Las elecciones de noviembre de 2019 marcaron el inicio de una deriva que ahora acaba de explotar en el Tribunal Constitucional. Aquel día "VOX" obtuvo 52 diputados.
La Constitución fija en un mínimo de 50 los diputados que deben firmar un recurso de inconstitucionalidad. A Vox le sobraban dos.
Vox procede del latín: voz.
La nueva formación política se fundó el 12 de diciembre de 2013 y el 5 de marzo de 2016 Santiago Abascal fue elegido presidente
Desde entonces, en el buzón del Constitucional han llegado un total de nueve recursos de inconstitucionalidad presentados por Vox quedando por debatir:
- el recurso contra la ley de Murcia sobre el Mar Menor,
- el recurso contra la ley Celaá,
-el recurso contra la Ley Garzón que regula los derechos de los consumidores en materia de vivienda,
-el recurso contra la Ley de Eutanasia,
-el que discute la paralización de los nombramientos acometidos por el Consejo General del Poder Judicial en funciones
-y el que discute la aprobación de una Ley Galega de Saúde que plantea, entre otras cosas, la posibilidad de obligar a la población a vacunarse.
La única derrota cosechada por Vox hasta la fecha la del recurso contra el uso del bable en Asturias; la mayoría del tribunal la desestimó con la excepción de Pedro González Trevijano y Encarnación Roca.
https://www.eldiario.es/escolar/claves-sentencia-constitucional-alarma_132_8140722.html
1. El Tribunal Constitucional, por la mínima, partido por la mitad y con una parte de sus magistrados con el mandato caducado, ha decidido sentenciar que el estado de alarma que aprobó el Gobierno durante la fase más dura de la pandemia fue ilegal.
2. ¿Estado de alarma o de excepción? Ambas opciones, en distinto grado, permiten limitar o suspender derechos fundamentales durante una emergencia. Hay también una tercera alternativa, para situaciones aún más graves: el estado de sitio.
Las tres posibilidades están recogidas en la Constitución y se desarrollan en una ley orgánica de 1981, que sigue aún en vigor. Es una ley bastante clara: explica qué hace falta para poder aprobar cada estado y qué se puede hacer cuando entran en vigor.
Y entre los motivos para aplicar el estado de alarma (artículo 4b) están las "crisis sanitarias, tales como epidemias". Es decir: una pandemia como la que aún no hemos terminado de superar.
3. Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma para ordenar el confinamiento contra la Covid-19 no fue, por tanto, muy imaginativo en su interpretación. La definición que más encajaba con la situación del momento era el estado de alarma: una "epidemia".
Y no una alteración del orden público de tal magnitud que impidiera "el normal funcionamiento de las instituciones democráticas", que es el requisito para un estado de excepción. Dicho de otro modo: el estado de alarma es para las epidemias. Si se tratara de una epidemia zombi que hubiera provocado un grave colapso del Estado, lo suyo habría sido el estado de excepción.
4. Los poderes que permite el estado de excepción son casi como los de una dictadura. El Gobierno puede detener a personas o registrar viviendas sin orden judicial. Puede prohibir las huelgas. Puede pinchar cualquier teléfono sin permiso de un juez. Puede obligar a los ciudadanos a abandonar su residencia y su ciudad, o expulsar a extranjeros del país. Puede incautar armas, o montar "puestos armados" por las calles. Puede cerrar medios de comunicación.
5. Son poderes tan amplios, tan desmesurados, que la Constitución fija para el estado de excepción dos importantes limitaciones. La primera: que solo entra en vigor cuando lo aprueba el Parlamento, como hacía la república romana con sus dictadores. La segunda, y más importante: que solo puede durar 30 días con una única prórroga de otros 30. Es decir, un máximo de 60 días.
6. Es obvio, no hay que ser un gran jurista, que lo que ocurrió en marzo de 2020 se parecía mucho más a una "epidemia" que a un colapso de las instituciones democráticas. Pero los muchos juristas –y también la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional– que argumentan que el Gobierno se equivocó al no declarar el estado de excepción señalan otra cuestión. La ley dice que con el estado de alarma se puede "limitar la circulación de personas". Pero estos juristas defienden que lo que pasó en España fue otra cosa: no una limitación de ese y otros derechos fundamentales, como el de reunión, sino su completa y absoluta anulación.
