The brilliant idea of amnesty
Modestly, today I have had a brilliant idea that I offer free of charge to anyone in high places who wants to take advantage of it.
The first key is that granting amnesty without demanding anything in return is an invitation to make the fantasy of "ho tornarem a fer" a reality, and it's not a matter of going around with 155 every two or three years.
Besides, those who didn't get off, albeit gently, got jail (which they served a little) and a disqualification that the pardons didn't erase, if I'm not mistaken. Comparative aggravation, then.
The second key is that with Puchi you can't tie up any loose ends and he might get a windfall and Sánchez's investiture goes to hell and elections have to be repeated.
The idea, which I have already said is brilliant, takes into account these two keys plus a considerable dose of electoral marketing, without which there is nowhere to go in today's world.
Without further circumlocutions: In his investiture speech, best at the end to create anxiety in the deputies and not to be interrupted too much, Sánchez would announce his intention to present to the House the Bill for the Defence and Protection of the Constitution. So literally: of Defence and Protection of the Constitution.
In it, given the experience of autumn 2017, new and very harsh penalties would be introduced for those who attempt to interrupt, terminate or undermine by any means other than those explicitly provided for in the current Constitution, any of its parts or provisions.
When I say harsh I mean harsh: permanent revisable imprisonment in the most serious cases.
And finally, the bombshell: in an additional provision, the so-called Law for the Protection and Defence of the EC would stipulate that, to begin with equal conditions for all and to show the goodwill that undoubtedly inspires the legislator and in attention to the concord of citizens whose safeguard is a fundamental duty of the public authorities, amnesty is granted to all those involved in the cases of the "procés"... who already know what awaits them if they reoffend.
As Puchi might not like it, the law could be perfectly useful in the January election campaign. "Niquelao, frankly.
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La brillante idea de la amnistía
Modestamente, he tenido hoy una idea genial que brindo gratis total a quien en las alturas quiera aprovecharla.
La primera clave es que amnistiar sin exigir nada a cambio es invitar a que hagan realidad la fantasmada esa de "ho tornarem a fer" y tampoco es cosa de andar con el 155 cada dos o tres años.
Además, a los que no se las piraron, aunque fuera suavecita, les cayó cárcel (que cumplieron un poquito) y una inhabilitación que no borraron los indultos, si no me equivoco. Agravio comparativo, pues.
La segunda clave es que con Puchi no se pueden atar cabos y lo mismo le da la ventolera y la investidura de Sánchez se va al carajo y hay que repetir elecciones.
La idea, ya digo que genial, que he tenido, tiene en cuenta esas dos claves más una considerable dosis de mercadotecnia electoral, sin la cual no se va a ninguna parte en el mundo de hoy.
Sin mas circunloquios: En su discurso de investidura, mejor al final para crear ansiedad en los diputados y que no le interrumpan mucho, Sánchez anunciaría su intención de presentar a la Cámara el Proyecto de Ley de Defensa y Protección de la Constitución. Así literalmente: de Defensa y Protección de la Constitución.
En ella, dada la experiencia del otoño de 2017, se introducirían nuevas y muy duras penas para los que intentaran interrumpir, acabar o menoscabar por cualesquiera medios que no fueran los explícitamente previstos en la actual Constitución, cualquiera de sus partes o disposiciones.
Cuando digo duras quiero decir duras: prisión permanente revisable en los casos más graves.
Y al final, la bomba: en una disposición adicional, la tal Ley de Protección y Defensa de la CE estipularía que, para empezar en condiciones de igualdad para todos y para mostrar la buena voluntad que sin duda inspira al legislador y en atención a la concordia ciudadana cuya salvaguardia es deber fundamental de los poderes públicos, se amnistía a todos los implicados en los casos del "procés"... que ya saben lo que les espera si se les ocurre reincidir.
Como igual a Puchi no le gusta la cosa, la Ley puede servir perfectamente en la campaña electoral de enero. "Niquelao", francamente.
