La historia detrás del ‘backstop’ del Brexit

https://www.youtube.com/watch?v=ZKw66UOkGv8

La suerte está echada, aunque queden largas horas de debate parlamentario por delante. La Cámara de los Comunes votará finalmente este martes 15 de enero de 2019 el acuerdo de Brexit alcanzado entre Theresa May y la UE después de dos años de arduas negociaciones. 

Theresa May en el Parlamento Británico

"A los miembros de ambos lados de esta Cámara les digo: sea cual sea la conclusión a la que ya han llegado, echen un segundo vistazo a este acuerdo en las próximas 24 horas.

No es perfecto, pero se trata de un compromiso. Y cuando se escriba la historia, los ciudadanos contemplarán esta Cámara y se preguntarán si fuimos capaces de respetar la decisión del pueblo de abandonar la Unión Europea", ha reclamado May. 

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el famoso 'backstop' (usando terminología del béisbol), es una especie de póliza de seguro  que permita el tránsito de personas y mercancías sin necesidad de frontera física de ningún tipo. 

Así, Irlanda del Norte operaría, hasta que se formalice la nueva relación económica entre el Reino Unido y la UE, con la reglamentación europea, al igual que el resto del país, que quedará atado a la regulación europea hasta que termine el proceso de transición el 31 de diciembre de 2020.

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La historia detrás del ‘backstop’ del Brexit   (Nacho Alarcón - 8 junio 2018)

En el juego del beisbol se le llama "backstop" a la barrera que se sitúa a espaldas del receptor  y cuya función es la de detener las pelotas que se le pasan al "catcher"

Todo comenzó el sábado 29 de abril de 2017.

Ese día, en un Consejo Europeo extraordinario, los líderes aprobaron las primeras directrices para la negociación entre la Comisión Europea y el equipo negociador del Reino Unido.

En ese texto, en el párrafo 11, se especifica que “a la vista de las circunstancias únicas en la isla de Irlanda (en referencia a los Acuerdos del Viernes Santo que acabaron con la violencia en la región y que consagran una frontera abierta entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda), serán necesarias soluciones flexibles e imaginativas, incluyendo la intención de evitar una frontera dura a la vez que se respete la integridad del ordenamiento legal de la Unión”.

¿Traducido? Que había que buscar una solución para no levantar una frontera en el Ulster que representara la liquidación de los Acuerdos del Viernes Santo en 1998.

En los pueblos fronterizos no quieren volver a saber nada de ‘The Troubles’ (1968-1998), el conflicto que hundió a la isla en un encarnizado enfrentamiento entre vecinos y que dejó más de 3.500 muertos.

Con el Mercado Único, la República de Irlanda e Irlanda del Norte comenzaron a vivir un renacimiento y relanzamiento de sus economías y una cercanía inédita entre Dublín y Londres. 

La frontera se puede encontrar en cualquier sitio: en el pueblo de Pettigo, caminando por una calle cualquiera, se cruza de Irlanda al Reino Unido. Las únicas formas de diferenciar las fronteras es el cambio en el color de las líneas de la carretera y el aviso de que la velocidad se pasa de contar en kilómetros por hora a millas por hora. Aún quedan algunos puestos fronterizos abandonados. 

8 de diciembre y los días clave

Después de que la UE aprobara sus directrices de negociación May tuvo la idea de convocar elecciones que, según las encuestas, le darían una importante mayoría en Westminster y le permitiría quitarse de en medio a los diputados conservadores proeuropeos que prometían revueltas en el Parlamento.

Las cosas salieron al revés, los tories acabaron perdiendo escaños y acabaron teniendo que llegar a un acuerdo de Gobierno con el partido unionista norirlandés (DUP), que se opone a cualquier distanciamiento entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Retengan este dato, será importante más adelante.

Después del batacazo electoral, cuando comenzaron las negociaciones el Reino Unido se centró en la factura de liquidación financiera, lo que debería pagar por los compromisos que había asumido durante sus cuatro décadas de pertenencia a la Unión Europea. Eso desvió el foco hasta mediados de noviembre, cuando Dublín, viendo los pocos progresos en la solución a la frontera irlandesa pasó a la ofensiva.