7. Llegados a este punto, el debate jurídico se empieza a parecer a una discusión teológica sobre el sexo de los ángeles. ¿El confinamiento fue una suspensión total de la libertad de circulación o una limitación muy severa de ese derecho? ¿Las excepciones, como salir a comprar o a trabajar en muchos casos, eran una prueba de que no estaba suspendida la circulación? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
8. Es un debate jurídico apasionante. Y entiendo los argumentos garantistas de quienes creen que habría sido imprescindible el estado de excepción para encerrar a la gente en sus casas. Los procedimientos son importantes. Pero, en la práctica, lo que plantea el Tribunal Constitucional es que el Gobierno, en marzo de 2020, con la pandemia disparada, tenía que haber hecho otra cosa muy distinta a la que hizo.
1. Preparar una propuesta de estado de excepción. 2. Llevarla al Parlamento. 3. Dar plazo a enmiendas y alegaciones. 4. Negociar con los distintos partidos para convencerles de que dieran a Pedro Sánchez unos poderes inéditos en democracia. 5. Lograr en el Congreso 176 votos a favor. 6. Aprobar (a la semana, como pronto) un confinamiento, pero solo por un mes. 7. Aprobar al mes siguiente una prórroga en el Parlamento, por otros 30 días más. 8. Levantar todas las restricciones a los 60 días, en un momento en el que en España morían más de cien personas cada día.
9. Es bastante evidente lo que habría pasado en España si el Gobierno, en marzo de 2020, hubiera optado por el estado de excepción, y no el de alarma, como ahora le dice el Constitucional. ¿Se imaginan las críticas de la oposición si el Gobierno "social comunista" hubiera solicitado al Congreso unos poderes así a los tres meses de llegar? ¿Cómo argumentar que era necesario un estado de excepción cuando la ley habla literalmente de "epidemias" para un estado de alarma? ¿Cuánto tiempo se habría perdido en esa negociación parlamentaria? ¿Cuántas personas habrían muerto por ese retraso? ¿Cuántas más víctimas tendríamos si se hubiera levantado el confinamiento antes de tiempo?
10. En el colmo de los colmos, esa ilegalidad del Gobierno al recurrir al estado de alarma para frenar a la pandemia se cometió con la ayuda del mismo partido que, meses después, la recurrió ante el Constitucional. Me refiero a Vox, que no solo votó a favor del estado de alarma sino que en aquel momento criticó al Gobierno por no haberlo decretado antes. También lo respaldó el PP, que ahora acusa al Gobierno de Sánchez de saltarse la ley. Con su voto, conviene recordar.
11. Otro de los argumentos que utilizan los juristas que critican al Gobierno por no recurrir al estado de excepción es el del riesgo totalitario. Resumido: que es un mal precedente permitir que un Gobierno suspenda derechos fundamentales, como la libertad de circulación, sin control parlamentario. Es cierto solo a medias. El Gobierno puede decretar el estado de alarma de forma unilateral: es un mecanismo rápido, pensado para emergencias, que entra en vigor en cuanto se publica en el BOE. Pero a los 15 días como máximo ese decreto tiene que pasar por el Parlamento y lograr una mayoría a favor. El riesgo totalitario, por tanto, es una dictadura de 15 días de duración.
12. La sentencia del Tribunal Constitucional coloca a España en una posición muy delicada, si otra pandemia vuelve a explotar. A diferencia de la mayoría de los países, el Gobierno no podría recurrir a los confinamientos durante más de 60 días, y solo después de unos días o semanas de trámite parlamentario. Frente a esto, algunos juristas argumentan que, pasados los 60 días, se podría aprobar otro estado de excepción. Un obvio fraude de ley, en mi opinión. Porque se saltaría a la torera los límites que, de forma precisa, establece la Constitución.
13. Bienvenidos sean los debates garantistas sobre los derechos fundamentales. Está bien que el Constitucional deje claras las reglas, para la próxima ocasión, y también que el Parlamento estudie si las leyes sanitarias que ya existen son suficientes para el mundo en el que vivimos hoy. Pero es obvio que esta sentencia no habría ocurrido con un Gobierno del PP. Entre otros motivos, porque dudo que la izquierda hubiera tenido el cinismo de denunciar la inconstitucionalidad de un decreto que votó a favor.
