contratos de jubilación parcial y de relevo (con la extinción de muchos de estos cuando se produce el acceso a la jubilación plena del trabajador relevado) para desterrar planteamientos simplistas.

Y la situación de nuestro sistema de Seguridad Social exigiría al menos una atención mayor a las políticas de alargamiento de la vida laboral, de envejecimiento activo y de retraso, en definitiva, del acceso a la jubilación.

En cuanto a la interpretación jurídica de la nueva regulación, ya en esta primera aproximación surgen determinadas cuestiones.

El decreto-ley vuelve al texto de la disposición adicional vigente antes de la reforma laboral de 2012, pero introduciendo algunos cambios que merecen atención.

Ante todo, el cambio de orden de los requisitos contenidos en los apartados a) y b); el anterior apartado a) pasa a ser el b) y el b) se convierte ahora en el a).
¿Es un mero juego del legislador para entretener al intérprete o tiene esto algún significado?

Desde el punto de vista de la aplicación judicial del precepto creo que lo tiene. Si antes la jubilación forzosa se condicionaba ante todo a objetivos de política de empleo, ahora estos pasan a un segundo lugar y el primer condicionamiento de la jubilación forzosa del trabajador es que tenga cumplidos los requisitos para acceder al 100 por 100 de la pensión de jubilación.

Eso es lo fundamental: para poder ser forzado a jubilarse, el trabajador ha de tener derecho a percibir el 100 por 100 de la pensión que le corresponda.

Luego habrá que comprobar que la regulación al respecto del convenio colectivo es coherente con los objetivos de política de empleo expresados por el propio convenio. Fuera de casos extremos, no parece que, cumplido el primer requisito, este segundo vaya a tener una virtualidad condicionadora de la jubilación forzosa pactada.

Pero hay que señalar algunos otros matices importantes: se habla ahora de la jubilación por cumplimiento por el trabajador de la edad legal, no, como antes, de la edad ordinaria de jubilación.

La edad legal puede ser una edad inferior a la ordinaria, por lo que habría que preguntarse si en estos supuestos cabe también que se fuerce la jubilación del trabajador (siempre que se cumpla el requisito de haber madurado el derecho al 100% de la pensión).

Por otra parte, como vengo diciendo, ahora se exige haber madurado el 100% de la pensión, no como antes tener un periodo mínimo de cotización que permite aplicar un porcentaje del 80% a la base reguladora para el cálculo de la pensión de jubilación.

Y aquí otros interrogantes surgen: ¿podría el trabajador oponer su derecho a seguir trabajando para madurar una pensión superior al 100%, en los términos del artículo 210 de la LGSS? 

La previsión del convenio colectivo de jubilación forzosa, ¿podría anular el derecho a madurar una pensión superior?

Por último, en lo referente a los objetivos de política de empleo, se sustituye la anterior referencia a “sostenimiento del empleo” por la del “relevo generacional”, incidiendo en el planteamiento de reparto del trabajo a que ya me he referido. Aunque no parece que este apartado vaya a servir para poner en cuestión los pactos de jubilación forzosa que se alcancen en la negociación colectiva.

En definitiva, la nueva regulación trata de afrontar problemas relevantes de gestión empresarial, permitiendo la extinción de contratos de trabajadores que han alcanzado o superado la edad de jubilación, sin necesidad de recurrir a despidos o medidas extintivas de otro tipo.

Pero lo hace estableciendo una regulación excesivamente simplista, que puede tener consecuencias perjudiciales. Y que planteará problemas interpretativos: 
¿la referencia a cláusulas que “posibiliten” la extinción del contrato de trabajo significa que tal extinción no es automática sino que depende, en alguna medida, de la voluntad del empleador, y que este podría decidir libremente extinguir o mantener el contrato, contando lógicamente con la voluntad del trabajador, si se alcanza o supera la edad de jubilación? ¿Podría ser discriminatoria la extinción del contrato de trabajo por jubilación forzosa cuando otro u otros contratos se mantienen, sin que concurra una motivación suficiente para ello?