Para entender lo que ocurrió después es clave tener en cuenta que las negociaciones se dividían en tres partes: una primera en la que se acordaban los términos del divorcio (factura financiera, derechos de los ciudadanos o la frontera irlandesa entre otras), y solo cuando hubiera “progreso suficiente” en estos temas se pasaría a la segunda fase, en la que se negociaba el periodo transitorio que pidió Theresa May, primera ministra británica. Tras ello se comenzaría a hablar de las relaciones futuras.

Se acercaba el Consejo Europeo de diciembre, la última oportunidad de certificar el “proceso suficiente” y pasar a la siguiente fase antes de que saltaran todas las alarmas. Una fuente diplomática aseguraba que la situación se saldría de control si no se llegaba a un acuerdo entonces.

El 4 de diciembre May tenía que viajar a Bruselas para almorzar con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y poner encima de la mesa una propuesta final que finiquitara la primera fase de las negociaciones.

Horas antes Juncker se reunió con los coordinadores del Parlamento Europeo. Philippe Lamberts, uno de los líderes de Los Verdes que acababan de salir del encuentro, abandonaba el edificio del Ejecutivo comunitario apresuradamente. Un pequeño grupo de periodistas le pararon en la puerta. ¿Habría acuerdo a mediodía? “Sí”, contestó.

Horas después May tenía que entrar al almuerzo, sin ideas bajo el brazo. Al otro lado de la mesa Juncker le haría una propuesta que ya habían consultado con Dublín: que toda la isla de Irlanda quedara en una misma alineación regulatoria, de forma que no fuera necesaria una frontera. Eso sí, la frontera se trasladaría al mar de Irlanda que separa a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido.

Cuando la primera ministra llegó a Bruselas parecía haber aceptado esa solución. En mitad del almuerzo May se levantó de la mesa y salió de la sala para telefonear a Arlene Foster, líder de la DUP (¿recuerdan?) para hacerle llegar la oferta de la Unión Europea. La respuesta de la norirlandesa fue la esperada: “No”. May tuvo que disculparse: no podría haber acuerdo.

Para dejarle claro que no debía siquiera plantearse un acuerdo así, Foster no le cogió el teléfono a May durante todo el día siguiente (martes), y solo hablaron el miércoles de esa semana. Al día siguiente, jueves 7 de diciembre, se celebraba la fiesta de navidad en Downing Street, la sede de la oficina de la primera ministra.

May estaba contra las cuerdas y con una gran presión por parte de Bruselas. Con el sonido de fiesta de fondo, la primera ministra llamó a Foster y le dijo que lo sentía, pero que iba a llegar a un acuerdo con la UE.

Esa noche del 7 al 8 de diciembre las llamadas entre Bruselas, Dublín y Londres terminó con un vuelo que salió sobre las tres de la madrugada hora londinense desde la capital británica y que aterrizó en Bruselas. Poco después May entró en el edificio Berlaymont.

Sobre las siete de la madrugada Theresa May y Jean-Claude Juncker salían a una sala de prensa prácticamente vacía. Habían firmado un joint report que servía de certificado de un “progreso suficiente” que permitiría al Reino Unido obtener el paso a la siguiente fase durante el Consejo Europeo que se celebraría días después.

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En ese texto, en el párrafo 49, está el famoso backstop que nos trae hasta aquí. Ese párrafo dice que no puede haber una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República Irlanda. ¿Cómo evitarla?

Se dan tres opciones:

1. Que las futuras relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea sean tan estrechas que sea innecesario una frontera. El problema con esta opción es que las relaciones futuras no se sabrán hasta tiempo después del Brexit, y el encaje de la isla de Irlanda debe estar perfectamente traducido al texto legal que dará validez jurídica a la salida del país del bloque comunitario (también llamado Acuerdo de Salida).

2. Que el Reino Unido diera otra solución que permitiera evitar la frontera. Londres ya había barajado una “solución tecnológica” que en agosto una fuente comunitaria tachó de “planes imaginarios”.