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Para el Constitucional, la alarma sirve tanto para resolver conflictos 'político-sociales' (como el de los controladores de vuelo, militarizando su organización y su estatuto jurídico, en diciembre de 2010); como para afrontar circunstancias naturales, como una epidemia 'de dimensiones desconocidas y, desde luego, imprevisibles'.
En cuanto a sus efectos, si la alarma permite "confinar a los ciudadanos y restringir la actividad de los comercios, escuelas e industrias, vaciando de contenido algunos derechos para gran parte -la mayoría- de la población, porque no existe una suspensión formal, sino una mera limitación, por intensa que sea, se estaría violentando la distinción constitucional y convirtiendo la alarma en un sucedáneo de la excepción, pero no sometida a la previa autorización parlamentaria", insiste. De lo contrario, añade la resolución, se estaría "utilizando la alarma como temían algunos constituyentes, 'para limitar derechos sin decirlo".
La resolución salió adelante por una ajustada mayoría. Han formulado votos particulares el presidente Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. En la votación ha sido decisiva la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, quien se ha inclinado por la inconstitucionalidad del decreto-ley dictado por el Gobierno.
La sentencia que tumba el confinamiento tuvo como redactor a un viejo conocido del aznarismo. Se trata del letrado y catedrático de constitucional Ángel Sánchez Navarro, recién llegado al Constitucional con el amparo de Pedro González Trevijano. A él le encomendó Trevijano la vuelta de 180 grados que se le dio a la ponencia preexistente que defendía Fernando Valdés, antes de su dimisión tras ser procesado por un caso de malos tratos.
Este nuevo letrado, con amplia experiencia en la materia, tiene en su currículum haber formado parte de la corte de asesores de la que José María Aznar se rodeó en la presidencia del Gobierno en el año 2000. A resultas del trabajo de Sánchez Navarro lo que era una sentencia que aceptaba la legalidad del confinamiento acabó por convertirse en lo contrario.
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Y AHORA
Cada vez más comunidades autónomas están pidiendo limitar la movilidad nocturna entre las 01:00 y las 06:00 horas ante la subida de la incidencia de la covid-19.
Cada vez más Comunidades Autónomas están recurriendo de nuevo al toque de queda y, así, Cataluña se suma a la Comunidad Valenciana como las dos regiones que cuentan con aval para esta limitación a la movilidad nocturna, mientras que Extremadura y Navarra se unen a Cantabria en la petición a sus tribunales para decretar esta medida.
En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha avalado el decreto del Govern para aplicar un nuevo toque de queda nocturno en 161 municipios de la comunidad.
También ha sido autorizado el solicitado por Cantabria, donde se impondrá el toque de queda de 1.00 a 6.00 horas de la madrugada.
En el caso opuesto se sitúa Canarias, cuyo Tribunal Superior de Justicia denegó la petición del Gobierno canario para establecer un toque de queda en las islas con mayor nivel de contagios.
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Cuba, Nicaragua y Venezuela sufren la "consolidación de tres dictaduras"
Nicaragua: de una dictadura a la otra
Cuando el 18 de julio de 1979 se reunieron en la ciudad de León los miembros civiles y militares de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua —Sergio Ramírez, Moisés Hassán, Alfonso Robelo, Violeta Barrios de Chamorro y Daniel Ortega— las horas del régimen somocista, que se había prolongado en el poder por más de cuarenta años, estaban contadas. Un día antes, el dictador Anastasio Somoza Debayle había dejado la presidencia en manos de Francisco Urcuyo, líder del congreso, y había huido de su búnker y sala de tortura en Loma de Tiscapa, cargando hasta con los loros.
El 19 de julio las tropas sandinistas tomaron Managua y los miembros de la Junta —algunos de ellos se habían exiliado en Costa Rica— llegaron a la capital. A diferencia de lo que todavía sostiene la historia oficial de la izquierda autoritaria latinoamericana, la dinastía de los Somoza —al igual que Fulgencio Batista en Cuba veinte años atrás— cayó como consecuencia de un gran movimiento nacional, que incluyó obreros, campesinos y estudiantes, la iglesia católica, clases medias, empresariado, comunidades indígenas y un favorable contexto internacional. La caída del somocismo no fue obra exclusiva de una guerrilla marxista-leninista de inspiración cubana.