Teniendo todo ello en cuenta, así como los planteamientos de envejecimiento activo y de sostenibilidad de la Seguridad Social, quizás hubiera sido preferible no fijar una jubilación obligatoria sino permitir la continuidad de los contratos de trabajo, si bien previendo que la extinción por causas objetivas de los mismos no genere derecho a indemnización alguna cuando el trabajador haya madurado el derecho al 100% de su pensión de jubilación.

Autor:
Federico Durán López, of counsel del departamento Laboral de Garrigues.


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El sistema de pensiones se creó en un momento en que la esperanza de vida se situaba en torno a los 67 años.

En lenguaje coloquial, se podría decir que una persona se jubilaba a los 65 años y se moría a los 67.


Económicamente, el sistema no tenía ningún problema. En realidad, era muy excedentario y podía aportar dinero para otras prestaciones sociales.

Se prevé que de los 9 millones de pensionistas actuales se pase a 15 millones en treinta años. Todo ello con un sistema de pensiones de reparto (lo que se recauda un año sirve para pagar las pensiones de ese año), y prácticamente sin generación de ahorro.

Algunos ven en la inmigración la solución al problema de la natalidad. No es descabellado, pues la población del norte de África en treinta años será joven y superior en número a la europea. Pero si se observa el bajo nivel de capacitación que tienen los migrantes, se hace difícil considerarlos una solución para las pensiones.

Otros apuntan al "destope de las cotizaciones", olvidando que con esta medida se incrementa el coste para las empresas del personal más cualificado (que sin duda repercutirá en los menos cualificados). También se está hablando de que los autónomos paguen más, pero muchos de ellos son parados técnicos que intentan salir adelante sin lastrar al sistema de protección del estado del bienestar...

El dato es que habrá que mantener a una persona sin trabajar durante al menos 20 años (considerando la esperanza de vida de muchos pensionistas en un futuro próximo).

Así que el resto de las soluciones que se plantean en torno al incremento del ahorro no son en sí mismas una solución.

Ahorrar para mantener a una persona sin trabajar durante veinte años parece una misión imposible en el entorno de salarios en los que se mueve España.
enlace

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(enlace) Expulsados de la empresa por edad cueste lo que cueste

Las empresas activan los despidos de mayores de 50 años y aceleran las jubilaciones a pesar del castigado sistema de pensiones


(./.)
La norma no obliga a todos los trabajadores a jubilarse llegada una determinada edad, solamente a
aquellos que tengan derecho a una pensión que sea el 100% de la base reguladora. 

Así, parece como si el hecho de acceder a una pensión en estas condiciones fuese el premio que todos quieren obtener, olvidando las opciones que se recogen en la normativa general como aumentar este porcentaje de la base a través de la continuación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación o la utilización de las distintas fórmulas de compatibilidad de la jubilación con el trabajo como opción vital. 

En todo caso, el hecho de que se llegue al 100% de la base reguladora tampoco asegura que el importe de la pensión sea adecuado, dado que, si el trabajador cotizó por bajas bases de cotización, el 100% no le garantiza un importe adecuado.

En cualquier caso, el derecho constitucional a la jubilación debe contemplarse como un derecho pleno sin ninguna limitación, sin dar preferencia a un grupo por razón de edad (los jóvenes) quitándosela a otro (los trabajadores seniors). Además, hay más argumentos. La compatibilidad del salario y pensión se está extendiendo como instrumento de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones dentro del principio europeo de prolongación de la vida laboral más allá de la edad pensionable y con esta cláusula reeditada de la jubilación forzosa se está rompiendo esta línea decisiva de mejora de la sostenibilidad del sistema. 

Por último, las expectativas del envejecimiento de la población activa en los próximos años, alentada por el envejecimiento general de la población, llevarán a minimizar la tasa de desempleo juvenil y la necesidad de mano de obra, de modo que es esperable que este tipo de cláusulas de jubilación forzosa no solo no tenga cabida en dicho contexto laboral, sino que al contrario habrá que fomentar, sin duda, la continuación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación como único camino.
 
Mientras tanto, no parece adecuado que privemos a los trabajadores de mayor edad de su derecho a jubilarse cuando ellos decidan dentro de las reglas del sistema, que debe ser absoluto y sin limitaciones ni individuales ni colectivas. La jubilación es un derecho, no una obligación, y más en el S. XXI. 