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Los juristas advierten: «La amnistía supone reconocer que hay una guerra con Cataluña»
Los expertos consideran que se trata de una herramienta para pasar de regímenes totalitarios a democracias
El desafío secesionista en Cataluña continúa siendo un campo de minas. El conflicto sigue abierto seis años después y amenaza con dividir de nuevo a la sociedad española.
El expresidente Carles Puigdemont exige una amnistía para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Los votos de su partido son esenciales. De esa forma se cerraría el episodio abierto el 1 de octubre de 2017.
Los especialistas consultados por THE OBJECTIVE consideran que el procedimiento es inconstitucional y que las amnistías son herramientas válidas para pasar de regímenes totalitarios a democracias.
«La amnistía supondría reconocer que hay una guerra abierta con Cataluña», advierte Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.
En su opinión, la fórmula se utiliza para poner fin a conflictos armados, como sucedió en 1977 para superar la Guerra Civil y el franquismo.
Aquella ley, que se ha puesto en duda muchas veces en los últimos tiempos, sirvió para hacer tabla rasa a los crímenes cometidos durante cuatro décadas.
La Ley de Amnistía de 1977 benefició a dirigentes franquistas, pero también a opositores y terroristas.
Luego llegó la Carta Magna y un nuevo marco jurídico. «En ese momento la amnistía tenía sentido porque el ordenamiento jurídico franquista era injusto y suprimía derechos fundamentales», recalca Tajadura.
Lo anterior a todo aquello había sido una guerra fratricida y casi 40 años de conflicto latente que cerró la Constitución, a la que el socialista Alfonso Guerra calificó como «un acta de paz».
La amnistía de 1977
«No hay paralelismos históricos. La España de 2023 no tiene nada que ver con la de 1977.
Entonces se quería hacer borrón y cuenta nueva. Ahora no es necesario hacer una amnistía porque no existe un conflicto entre Cataluña y España.
En todo caso hay un conflicto de unos catalanes, que son minoría, con el Estado», explica Tajadura. A pesar de ello, Puigdemont exigió hace dos semanas desde Bruselas ese mecanismo.
El término amnistía no aparece en la Constitución, que sí prohíbe expresamente conceder indultos generales. Son dos figuras cercanas, pero diferentes.
La amnistía es un instrumento del poder legislativo que sirve para anular responsabilidades jurídicas. No supone perdonar la condena, sino olvidar el hecho delictivo. En cambio, el indulto lo concede el Gobierno y aunque extingue la responsabilidad penal, no elimina la condena.
«Que la Constitución no cite la amnistía no quiere decir que tenga cabida. Esa interpretación es muy simplista y bastante torticera. Tampoco dice que se prohíba matar y hacerlo supone un delito», subraya Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros.
En su opinión, aceptar la amnistía supondría una injerencia «inadmisible» del poder legislativo en el judicial.
Fernandes califica de «barbaridad» en términos jurídicos que se pueda conceder una amnistía porque esa figura está ligada a «una situación de conflicto o un escenario en el que no se reconocen los derechos humanos». Dos escenarios que, insiste, no se han dado en Cataluña.
La medida beneficiaría a los encausados por el procés, aunque podría alcanzar a más de 4.000 personas. Todas ellas independentistas con cuentas pendientes con la justicia, no solo políticos procesados (algunos de ellos ya indultados).
«Una suerte de olvido»
«La amnistía es contraria a varios principios constitucionales, entre ellos el de seguridad jurídica.
También genera una afección al principio de igualdad», admite Fernandes.
Este experto en la materia considera que lo que pretenden los independentistas es una actuación ad hoc para perdonar a aquellas personas que subvirtieron el Estado de derecho y pusieron en jaque el ordenamiento jurídico español.
Fernandes califica esa «suerte de olvido» como «una auténtica barbaridad». Apunta a que la fórmula solo tiene cabida «en un conflicto de una trascendencia que necesite pasar página».
A su juicio, lo que sucedió en Cataluña no alcanza esa categoría. «Una amnistía requiere un conflicto latente que el Estado debe perdonar.
Poner la política por encima de todo ha generado grandes problemas a la humanidad. Por eso, para evitarlo, se crean controles», insiste el profesor del CES Cardenal Cisneros.