Todas las revoluciones han visto traicionados sus consensos originarios, pero en el caso nicaragüense se hace más evidente por el hecho de haberse desarrollado en medio de la crisis final del campo socialista y el arranque de las transiciones democráticas en América Latina. Al contrario de Cuba —donde el liderazgo máximo de Fidel Castro y sus comandantes de la Sierra Maestra era indiscutible—, el antisomocismo, a la hora del triunfo, era una alianza de valores e intereses sin una hegemonía clara. La fabricación de esa hegemonía, entendida como control indefinido del Estado nicaragüense, no fue obra del proceso revolucionario: fue un objetivo posterior.
En cuarenta años, Nicaragua pasó de una dictadura a otra, con una revolución auténtica por el medio. Se trata de dos autoritarismos de muy distinto signo: el de los Somoza era un régimen anticomunista, corrupto y despótico; el de Ortega es un régimen también corrupto y despótico, pero antiliberal. El somocismo pertenecía al linaje de las dictaduras de derecha de la Guerra Fría; el orteguismo no oculta su pertenencia a la familia de dictaduras de la izquierda latinoamericana del siglo XXI.
El liderazgo de la guerrilla sandinista había abandonado desde fines de los setenta sus posiciones más extremistas. La línea predominante era la llamada “tercerista”, que proponía superar el enfoque insurreccional para poner el énfasis en la necesidad de una movilización civil, sobre todo después de enero de 1978, cuando fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa y una de las mayores figuras opositoras de los Somoza. Para entonces, el antisomocismo había prendido a todos los niveles de la sociedad nicaragüense.
Aquella pluralidad inclinaba de manera natural el proyecto político sandinista hacia una forma de gobierno que introdujera demandas de soberanía nacional y justicia social: el rechazo al intervencionismo estadounidense, una reforma agraria, alfabetización y relaciones internacionales más diversificadas sin abandonar el objetivo básico de construir una nueva democracia en Centroamérica.
La Revolución sandinista adoptó desde sus comienzos los ideales de los derechos humanos, la economía social de mercado y el pluripartidismo, que quedaron fielmente plasmados en la Constitución de 1987. Para entonces, Ortega llevaba dos años de su primer mandato, y su predilección por el modelo cubano —amparado en un reclamo de defensa ante la hostilidad de Estados Unidos— era inocultable.
A pesar de que el marco constitucional indicaba otro camino, el liderazgo sandinista muy pronto comenzó a decantarse a favor de Daniel Ortega y la corriente más procubana. En medio de la política adversa del gobierno de Estados Unidos, entonces con el presidente Ronald Reagan en la Casa Blanca, y de la hostilidad de la Contra —los grupos financiados por el gobierno estadounidense para intentar vencer a la Revolución sandinista—, Ortega encabezó una evidente reorientación geopolítica a favor de Fidel Castro. A pesar de que las alianzas internacionales del sandinismo eran muchas e ideológicamente plurales en los años ochenta (México, Venezuela, España, Francia, Costa Rica…), la cúpula orteguista mostró desde entonces una acrítica subordinación a La Habana, que persiste hasta hoy.
En Nicaragua se produjo la primera modalidad de una izquierda que, preservando las normas democráticas, introdujo componentes autoritarios que provenían directamente del régimen cubano: represión, censura, demagogia, culto a la personalidad del máximo líder. Luego de la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela y, sobre todo, tras el fracaso del golpe de Estado en su contra en 2002, esa tendencia se generalizó en la izquierda bolivariana.
Antes que Chávez, Ortega experimentó con una variante de sistema político que, a la vez que tomaba distancias institucionales y jurídicas con el modelo cubano, cerraba filas con la isla caribeña en una proyección internacional contraria a las democracias occidentales. Durante sus dos primeros gobiernos, en los años ochenta, Daniel Ortega se convirtió en un colaborador directo de La Habana.