(enlace)  El 71% del Ibex 35 se olvida de los empleados más veteranos

(./.)
Es necesario poner en valor el papel y las capacidades de los trabajadores más veteranos. “Quizá tienen menos manejo de las nuevas tecnologías, pero cuentan con un bagaje mucho más amplio en habilidades blandas como la comunicación o el liderazgo”.

A su vez, disponen de un conocimiento práctico y especializado adquirido por años de experiencia, una habilidad para gestionar y resolver curtida en conflictos y crisis, y un talento crítico y argumentado. “Si nos fijamos en el año 2008, cuando las tasas de paro eran bastante parecidas a las que tenemos hoy [en torno a un 14%], el desempleo de los mayores de 45 rondaba el 28%. A día de hoy, está cerca del 40%. España no puede permitirse esto”.

Reflexionar y replantearse las políticas de recursos humanos, relacionadas principalmente con el recorte de las plantillas y la gestión de la edad, debería ser urgente para las compañías.

jueves, 13 de junio de 2019

Se cierra el juicio al "procés"

Los líderes del 'procés' cierran el juicio por llevar a cabo un referéndum de autodeterminación y proclamar la independencia de Cataluña.

Con el mismo tono desafiante con el que comparecieron ante el Tribunal Supremo hace cuatro meses, mezclado ahora con alusiones emotivas a sus familiares, los 12 acusados de haber liquidado el orden constitucional en Cataluña en el otoño de 2017 para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación y proclamar la independencia pusieron punto final a un juicio histórico que, pese a los temores, ha concluido con toda normalidad.

"Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia", dijo lacónicamente el presidente del tribunal, Manuel Marchena.

Durante las dos horas y media anteriores los acusados hicieron uso de la última palabra para dejar las cosas claras: están ahora "más comprometidos con Cataluña" que antes, volverían a actuar como lo hicieron y tienen la seguridad de que, antes o después, habrá un referéndum de autodeterminación.

"Si la violencia policial no pudo contra miles de personas el 1-O. ¿alguien se cree que alguna sentencia va a hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación? Ho tornarem a fer. Lo volveremos a hacer. Pacíficamente, pero con toda la determinación".

enlace 

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Cataluña y la antigua Yugoslavia


Movilizaciones por todo el territorio por el 1-O

Estado de terror en la segunda ciudad de España. Incitación de Torra (Presidente de la Generalidad) a la violencia. El Gobierno, permaneció callado salvo por el recordatorio a Torra de Josep Borrell, el ministro de Exteriores, de que debe mantener el orden público.

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Las Guerras Yugoslavas fueron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia, que se sucedieron entre 1991 y 2001.

Comprendieron dos grupos de guerras sucesivas que afectaron a las seis ex repúblicas yugoslavas.

Las guerras se caracterizaron por los conflictos étnicos entre los pueblos de la ex Yugoslavia, principalmente entre los serbios por un lado y los croatas, bosnios y albaneses por el otro; aunque también en un principio entre bosnios y croatas en Bosnia-Herzegovina.
El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a la tensión religiosa y étnica.

Hubo muchos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milosevic, y sobre todo que los serbios de la región croata de la Krajina declararan su separación de Croacia en marzo de 1991, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia a declarar unilateralmente su independencia y producir un efecto contagio en el resto de repúblicas yugoslavas.

Debido al choque entre el nacionalismo serbio (Milosevic) y el croata (Tudjman) se degeneró en una guerra muy violenta. Meses después el 15 de enero de 1992 los países europeos de la CE y la comunidad internacional reconocen la independencia de Eslovenia y Croacia, provocando el fin de Yugoslavia

Las Guerras Yugoslavas terminaron con gran parte de la ex Yugoslavia reducida a la pobreza, con desorganización económica masiva e inestabilidad persistente en los territorios donde ocurrían las peores luchas. Las guerras fueron los conflictos más sangrientos en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

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Texto del video
Bosnia, Serbia y Croacia: la guerra de Yugoslavia en 6 minutos


 
La muerte de un viejo dictador comunista que lleva décadas en el poder muchas veces marca el principio de grandes cambios.

La muerte de Josip Broz 'Tito' no fue una excepción.

Desde 1944 hasta su muerte en 1980 Tito gobernó a Yugoslavia.