3. Una última opción, el backstop u opción de emergencia: si el Reino Unido fracasaba a la hora de proponer una solución para la frontera, como último recurso Irlanda del Norte quedaría en un mismo espacio regulatorio que la República de Irlanda. Para evitar la frontera había tres requisitos importantes a la hora de entender dónde estamos ahora: era una solución indefinida, en la que Irlanda del Norte se alineaba con la Unión Aduanera y partes del Mercado Único.

Aquella madrugada May se ató las manos y el Brexit duro empezó a agonizar. Cuando la situación se enfrió y a finales de febrero la Comisión Europea publicó un borrador del Acuerdo de Salida (palabras mayores, porque es el texto que tendrán que firmar los Veintiocho), el Ejecutivo comunitario reflejó lo acordado en el joint report: a fecha 28 de febrero Londres no había hecho ninguna propuesta alternativa para la isla de Irlanda y Bruselas estampó en el texto la opción backstop.

Verlo negro sobre blanco en un borrador tan trascendental enfadó a la primera ministra y aseguró que ningún líder político firmaría una medida como la reflejada en el backstop, que haría romperse el mercado interior y el orden constitucional británico al establecer una frontera dentro de los límites de un mismo Estado.

¿Qué ha pasado desde entonces?

Ya que el Reino Unido consideraba inaceptable el backstop que ellos mismos habían aceptado la madrugada del 8 de diciembre, Bruselas explicó que el equipo británico podía hacer otras ofertas que pudieran hacer desaparecer la frontera en la isla de Irlanda.

Durante los últimos días de mayo se celebró una ronda de negociación en la que Olly Robbins, la mano derecha de May y el negociador jefe de facto del lado británico, propuso verbalmente a la Unión Europea una solución que evitaría una frontera en el mar de Irlanda y que, en consecuencia, la DUP no derribara el Gobierno de su jefa en el Parlamento: que fuera todo el Reino Unido el que quedara alineado, pero solo con la Unión Aduanera y por un tiempo limitado.

Y eso no valía a los negociadores europeos, que insistieron en que las condiciones del párrafo 49 del joint report eran muy claras: una solución sin límite de tiempo, solo para Irlanda del Norte, y con una alineación no solo con la Unión Aduanera, sino también con partes del Mercado Único.

El día que Robbins abandonó Bruselas fuentes del equipo negociador europeo protagonizaron una rajada monumental contra el equipo británico, al que acusaron de estar “persiguiendo fantasías” con las ideas propuestas esa semana. En un principio rechazaron que la opción del backstop se pudiera extender a todo el Reino Unido, ya que temían, en palabras de una fuente, que pudiera ser una “puerta de atrás” hacia el Mercado Único.

En lo que se han presentado inflexibles es en que no podía tener límite de tiempo y en que debía incluir partes del Mercado Único, ya que es cierto que una unión aduanera no evita los controles fronterizos, con lo que no cumpliría con el único objetivo encima de la mesa.

Luego nueva ronda de negociaciones en Bruselas, y al comienzo de la misma fuentes de la negociación explicaban que esperaban un nuevo documento del Reino Unido sobre aduanas, sin especificar temática particular.

Mientras tanto en Londres Robbins y May se disponían a poner la propuesta verbal de hacía algunos días en un documento formal y con una modificación importante: dejar entrever que podría no ser sin límite de tiempo específico, sino hasta que fuera necesario.

La idea en la que trabajan la primera ministra y su mano derecha provocó que el miércoles 6 de junio por la tarde David Davis, ministro del Brexit, amenazara con dimitir, lo que provocaría una revuelta que podría derribar a May. A la mañana siguiente la líder del Gobierno se vio con su ministro y también con algunos de los aliados de Davis dentro del gabinete, como Boris Johnson, ministro de Exteriores, y Liam Fox, ministro de Comercio internacional.

A media mañana se incluyó un último párrafo en el que se expresa que el Reino Unido “espera” que este backstop temporal se levante el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que calculan que ya haya un acuerdo comercial con la Unión Europea que haga innecesaria una frontera.

El documento, de 6 folios, utiliza un lenguaje vago, y de hecho ese “espera” es reflejo de la debilidad de las palabras del Reino Unido. No exige nada, solamente traza una expectativa.