Baldomero Oliver reconoce la necesidad de dar una solución política a «un problema político» que aún mantiene sus derivas. «Existe un reto por parte de todos los partidos políticos.
Fue un error resolver el procés por la vía judicial», sostiene este catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada.
No obstante, cree que hacerlo a través de una amnistía sería inconstitucional porque vulneraría el artículo 117 de la Constitución, que atribuye a los jueces la función de juzgar.
Artículo 117 La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
«Me pregunto de qué estamos hablando cuando hablamos de amnistía. Hasta qué punto sería y qué alcance tendría. No es lo mismo perdonar procesos finalizados que abiertos.
Si se pretende anular sentencias firmes, como el caso de la inhabilitación, eso sería inconstitucional», advierte Oliver.
En su opinión, los planteamientos de este procedimiento podrían generar un nuevo conflicto, esta vez entre los poderes del Estado (legislativo contra judicial).
El fracaso del independentismo
Oliver asegura que hay expertos que defienden que, al no estar prohibida en la Constitución, la amnistía podría tratarse en el Parlamento, sede de la soberanía popular, pero advierte de lo que significa legislar contra la ley.
«Sería reconocer un conflicto, pero también que el movimiento independentista ha fracasado y que el Estado, en su magnanimidad, perdona. Eso serviría para reconocer la plena legitimidad del Estado español».
El juez Fernando Portillo considera que las amnistías son propias de pasos transitorios de regímenes totalitarios a democracias, y que este no es el caso: «España es una democracia asentada desde hace mucho tiempo».
En su opinión, «una amnistía podría verse desde fuera como una deslegitimación de nuestro Estado de Derecho».
Oliver va más lejos y sostiene que, por el momento, se está hablando de meras hipótesis ya que ni siquiera se ha planteado la cuestión ni está en marcha la investidura de Sánchez.
Fran Serrato
@FcoSerrato
fs@theobjective.com
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The amnesty means recognising that there is a war with Catalonia", warns jurists.
Experts consider it a tool to move from totalitarian regimes to democracies
The secessionist challenge in Catalonia continues to be a minefield. The conflict is still open six years later and threatens to divide Spanish society once again.
Former president Carles Puigdemont is demanding an amnesty to support the investiture of Pedro Sánchez. His party's votes are essential. This would close the episode that opened on 1 October 2017.
The specialists consulted by THE OBJECTIVE consider that the procedure is unconstitutional and that amnesties are valid tools for moving from totalitarian regimes to democracies.
"The amnesty would mean recognising that there is an open war with Catalonia," warns Javier Tajadura, professor of Constitutional Law at the University of the Basque Country.
In his opinion, the formula is used to put an end to armed conflicts, as happened in 1977 to overcome the Civil War and Francoism.
That law, which has been questioned many times in recent times, served to wipe out the crimes committed over four decades.
The 1977 Amnesty Law benefited Francoist leaders, but also opponents and terrorists.
Then came the Magna Carta and a new legal framework. "At that time the amnesty made sense because Franco's legal system was unjust and suppressed fundamental rights", Tajadura stresses.
Before all that, there had been a fratricidal war and almost 40 years of latent conflict that ended with the Constitution, which the Socialist Alfonso Guerra described as "a peace treaty".
The 1977 amnesty
"There are no historical parallels. The Spain of 2023 has nothing to do with the Spain of 1977.
Then they wanted to wipe the slate clean. Now there is no need for an amnesty because there is no conflict between Catalonia and Spain.
In any case, there is a conflict between some Catalans, who are a minority, and the state", Tajadura explains. Despite this, Puigdemont demanded this mechanism a fortnight ago from Brussels.
The term amnesty does not appear in the Constitution, which expressly prohibits the granting of general pardons. They are two similar but different concepts.
Amnesty is an instrument of the legislative power that serves to annul legal responsibilities. It does not involve pardoning the conviction, but rather forgetting the criminal act. A pardon, on the other hand, is granted by the government and although it extinguishes criminal responsibility, it does not eliminate the conviction.