Yugoslavia era un país poco usual, estaba dividido en 6 repúblicas dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos, incluyendo los serbios que eran ortodoxos y los croatas que eran católicos y los bosníacos que eran musulmanes.

Aunque las diferentes repúblicas llevaban siglos de tensiones Tito había logrado mantener la paz gracias a su gran popularidad y una política de unidad y fraternidad que reprimía el nacionalismo y los movimientos separatistas.

Pero después de su muerte su famosa unidad empezó a desmoronar.

Todo empezó en Serbia la república más grande y más poderosa.

Slobodan Milošević un político del partido comunista rompió con la tradición de unidad y se aprovechó de los viejos odios de los serbios.

Tanto aquí como fuera de Serbia los enemigos de los serbios están conspirando contra nosotros y hoy les decimos no tenemos miedo,  no le tememos a la guerra.

Esa retórica le llevó a la presidencia de Serbia en 1987, donde logró el control del ejército de toda Yugoslavia.

La noticia no fue bien recibida en las otras repúblicas. Eslovenia y Macedonia se declararon independientes, pero cuando Croacia una república que tenía una cantidad significativa de serbios viviendo en su territorio trató de separarse Milošević envió al ejército a proteger sus intereses. Fue el principio de una guerra civil que duraría años.

Pero el conflicto más violento se produjo cuando Bosnia y Herzegovina también quisieron separarse de Yugoslavia.

Bosnia era la república más diversa, la mayoría de la población eran musulmanes bosnios conocidos como bosniacos pero también había cantidades importantes de croatas y serbios.

Los bosniacos con el apoyo de los croatas votaron por separarse de Yugoslavia y volverse a su propio país pero la minoría serbia que vivía dentro del territorio de Bosnia rechazó la independencia.

No piensen que Bosnia no se irá al infierno, si será una guerra aquí los musulmanes probablemente dejarán de existir pues ellos no se pueden defender.

En el parlamento de Bosnia Radovan Karadžić emergió como el líder de la minoría serbia y esas fueron sus ominosas advertencias.

Al poco tiempo los serbios que rechazaban la independencia de Yugoslavia formaron su propio estado dentro de Bosnia con Karadžić al mando. Su plan era unificarse con la vecina república Serbia al mando de Milošević.

Con el apoyo de Milošević y el poderoso ejército nacional yugoslavo el grupo de Karadžić empezó a tomarse poblaciones enteras en Bosnia, casi todas cerca de la frontera con Serbia.

Donde había musulmanes las fuerzas serbias asesinaron a cientos de personas y obligaron al resto a escapar.

Fue el principio de la llamada limpieza étnica en Bosnia durante la cual los serbios buscan expulsar a todos los musulmanes a la fuerza.

La violencia causó un éxodo de musulmanes y huyeron hacia otras ciudades buscando amparo, una de esas ciudades fue Srebrenica.

Había casi 30.000 personas refugiadas en la ciudad cuando llegó el ejército Serbio en 1993. En vez de atacarlos directamente el ejército rodeó la ciudad impidiendo la entrada y salida de personas y peor aún de comida y medicinas.

Al enterarse sobre las condiciones atroces de Srebrenica un embajador de la ONU decide tomar acción

Diego Arria entonces embajador de Venezuela en el consejo de seguridad propone declarar a Srebrenica una zona bajo protección de la ONU. (El exembajador de Venezuela en la ONU, recuerda la matanza de Srebrenica con ocasión de su 23º aniversario)

La resolución de paz de poco sirvió a pesar de las protestas de Arria y otros diplomáticos que visitaron la ciudad sitiada las Naciones Unidas hizo poco por intervenir.

El sitio de Srebrenica continuó, creando hambruna, desesperación y muerte.

Finalmente en julio de 1995 el ejército serbio se tomó la ciudad.

Inició un capítulo aún más oscuro de la guerra, las siguientes semanas miles de bosniacos fueron violados y torturados.

Cuando finalmente los serbios admitieron que los refugiados salieron de la destruida ciudad los buses salían llenos de mujeres y de niñas, los hombres y los niños musulmanes habían sido sistemáticamente exterminados, sus cadáveres abandonados en fosas comunes.