En Londres los aliados de Davis aseguran que él ha vencido esta vez al obligar a incluir una fecha, mientras que la gente de May indica que el párrafo incluido no tiene ninguna validez jurídica y que no hay ninguna victoria del eurófobo en ello.

Recuerden que una de las líneas rojas que los negociadores europeos dibujaron hace semanas era que el backstop no podía ser limitado en el tiempo, por lo que habrá que ver si el lenguaje es lo suficientemente ambiguo como para que lo tomen como una propuesta a considerar.

La postura británica es clara: sí, limitado en el tiempo, pero a la hora de la verdad no se especificará hasta cuándo, por lo que jurídicamente es como si no estuviera limitado en el tiempo. Sería así hasta que fuera necesario.

Sin embargo, es difícil ver a la Unión Europea tragando con ello. Imaginen el siguiente escenario: en el Acuerdo de Salida se acepta dicho backstop que, en el texto, se dice que es “limitado en el tiempo”, aunque sin incluir fecha.

Poco después May cae y llega al Gobierno un eurófobo contrario a dicha medida, y se ampara en que es “limitado en el tiempo” para decidir que el límite ya ha llegado, rompe esa cláusula y una frontera surge entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

La experiencia de las negociaciones es que Bruselas no dejará ningún cabo suelto. Habrá que observar de cerca la reacción de la Unión Europea y ver si, al menos, envía señales a Londres de que van por el buen camino.

Sin embargo, el texto sigue sin incluir partes del Mercado Único, por lo que si el Reino Unido quiere que esta propuesta tenga posibilidades de sobrevivir tendrá que seguir modificándola hasta que incluya ese elemento.

enlace 

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What is the Brexit backstop?

Variously described as an insurance policy or safety net, the backstop is a device intended to ensure that there will not be a hard border between Northern Ireland and the Republic of Ireland, even if no formal deal can be reached on trade and security arrangements.

It would mean that if there were no workable agreement on such matters, Northern Ireland would stay in the customs union and much of the single market, guaranteeing a friction-free border with the Republic.

Both the UK and EU signed up to the basic idea in December 2017 as part of the initial Brexit deal, but there have been disagreements since on how it would work.
What are the main differences?

The first is over where it will apply. The EU wants the backstop to affect only Northern Ireland.

Even though the aim is for it to never come into force, Theresa May has ruled out the idea of separate customs arrangements for Northern Ireland and the rest of the UK – the so-called customs border in the Irish Sea – and it would be completely unacceptable to the DUP.

May has tried to argue that the backstop could apply to the whole of the UK, but this angers Conservative MPs, who dislike the idea of the country being tied to EU rules in the long term.

The UK has sought to make the backstop time limited, but Brussels argues this is impossiblebecause the guarantees it offers are needed for as long as an alternative solution is not found.
What is the ‘backstop to the backstop’?

This is the idea, being briefed by UK government sources on Monday, that Brussels is said to be seeking if it agrees to a UK-wide backstop. This would be a secondary guarantee, covering just Northern Ireland, if the first incarnation fails.

This has again been rejected by No 10, because it leaves the possibility open of customs divergence between Northern Ireland and the rest of the UK.

The idea is being held up as the reason talks have stalled ahead of this week’s EU summit, but this has been met with some scepticism in Brussels.

Las propuestas de Vox para apoyar al PP en Andalucía

Las propuestas de Vox para apoyar al PP en Andalucía

PROPUESTAS DE VOX PARA LA INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.- Declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles. Propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término “realidad nacional”.

2.- Declaración institucional de la presidencia de la Junta de condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox. Con especial condena de los ataques, calumnias y amenazas que se han proferido.

3.- Reducción del gasto político y del gasto redundante:
- Reducción drástica (75%) de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales. Con el horizonte final de lograr su completa eliminación.

- Supresión de las subvenciones a las asociaciones y ONGs ideológicas (todas aquellas dedicadas a la promoción de determinada visión ideológica) independientemente de su naturaleza comunista, feminista, progresista, liberal o conservadora.