"The fact that the Constitution does not mention amnesty does not mean that it has any place. This interpretation is very simplistic and rather twisted. Nor does it say that killing is prohibited, and doing so is a crime", stresses Ibor Fernandes, professor of Constitutional Law at the CES Cardenal Cisneros.
In his opinion, accepting the amnesty would mean "inadmissible" interference by the legislative power in the judiciary.
Fernandes describes it as "barbaric" in legal terms that an amnesty can be granted because it is linked to "a situation of conflict or a scenario in which human rights are not recognised". Two scenarios which, he insists, have not occurred in Catalonia.
The measure would benefit those prosecuted for the procès-martial, although it could reach more than 4,000 people. All of them pro-independence supporters with outstanding accounts with the justice system, not just prosecuted politicians (some of whom have already been pardoned).
"A kind of oblivion".
"The amnesty is contrary to several constitutional principles, including that of legal certainty.
It also affects the principle of equality," admits Fernandes.
This expert in the matter considers that what the pro-independence supporters are seeking is an ad hoc action to pardon those people who subverted the rule of law and put the Spanish legal system in check.
Fernandes describes this "sort of oblivion" as "a real barbarity". He points out that the formula only has a place "in a conflict of a transcendence that needs to turn the page".
In his opinion, what happened in Catalonia does not reach that category. "An amnesty requires a latent conflict that the state must forgive.
Putting politics above all else has generated great problems for humanity. That is why, in order to avoid this, controls are created," insists the professor at the CES Cardenal Cisneros.
Baldomero Oliver recognises the need to provide a political solution to "a political problem" that is still drifting. "There is a challenge for all political parties.
It was a mistake to resolve the procès-martial through the courts", says this Professor of Constitutional Law at the University of Granada.
However, he believes that to do so through an amnesty would be unconstitutional because it would violate article 117 of the Constitution, which attributes the function of judging to judges.
Article 117 Justice emanates from the people and is administered in the name of the King by Judges and Magistrates who are members of the judiciary, independent, irremovable, responsible and subject only to the rule of law.
"I wonder what we are talking about when we talk about amnesty. To what extent would it be and what scope would it have. Pardoning completed trials is not the same as pardoning open trials.
If the aim is to overturn final sentences, such as in the case of disqualification, this would be unconstitutional", warns Oliver.
In his opinion, the approaches of this procedure could generate a new conflict, this time between the powers of the state (legislative versus judicial).
The failure of independence
Oliver assures that there are experts who argue that, as it is not prohibited by the Constitution, the amnesty could be dealt with in Parliament, the seat of popular sovereignty, but warns of what it means to legislate against the law.
"It would mean recognising a conflict, but also that the independence movement has failed and that the state, in its magnanimity, is forgiving. This would serve to recognise the full legitimacy of the Spanish state".
Judge Fernando Portillo considers that amnesties are typical of transitional steps from totalitarian regimes to democracies, and that this is not the case: "Spain is a long-established democracy".
In his opinion, "an amnesty could be seen from the outside as a delegitimisation of our rule of law".
Oliver goes further and argues that, for the moment, we are talking about mere hypotheses, since the question has not even been raised, nor is Sánchez's investiture underway.
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viernes, 25 de junio de 2021
La solución para Cataluña (Recuperando el artículo del 17 de mayo de 2018)
Podríamos rescatar, porque estarían en pleno vigor, los versos de Machado que, actualizados, nos llevarían a decir que "una de las dos Cataluñas ha de helarte el corazón".
Son las consecuencias del procés, esa huida hacia delante impulsada por Artur Mas hace cinco años para no afrontar sus responsabilidades ante la crisis, y llevada al límite, hasta el borde del precipicio, por su sucesor Puigdemont con la declaración unilateral de independencia antes de huir escondido en un maletero.
El derecho a decidir el futuro de una comunidad es incuestionable. Habrá que respetar la libertad para que cada cual decida su camino. Sería deseable que Cataluña siguiera en España, con un modelo territorial claro y consistente, pero los catalanes deben decidir por sí mismos si quieren seguir, por voluntad propia, en una España federal.
No queda otra.
Es hora de abordar un verdadero referéndum pactado, homologable y con garantías
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