Ante esta masacre el resto del mundo finalmente reaccionó, la OTAN una poderosa alianza militar liderada por estados unidos lanzó ataques contra las fuerzas serbias.

Milošević se vio obligado a negociar la paz y finalmente la sangrienta guerra llegó a su final.

Los líderes de este genocidio han pasado las siguientes décadas enfrentándose a la justicia internacional.

Milošević murió de un ataque al corazón en el cuarto año su juicio.

Karadžić se escondió durante años haciéndose pasar por un sanador espiritual en una clínica de medicina alternativa en Belgrado.

Sería finalmente descubierto en 2008 y tuvo que enfrentarse a un tribunal. Después de 8 años Karadžić fue condenado a 40 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La justicia llega, tarde pero llega.

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 Aznar compara la situación actual de Catalunya con el "golpe de Estado de octubre de 1934"
 que llevaron a cabo "partidos de izquierda con apoyo nacionalista", especialmente de la Generalitat de Catalunya, que se "sublevó contra el Gobierno de la República".

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En 1933 las urnas habían hablado. La mayoría de los españoles había elegido un Gobierno de centro derecha que pusiera coto a los desmanes de la conjunción republicano-socialista del primer bienio. Además, era la primera vez que votaba la mujer en unas elecciones generales y habían apoyado mayoritariamente a la CEDA,

El partido dirigido por el abogado José María Gil Robles había sido la fuerza más votada, obtuvo 115 diputados, como segunda fuerza se encontraban los centristas de Alejandro Lerroux, el Partido Republicano Radical (PRR), con 102; el PSOE se había quedado con 59 tras el cambio de Besteiro por Largo Caballero. El resto de partidos con representación eran todos de derechas: agrarios, carlistas, la Lliga, Renovación Española. Los comunistas solamente habían obtenido un diputado.

Pese a esta aplastante victoria del centro derecha y la derecha, los menguados partidos de izquierda presionaron al timorato y acomplejado presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, para que no encargase la formación de Gobierno a Gil Robles. Amenazaban con una revolución en caso de que la CEDA entrase en el Gobierno. La izquierda, una vez más y como ocurrión en abril de 1931, no aceptaba los resultados electorales.

Sorprendentemente, en lugar de aplicar la legalidad y encargar la constitución del Ejecutivo a la fuerza más votada, corrió el turno y nombró Jefe de Gobierno a Lerroux, lider de la segunda fuerza más votada.

A pesar de ello, Gil Robles colaboró durante un año con el líder del PRR. Finalmente solicitó a Alacalá Zamora la entrada en el Gobierno de tres diputados de la CEDA. Para evitar conflictos, el propio Gil Robles no pidió ninguna cartera para él.

Los socialistas llevaban meses comprando armas e instrullendo a milicias por si ocurría esto. La clave era la frase “¡Atención al disco rojo!”. Y el diario del PSOE, El Socialista, lo publicó. Las milicias del PSOE, las anarquistas y las comunistas se lanzaron a la revolución contra un Gobierno que se había ceñido a la legalidad.

El objetivo era dar un golpe de Estado que derrocase el régimen que ellos mismos habían traído. La izquierda no respetaba las reglas del juego cuando no corrían a su favor, aunque las hubieran redactado ellos.

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¿Por qué hubo un 18 de julio de 1936?


Sin el alzamiento de 1936, la consecutiva guerra civil y su victoria, Franco habría pasado a la Historia simplemente como un sobresaliente militar de la guerra de África. Pero hubo un 18 de julio. Hubo una guerra. La ganó él. De esa guerra salió un régimen que modificó para siempre la Historia de España.

Primer acto: Octubre de 1934

En octubre de 1934, la izquierda –fundamentalmente el Partido Socialista- y el separatismo catalán habían intentado un levantamiento revolucionario contra el gobierno de la República. La excusa fue la entrada en el Gobierno de la CEDA, el partido de las derechas, que era, por cierto, el que había ganado las anteriores elecciones, pero al que la presión de la izquierda había vetado hasta entonces las carteras ministeriales.

Los socialistas, mayoritariamente bolchevizados bajo el liderazgo de Largo Caballero, querían instaurar la dictadura del proletariado, y los separatistas catalanes, por su parte, aspiraban a proclamar su independencia. El golpe de la izquierda fracasó, aunque en lugares como Asturias dio lugar a una pre-guerra civil.