- Igualmente, supresión de la administración paralela y todo Instituto o Agencia que no acredite fuera de toda duda su utilidad pública.

- Eliminación de las ayudas exteriores, que deben ser competencia exclusiva del Estado. Instar a los municipios a que también cesen en estos gastos que no son de su competencia.

- Supresión de las “embajadas comerciales” (Red Extenda) de la Junta e integración de sus funciones en el servicio Exterior de España.

- Estudiar si existen otras duplicidades con el Estado para su ahorro.

- Realización de una auditoría externa que fiscalice las subvenciones concedidas en los últimos años. Estudio jurídico para reclamar los fondos que no hayan tenido una evidente utilidad pública.

- Realización de una auditoria externa de las cuentas de la Junta, encabezada por persona de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción.

4.- Rebaja fiscal:
- Bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: reducción del tipo de gravamen al 0.5% (en la actualidad es 1.5%) en los Actos Jurídicos Documentados; en las Transmisiones Patrimoniales Onerosas reducción del tipo impositivo al 5% en las de inmuebles y al 4% en otras transmisiones. El Impuesto del Patrimonio será mantenido solo como instrumento de control, reduciendo al 0% su tipo impositivo.

- Simplificación de los escalones y reducción de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF. Introducción de desgravaciones por número de hijos y gastos educativos. El tipo máximo, sumado al del tramo nacional, no deberá superar el 45%. Acabar con la duplicidad administrativa que supone la existencia de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria de Andalucía.

5. Medidas contra la inmigración ilegal:
- Colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía.

- Terminar con el efecto llamada: suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales.

- La Junta promoverá, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal.

- Evitar el “turismo sanitario” en cooperación con la policía y los consulados de España en el extranjero.

6. Radiotelevisión andaluza y libertad de prensa:
- Liberalización del régimen de concesión de licencias de radio y televisión. La regla general debe ser la libertad de frecuencias para quienes cumplan los requisitos técnicos mínimos necesarios. Sólo cuando las solicitudes de licencias excedan al número de frecuencias se establecerá un concurso con criterios calidad y de diversidad para evitar monopolios informativos.

- Radiotelevisión andaluza: Compromiso de reducción de costes de al menos el 50%, sin que afecte a los sueldos más bajos. Eliminación de tres de los cuatro canales televisivos. Garantizar su neutralidad política e ideológica.

- Supresión de organismos públicos de control de medios de comunicación, como
el Consejo Audiovisual de Andalucía.

7. Creación de una Consejería de Familia y Natalidad para:
- Aprobar un Plan Integral de Fomento de la Natalidad y una campaña de concienciación de la gravedad del invierno demográfico. Especial apoyo a las familias numerosas.

- Introducir amplias desgravaciones fiscales proporcionales al número de hijos, y medidas de conciliación trabajo-familia para los padres.

- Ampliar la red de guarderías.

- Promover de manera transversal en todos los organismos y políticas una perspectiva pro-familia y pro-natalidad.

- Prestar especial atención a las mujeres con embarazos no deseados, proporcionándoles información, asistencia y alternativas para que puedan evitar el drama del aborto. Asegurarse de que ninguna de ellas reciba coacciones o presiones de su entorno que la obliguen a abortar. Vigilancia del cumplimiento efectivo de la Ley de Autonomía del Paciente, que prescribe informar sobre los riesgos de la intervención.

- Impulsar un Plan Andaluz de Adopción.

8. Plan de Extensión de Cuidados Paliativos en la sanidad pública:
- Entre otras medidas, reforzar las Unidades del Dolor en toda la red sanitaria.

9. Plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España:
- Asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras comunidades no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional.

- Asistencia de la Junta para que los andaluces que trabajen en otras comunidades no sufran discriminaciones laborales ni de ningún tipo por razón de su origen y su lengua.

10. Libertad de educación:
- La Junta garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo con sus propias convicciones. Para ello se implantará un “PIN parental” con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones.

- Garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología.

- Se defenderá la coexistencia de la educación, pública, privada y de iniciativa social (concertada).

- Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. Ampliando la oferta educativa, se estudiará si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada.

