Cuestiones previas
Las partes inician la vista oral planteando qué pruebas o partes de la instrucción quiere impugnar, qué quieren añadir o a qué quieren renunciar. El tribunal las tiene en cuenta y puede decidir en ese momento o dejar su decisión para incluirla en la sentencia.
La declaración de los acusados
Fase clave del proceso. Es el momento en que acusaciones y defensas hacen preguntas a los acusados para demostrar aquello por los cuales se los acusa o aquello de que se defienden. El acusado puede responder a todo el mundo o negarse a hacerlo a las acusaciones.
Está previsto que las declaraciones duren unas dos semanas y se hagan dos por día.
La prueba testifical
Declaran los testigos propuestos por las partes, empezando por las acusaciones. El testigo tendrá que decir la verdad en todo momento. En caso de no hacerlo, se lo puede acusar de un delito de falso testimonio, que se puede castigar con pena de prisión.
La prueba pericial
Declaran los autores de informes técnicos encargados por las partes o por el juez instructor para demostrar o refutar los indicios que hay contra los acusados.
La prueba documental
Se revisan y reproducen en la sala todos los documentos que presentan las partes que comparecen en el juicio. Eso incluye los vídeos con imágenes del 1-O y el 20-S y el libro blanco y la agenda Moleskine.
Informes
Acabada toda la fase de prueba, el presidente de la sala concede la palabra al fiscal y a las acusaciones para que informen sobre los hechos, califiquen los delitos, la participación de los acusados y la responsabilidad civil. Es en este momento cuando pueden modificar el escrito de conclusiones provisionales. Eso quiere decir que las acusaciones pueden pasar de rebelión a sedición y se pueden rebajar los años de prisión solicitados.
Después es el turno de los abogados de la defensa. Todos pedirán la absolución.
Último turno de palabra
El presidente de la sala pregunta a los acusados si tienen algo que declarar.
Está previsto que todos usen el último turno de palabra. Normalmente es corto. Una sola frase, a menudo, donde los acusados muestran su arrepentimiento. Pero aquí podrían llegar a pronunciar un discurso de alta carga política como sucedió con el juicio del 9-N.
Una vez hayan hablado, el juez declarará el caso visto para sentencia.
Las elecciones municipales de España de 2019 se celebrarán en toda España el próximo 26 de mayo de 2019, haciéndolas coincidir con las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en esa fecha.
Los doce acusados del ‘procés’
Junqueras y el resto de los miembros del Govern Puigdemont que no dejaron España, Forcadell, y los Jordis se sientan a partir de este 12 de febrero en el banquillo de los acusados.
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Los otros seis líderes independentistas que permanecen huidos
Puigdemont, Comín, Serret y Puig están en Bélgica, Ponsatí reside en Escocia y Rovira y Gabriel viven en Suiza
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (PDeCAT) huyó a Bélgica el 29 de octubre de 2017, dos días después de que el Parlament declarara unilateralmente la independencia y horas antes de que el fiscal general del Estado presentara una querella por rebelión, sedición y malversación contra él y otros exconsellers el 30 de octubre.
Toni Comín, exconseller de Salut
El exconseller de Salut Toni Comín huyó con Puigdemont a Bélgica y, como él, está procesado en rebeldía por rebelión y malversación. En su auto de procesamiento, el juez Pablo Llarena le acusó de asumir el control de los centros de salud que dependían de su Consellería para asegurar que estarían disponibles para la celebración del referéndum ilegal. Permitió además, según la instrucción, que parte del gasto en papeletas, censo y citaciones de los miembros de las mesas electorales fuera soportado por su departamento.
Meritxell Serret y Lluís Puig, exconsellers de Agricultura y Cultura
La exconsellera de Agricultura Meritxell Serret y el exconseller de Cultura Lluís Puig huyeron a Bélgica con Carles Puigdemont. Están procesados en rebeldía de malversación y desobediencia. Son los mismos delitos que la Fiscalía atribuye a los tres exconsellers que sí se sientan en el banquillo del Supremo y que actualmente están en libertad provisional en España: Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación) y Santi Vila (Empresa).
Anna Gabriel, exdiputada de la CUP
La exdiputada de la CUP Anna Gabriel huyó a Suiza en febrero de 2018 argumentando que en España no iba a tener un "juicio justo" y no se presentó a la citación para declarar como investigada ante el juez Llarena, que dictó contra ella una orden de detención nacional.
Actualmente está procesada en rebeldía por desobediencia, un delito que no implica penas de cárcel, solo multa e inhabilitación.
Marta Rovira, secretaria general de ERC
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, huyó a Suiza el 22 de marzo de 2018.
Llarena, le atribuye una "participación esencial" en el procés "no solo en la ideación de mecanismos de actuación, sino en el impulso parlamentario" de leyes para avanzar hacia la independencia y la futura república y en la asunción de responsabilidad para que los centros de votación estuvieran disponibles del 1-O.
Clara Ponsatí | exconsejera de Educación
La exconsejera de Educación Clara Ponsatí dejó España y huyó a Bélgica el pasado noviembre. A principios de marzo la exconsellera, que en febrero renunció a su escaño, se trasladó a Reino Unido para incorporarse como profesora en la Universidad de Saint Andrews, en Escocia. El juez Pablo Llarena le ha imputado los delitos de rebelión y malversación. Ponsatí está pendiente de que este lunes, 23 de julio la justicia escocesa decida sobre su situación. La fiscalía escocesa ve equiparable el delito de rebelión del código penal español al delito de traición en el Reino Unido.
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