Las represalias políticas sobre los dirigentes de la intentona fueron mínimas: el propio Largo Caballero, principal líder del complot, sólo cumplió un año de cárcel y, juzgado, resultó asombrosamente absuelto.

Sin embargo, la propaganda de la izquierda, que exageró hasta el infinito la represión gubernamental sobre los insurrectos (y, enseguida, el nimio caso de corrupción conocido como “estraperlo”), creó una atmósfera de revanchismo absolutamente insoportable.

La inestabilidad de los sucesivos gobiernos de centro-derecha, acosados por la hostilidad del presidente de la República, Alcalá Zamora, hizo el resto.

En noviembre de 1935 Alcalá Zamora fuerza un cambio de gobierno, desaloja del poder a la CEDA, entrega el gabinete a un hombre de su confianza, Portela Valladares, y firma el decreto de disolución de las cámaras con la consiguiente convocatoria automática de elecciones legislativas. Una de las primeras decisiones de Portela fue alejar de Madrid a los militares que consideraba poco afectos. Franco, por ejemplo, fue enviado a las Canarias.

Alcalá Zamora tenía, sin duda, sus razones. Persuadido de que la derecha no compartía su proyecto republicano original, y convencido igualmente de que la izquierda volvería a echarse al monte si la derecha ganaba de nuevo, se veía a sí mismo como única garantía de estabilidad. Su objetivo era crear una gran fuerza de centro que templara a unos y a otros. Sin duda Alcalá Zamora sobreestimó sus propias capacidades, porque aquel “centro” nunca fue una “gran fuerza”. De hecho, se hundiría en la más absoluta irrelevancia. Las elecciones de febrero de 1936 fueron su tumba.

Urnas sucias

Las elecciones de febrero de 1936 fueron cualquier cosa menos un ejemplo de limpieza democrática. 

El clima general, para empezar, era de una crispación irreversible. La izquierda comparecía en un amplio bloque, el Frente Popular, que abarcaba desde los republicanos de Azaña hasta el entonces pequeño Partido Comunista, pasando, por supuesto, por el Partido Socialista Obrero Español, que era el gran partido de masas de la izquierda.

La coalición contaba además con el respaldo expreso de los anarquistas de la CNT. Azaña veía este bloque como una “conjunción republicana” que permitiría mantener a la derecha alejada del poder y llevar a cabo el proyecto reformista radical por el que venía clamando desde 1930: una suerte de revolución francesa a la española. ¿Y la izquierda revolucionaria consentiría en quedarse al margen?

Azaña parecía persuadido de que su mera persona bastaba para conjurar cualquier peligro. Además, contaba con la proximidad de socialistas notables como Indalecio Prieto, partidarios de una “revolución gradual”.

Pero las cosas se veían de forma muy distinta en el ala mayoritaria del PSOE, la de Largo Caballero, para quien la victoria electoral no era sino un paso necesario para instaurar la dictadura del proletariado. Hay que leer los textos del propio Largo Caballero y de su periódico, “Claridad”: el PSOE de entonces soñaba abiertamente con una España soviética.

La derecha, por su parte, comparecía a las elecciones entre la exasperación, la decepción y el miedo: alejada alevosamente del poder –legítimamente ganado- por maniobras de palacio, enfrentada a la áspera constatación de que sus votos habían servido para bien poca cosa y, para colmo, aterrada por la inequívoca voluntad revolucionaria de la izquierda, las candidaturas de la derecha aspiraban cada vez mas a soluciones “de orden” y creían cada vez menos en la propia República. No había, ciertamente, un proyecto de derechas para la II República: si alguna vez lo hubo, la amarga experiencia de gobierno lo había disuelto para siempre.

Las elecciones las ganó el Frente Popular. Lo que nadie puede decir es que las ganó limpiamente.
Nunca se proclamaron los resultados –en votos- de la primera vuelta. De hecho, el primer cálculo relativamente documentado del escrutinio real fue el que publicó Tusell en los años 70 (un empate con leve ventaja de la izquierda), y aun este resulta discutible.