- Reducir la disparidad de las condiciones laborales y de enseñanza entre la escuela pública y la de iniciativa social. Ampliar el concierto al bachillerato.

- Libre elección de centro: derogación de la normativa zonal.

11. Control del fundamentalismo islámico:
- La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza fundamentalista.

- Se exigirá a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificación y expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia, y poniendo especial atención en la protección de la mujer.

- Supresión de subvenciones a asociaciones islámicas.

12. Derogación de la "Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía" (Ley 2/2017 de 28 de marzo):
- Esta ley impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982.

- En su defecto, supresión de todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación.

13. Fiesta nacional y Fiesta de Andalucía:
- El Doce de Octubre se celebrará en las instituciones que dependan de la Junta, incluidos los centros escolares, con prioridad sobre cualquier otra fecha, poniendo especial relevancia en la contribución histórica de los andaluces a la defensa de la unidad, libertad y prosperidad de España.

- El Día de Andalucía pasará del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista.

14. Ley de Protección de la Cultura Popular y de las Tradiciones del mundo rural, que incluirá el flamenco y otras expresiones folklóricas, las tradiciones, las artesanías, la Semana Santa, etc.

15. Ley de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética, que reconozca y valore la aportación económica y ecológica de estas dos realidades tan ligadas a Andalucía.

16. Derogación de la “Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género”.

- Sustitución por una Ley de Violencia Doméstica que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista. (Especialmente, suprimir en la nueva regulación el art. 30, que permite que la condición de víctima de “violencia de género” sea acreditada, no por sentencia judicial, sino por: “a) Certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración Pública competente; b) Certificación o informe de los servicios de atención a víctimas de la Administración Pública competente; c) Certificación o informe de los servicios de acogida de la Administración Pública competente”; cf. art. 1 bis: “A efectos de la presente Ley, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia”; también los artículos que ordenan la lluvia de subvenciones a las asociaciones clientelares, como el art. 9: “La Administración de la Junta de Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones de mujeres”, y los que prevén un adoctrinamiento permanente sobre “perspectiva de género” a la infancia y la sociedad en su conjunto: art. 8, art. 22, etc.).

17. Derogación de la “Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía”.
Los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución. España no es un país “homófobo” que necesite leyes especiales. La Ley 8/2017 atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración
y a recibir subvenciones.

18. Derogación de la “Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía”:
Esta ley interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres, y partiendo de la premisa errónea de que, si no se alcanza una ratio 50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas. La igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas. Es necesaria la supresión del bosque de organismos, comisiones, observatorios, etc., dedicados a la imposición de la “perspectiva de género” (algunos, previstos en esta Ley andaluza de Igualdad; otros, en la Ley andaluza de Violencia de Género).

19. Vox declara que no prestará su apoyo parlamentario para la implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo de leyes ideológicas que a su juicio vulneran derechos y libertades. (ley 12/2007, ley 13/2007 y ley 8/2017).

Martes 8 de enero de 2019
Firmado por la Comisión Negociadora de VOX

https://www.ultimahora.es/sfAttachPlugin/836173.pdf


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El PP logra el apoyo de Vox sin asumir sus medidas sobre violencia de género

Vox arranca al PP el fin de la ley de memoria histórica y una consejería de Familia

El partido de Abascal retira su petición de acabar con las leyes de violencia de género e igualdad

En el documento, ya firmado, Vox y el PP se comprometen a desarrollar 37 medidas.

Entre otras, la creación de una Consejería de Familia, la sustitución de la Ley de Memoria Histórica por una Ley de concordia, favorecer una inmigración "ordenada", garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, la lucha contra el turismo sanitario, el ahorro en la compra de medicamentos, la eliminación de subvenciones a quien "no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social", la reducción del gasto político y del gasto redundante, la rebaja fiscal, la lucha contra las mafias de tráfico de personas, leyes para incentivar la tauromaquia y la caza o la puesta en marcha en "auditorías externas" que levanten las alfombras de la Junta de Andalucía.
 