No fue azaroso que Daniel Ortega regresase al poder en 2007 sobre la cresta de la ola chavista. Nicaragua se sumó entonces a la corriente hegemónica de la izquierda autoritaria en América Latina y reprodujo las pautas del nuevo estilo de gobierno: rentismo, acoso de la sociedad civil, deslegitimación de la disidencia, reelección indefinida. Ese es el origen preciso de la crisis actual.
Si en sus tiempos de joven líder revolucionario, Ortega intentó reconducir por la vía totalitaria un movimiento originalmente democrático, en su época de veterano dictador se dedica a ceñir la democracia nicaragüense al molde de los autoritarismos del siglo XXI. De una lectura paralela de ambos tiempos se desprende que ha sido más exitoso en la segunda empresa que en la primera: fue la democracia, y no la Revolución, la que le ha permitido perpetuarse en el poder.
No podría ser más triste la historia contemporánea de Nicaragua. En su poema Caminos, Rubén Darío esbozaba las diversas posibilidades que se abren en la vida de un hombre: santidad, heroísmo, tiranía… La última, la peor, era la de “bien ser el tirano / que surge de repente, / con la idea en la mente / o la espada en la mano”. Ese ha sido el destino de aquella revolución que entusiasmó al hemisferio con su promesa de soberanía y democracia.
Las protestas masivas del domingo en Cuba -primeras de esa magnitud en un país donde disentir no es legal hace más de seis décadas- tomó por sorpresa a la región.
Pero, ¿cómo se percibe en países cuyos gobiernos están alineados políticamente con La Habana como Venezuela y Nicaragua?
CUBA
Preguntado a Pedro Sánchez si Cuba es una dictadura dice:
Es evidente que Cuba no es una democracia.
Definición de la RAE de "dictadura"
Régimen político que, por la fuerza o violencia,
concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y
reprime los derechos humanos y las libertades individuales.
Son los cubanos los que tienen que decidir su futuro.
Eso
es absurdo, en Cuba no existe libertad, por lo tanto los cubanos no
pueden auto determinarse, lo que tiene que haber es una política de
presión internacional, una estrategia de la que tiene que formar parte
el gobierno de España para que en Cuba haya una transición a la
democracia, con elecciones, con partido y con respeto a los derechos
individuales.
La nueva portavoz se niega en varias ocasiones a responder si Cuba es una dictadura después de que dirigentes de Podemos lo hayan negado.
Todos los gobiernos tienden a pensar en términos de intereses, pero la política exterior tiene que basarse en principios.El Gobierno de Pedro Sánchez, con ministras tanto del ala socialista como de Unidas Podemos, ha eludido este miércoles calificar a Cuba de dictadura, como le exige la oposición, y ha recalcado, en boca de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que no es "productivo" poner etiquetas.
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| Enlace Video - Patria y Vida - Yotuel |
Porque con tu voz se van mis penas
Y este sentimiento ya está añejo
Tú me dueles tanto aunque estés lejos
Pa' demostrarte de que sirven tus ideales
Somos humanos aunque no pensemos iguales
No nos tratemos ni dañemos como animales
Llora mi pueblo y siento yo su voz
Tu cinco nueve yo, doble dos
Sesenta años trancado el dominó
Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama
¿Qué celebramos si la gente anda deprisa?
Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa
Entre tú y yo hay un abismo
Publicidad de un paraíso en Varadero
(Se acabó) tu cinco nueve, yo, doble dos
(Ya se acabó) sesenta años trancando el dominó
La historia verdadera, no la mal contada
Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada
Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas
Y empezar a construir lo que soñamos
Lo que destruyeron con sus manos
Por querer pensar diferente
Si mi Cuba es de toda mi gente
(Se acabó) y no tenemos miedo, se acabó el engaño
(Ya se acabó) son sesenta y dos haciendo daño
Quince amigos puestos, listos pa' morirnos
Izamos la bandera todavía la represión del régimen al día
Anamel y Ramón firme con su poesía
Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo
Y el mundo 'tá consciente
Esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma
Ya sa' tu revolución maligna, soy Funky style, aquí tienes mi firma
Ya ustedes están sobrando, ya no le queda nada, ya se van bajando
Un nuevo amanecer estamos esperando
Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos
Ya se acabó, sesenta año trancando el dominó
Patria y vida
Patria y vida
Sesenta años trancado el dominó
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CORONAVIRUS