El recuento de los votos y la consecuente atribución de actas fue una merienda de negros por la presión violenta de los piquetes de la izquierda, que adulteraron escrutinios y atribuyeron actas de diputado a su antojo. No hay nada más ilustrativo que leer las memorias de los propios interesados, desde Azaña hasta Prieto, que no ocultan los sucesos.

La derecha denunció el robo de papeletas, pero sus quejas no fueron atendidas por “falta de pruebas”. En plena vorágine, el gobierno de Portela, aterrado, resuelve resignar el poder en Azaña, o sea, en los vencedores de la primera vuelta, de manera que la segunda ronda de las elecciones –porque era un sistema de dos vueltas- se verifica bajo el control de los mismos que habían adulterado la primera. La propaganda de la izquierda ha mitificado mucho la victoria electoral del Frente Popular en 1936, pero la verdad es que aquello fue, propiamente hablando, un “pucherazo”.

¿Qué hacía Franco hasta ese momento? Mirar. Moverse aquí y allá. Aparecer en la vida pública, pero sin estridencias.

En 1936 Franco era un joven general de 44 años –llevaba el fajín desde los 33- que levantaba las mayores suspicacias en el Frente Popular. Había sido gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, que incluso apadrinó su boda, lo cual le convertía en un monárquico aun sin serlo de forma militante. Primer director de la Academia Militar de Zaragoza –hasta que Azaña la cerró-, relegado luego al mando de una brigada en La Coruña y compensado más tarde con un destino en las Baleares, Franco volvió a entrar en la cúpula militar cuando el gobierno de Gil Robles le ascendió a general de división y, aún más, se le encomendó la misión de sofocar la revuelta de octubre de 1934, cosa que hizo bajo el mando nominal de un militar republicano y masón: el general López Ochoa.

Al año siguiente Franco fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército, un nombramiento que situaba al general inequívocamente en el ámbito de la derecha republicana. Por eso se le alejó a las Canarias en cuanto Alcalá Zamora privó a la derecha del poder.

El gobierno del Frente Popular enseguida dio muestras de su debilidad. Azaña formó un gabinete exclusivamente republicano, sin socialistas, pues éstos, pese a su mayoría parlamentaria, prefirieron mantenerse al margen de los ministerios. ¿Por generosidad? En realidad, no: más bien para llevar a cabo en las calles lo que no hubieran podido hacer desde el poder ejecutivo.

Si Alcalá Zamora esperaba poder controlar a la izquierda republicana, los hechos demostraron que erró gravemente. Y no menor fue el error de Azaña al pensar que podía controlar a su vez a los socialistas. Sólo un dato: el estado de alarma, proclamado formalmente por el gobierno Portela Valladares el 17 de febrero de 1936, fue prorrogado después, mes tras mes, por el gobierno de Azaña contra lo que el propio Frente Popular prometía en su programa.

Primavera trágica

¿Había razones para la alarma? Sí. La violencia ya se había adueñado de las calles. Entre febrero y junio de 1936 va a haber más de trescientos asesinatos políticos. La mecha la habían prendido los anarquistas años atrás, durante el primer mandato de Azaña.

Ahora los socialistas se sumaban a la orgía de pistolas e incendios. En el otro lado, los falangistas contestaban. Y no sólo ellos, porque el clima político se deterioró muy rápidamente. El gobierno, ante semejante paisaje, se vio desbordado por los acontecimientos. Podía reprimir a las derechas, pero lo tenía mucho más difícil con las izquierdas porque, al fin y al cabo, su mayoría parlamentaria dependía de ellas.

Para conjurar el clima de guerra civil y asentar su propio poder, Azaña y el socialista Indalecio Prieto urdieron una maniobra más o menos legal que pasaba por derribar a Alcalá Zamora de la presidencia de la República, pues no se fiaban de éste.

Ocurría que la ley limitaba a sólo dos las posibilidades del presidente de disolver las cortes, y la segunda debía ser enjuiciada por la cámara. Alcalá Zamora, en efecto, había disuelto las cortes dos veces: una, para formar las constituyentes, y la segunda para convocar las elecciones de 1936 (es decir, para llevar a la izquierda al poder).