Las 37 medidas pactadas

    1. El objetivo político prioritario del Gobierno de la Junta de Andalucía será la creación de empleo de calidad.

    2. Luchar contra la corrupción. Nos comprometemos a promover todas las comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía que sean necesarias para esclarecer y conocer la utilización de los fondos públicos de los organismos de la Junta.

    3. Abogar por un Gobierno basado en el diálogo y el respeto a todas las fuerzas constitucionalistas. Condenamos todo ataque a cualquier fuerza política democrática.

    4. Compromiso con la estabilidad económica, la eficacia, la eficiencia y la suficiencia financiera como principios rectores de la programación presupuestaria y la gestión económica de los recursos públicos.

    5. Impulsar una reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones, la bajada del tramo autonómico del impuesto del IRPF y del tramo autonómico del impuesto sobre el patrimonio, equiparándolo a los tipos de la escala nacional y revertir la subida del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

    6. Eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela.

    7. Apoyar a los creadores de empleo y riqueza, autónomos, emprendedores y Pymes. Bonificar la cuota de autónomos, simplificar y reducir las trabas burocráticas y poner en marcha medidas para facilitar su financiación.

    8. Realizar una auditoría independiente de todos los organismos de la Junta de Andalucía.

    9. Eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social.

    10. Revisar, mejorar el control y la eficiencia del dinero público destinado a la formación para el empleo.

    11. Abrir los planes de empleo a la colaboración público–privada.

    12. Integrar las embajadas comerciales de Andalucía existentes en el exterior en la red que tiene el Estado a tal efecto.

    13. Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones.

    14. Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo.
    15. Garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el Bachillerato Internacional.

    16. Fomentar medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar, como fórmula esencial para la mejora de la calidad de vida de las familias.

    17. Implementar un Plan Integral de Apoyo a las Familias que tenga entre sus ejes fundamentales el fomento de la natalidad y que incluya medidas como la ampliación de la gratuidad educativa de los 0 a 3 años, la ampliación de red de guarderías y beneficios fiscales a las familias, en especial a las numerosas.

    18. Crear una Consejería de Familia.

    19. Desarrollar un Plan Andaluz de Adopción.

    20. Poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas.

    21. Desarrollar un Plan de Mejora de la Sanidad Pública, que contemple la reducción drástica de las listas de espera, el fin de los colapsos en los servicios de urgencias, la mejora de la atención primaria y el reforzamiento de las unidades de cuidados paliativos y de las unidades del dolor, y aumento de la financiación para el servicio de atención temprana.

    22. Despolitizar el Servicio Andaluz de Empleo, limitando, entre otras medidas, la libre designación de mandos intermedios y generalizando su elección por mérito.

    23. Habilitar gradualmente la libre elección de especialistas por los pacientes.

    24. Eliminar la obligación de exclusividad para los profesionales sanitarios.

    25. Revertir el actual modelo de subastas de medicamentos, incorporando Andalucía al sistema de compra centralizada puesto a disposición de las Comunidades Autónomas por el Gobierno Central.

    26. Facilitar el uso de tarjeta sanitaria única en todas las Comunidades.

    27. Cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un "efecto llamada" y combatir a las mafias que trafican con personas.

    28. Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral.

    29. La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico.

    30. Luchar contra el "turismo sanitario".

    31. Auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas y asegurar que las nuevas se concedan con criterios técnicos, para asegurar la profesionalidad, pluralidad, imparcialidad e independencia del poder político.

    32. Reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa.

    33. Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica.

    34. Apoyar por ley la tauromaquia, fuente de riqueza y empleo, en su triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico.

    35. Apoyar y promover las expresiones culturales y populares andaluzas como el flamenco o la Semana Santa.

    36. Reconocer la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural y la conservación de la fauna y los espacios naturales.

    37. Trabajar para que, en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos.
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 Los siete sapos que se ha tragado Vox
1. Ley de Violencia de Género
2. Eliminar tres de los cuatro canales de RTVA
3. La discriminación de los andaluces en Cataluña
4. El llamado "PIN parental"
5. Expulsión inmediata de 52.000 'ilegales'
6. Expulsión de fundamentalistas islámicos
7. La fiesta de la Reconquista

Estas son las medidas más polémicas del programa de Vox y que casi nadie ha leído
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