A esto se agarraron Prieto y Azaña para acusar al presidente de haber disuelto las cortes injustificadamente. En realidad se trataba de un golpe de estado legal. El objetivo era que Azaña quedara como presidente de la República e Indalecio Prieto fuera nombrado presidente del Gobierno, pero algo torció sus planes: la oposición del ala socialista mayoritaria, la de Largo Caballero, que no quería ver en modo alguno a Prieto en el gobierno. ¿Por qué? Tanto por ambición de Largo, alérgico a cualquier liderazgo que no fuera el suyo, como por temor a que Prieto paralizara el proceso revolucionario. Las facciones de Prieto y Largo habían llegado a enfrentarse a tiros en la campaña electoral. Ahora no iban a hacer las paces. Prieto se quedó sin regalo. Era abril de 1936.

La jefatura del gobierno acabó recayendo en un hombre de Azaña, Casares Quiroga, sin energía para controlar a las izquierdas desbocadas. Al contrario, toda su voluntad parecía puesta en ganarse la aquiescencia de los revolucionarios.

El resultado fue una política absolutamente arbitraria. Un buen ejemplo de esta política hemipléjica lo sufrió Franco en sus propias carnes cuando concurrió como candidato en las elecciones parciales de Cuenca. En esta provincia, la jarana electoral de febrero había dejado a la circunscripción sin representantes.

Hubo que repetir los comicios y las derechas presentaron una lista “preventiva”: la componían José Antonio Primo de Rivera, para librarle de la cárcel, Goicoechea, que era el jefe más notorio de los monárquicos de Renovación Española, y el propio Franco, al parecer porque Gil Robles, entonces en la oposición, quería traerle a Madrid y exhibir su presencia en las Cortes a modo de advertencia. El Gobierno vetó la candidatura de Franco y el resultado final de las elecciones fue tan fraudulento como el de las generales.

A estas alturas las conspiraciones dentro de la derecha ya eran imparables. ¿Y Franco? Franco se reúne con unos y con otros, participa junto a Mola en una discreta asamblea con generales retirados, mantiene también contacto con la CEDA, incluso se entrevista con José Antonio Primo de Rivera (y no se entendieron en absoluto). Pero si algo caracteriza a Franco en este periodo es su extrema prudencia.

Muchos le reprocharán entonces indecisión y falta de arrojo, pero no era eso: durante su etapa de jefe del Estado Mayor –Payne y Palacios han documentado muy bien este episodio-, Franco había creado un servicio de contravigilancia para conocer el ambiente en los cuarteles, y gracias a ese instrumento supo que el porcentaje de revolucionarios dentro de las fuerzas armadas era elevadísimo.

Franco sabe que cualquier intento de apartar al Frente Popular del poder derramará inevitablemente mucha sangre. Y sabe también que la pasividad del Gobierno está llevando las cosas a una situación sin retorno.

El 23 de junio Franco escribe al entonces presidente del Gobierno, Casares Quiroga, manifestándole su inquietud por la situación política y la preocupación en ámbitos militares. Era un último cartucho. Casares ni siquiera contestó.

Mola tuvo listo su plan al final de la primavera. No era un pronunciamiento al estilo decimonónico, ni tampoco un golpe “técnico” con ocupación de centros de poder, sino más bien una especie de marcha militar sobre Madrid a partir de los centros que se esperaba controlar en la periferia: Barcelona, Pamplona, Galicia, Andalucía…

Franco seguía sin verlo claro, pero la efervescencia en las calles y la impotencia del gobierno empujaban a un desenlace inevitable.

El 13 de julio, policías de obediencia socialista salen del cuartel de Pontejos, en Madrid, para matar a los líderes de la oposición. A Gil Robles alguien le avisa antes y puede poner pies en polvorosa, pero a Calvo Sotelo le localizan en su casa, le hacen subir a un furgón y allí le descerrajan dos tiros en la cabeza. “Ese atentado es la guerra”, dijo el líder socialista Zugazagoitia cuando los propios autores del crimen le contaron lo que había hecho.

Era verdad. Ese día, Franco dejó de dudar. El levantamiento empezó en la tarde del 17 de julio en Melilla. El golpe propiamente dicho fracasó, pero como aquello no era una simple conspiración militar, sino una rebelión de media España, se convirtió en guerra civil. Así comenzó todo.

La Gaceta