Las cloacas del estado

La ministra de Justicia aseguró en una nota oficial que no concertó ni mantuvo cita alguna con el comisario jubilado José Villarejo mientras ejerció como fiscal de la Audiencia Nacional ni tuvo relación de ningún tipo con él.

Posteriormente, y en declaraciones a los medios, Delgado matizó: no ha tenido «ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado» el comisario jubilado en la Audiencia Nacional. «No he mantenido ninguna cita de ningún aspecto profesional de trabajo como fiscal en la Audiencia Nacional» con Villarejo, insistió. También negó haber tenido alguna participación en el caso del empresario Ángel Pérez-Maura.

La trama dirigida por el comisario José Villarejo, logró tejer una potente red de influencias en el seno de la Audiencia Nacional. Esta es una de las conclusiones que tienen sobre la mesa los investigadores del caso Tándem.

En este entramado de influencias, la figura que destaca no sería el comisario Villarejo sino el otro comisario presuntamente implicado en la red: Enrique García Castaño, conocido como El Gordo.

Sería éste el que habría logrado tejer esta tupida red de contactos con jueces, fiscales y funcionarios de la Audiencia Nacional durante lustros.

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A la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la situación se le complica cada vez más. Tras asegurar en varias ocasiones que no había tenido "ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial" con el excomisario José Villarejo, actualmente en prisión, ayer reconocía que se ha visto "tres" veces con él después de que la web Moncloa.com publicara unos audios de una comida de 2009 entre éstos y el exjuez Baltasar Garzón.

Cuando Villarejo hablaba de que algunas mujeres son como "muñecas hinchables", Delgado empatizaba: "A mi me pasa lo mismo, a mi los tíos me gustan igual, tontitos nada. Ha venido un tío a la Audiencia monísimo, para que lo vamos a negar, parece George Clooney, pero le pasa lo mismo, es una nenaza".

Delgado ha pedido comparecer en el Congreso por este tema; pero, además, será previsiblemente reprobada este martes por el Senado, donde el PP la acusará de haber pretendido abandonar al poder judicial y al juez instructor del caso del "procés", Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada contra él en Bélgica. enlace

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“Cualquier político que se mezcle con basura de las cloacas como Villarejo debe apartarse de la vida política para no ensuciar a la mayoría parlamentaria que sacó adelante la moción de censura”, ha dicho también el señor marqués de Galapagar. (Pablo Iglesias) enlace

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Antecedentes- enlace
Corre el año 1993. Una joven madrileña de 30 años desembarca en la Fiscalía Especial Antidroga, en la Audiencia Nacional. Se llama Dolores Delgado García, una fiscal procedente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde comenzó su carrera en 1989, con apenas 27 años. Nada más llegar a Madrid empieza a encargarse de casos judiciales instruidos por el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el magistrado andaluz Baltasar Garzón, especializado en investigaciones contra delitos de narcotráfico, terrorismo de ETA y de Estado.

Arranca así una relación de amistad incondicional que perdura en la actualidad, pero que se ha convertido en la causa de que Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, tenga que rendir cuentas a la opinión pública de sus vínculos con el comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo, conocido del juez Garzón e investigado por presuntos delitos de cohecho, blanqueo, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Fue en septiembre de 1994, apenas un año después de que la joven fiscal llegara a la Audiencia Nacional, cuando el policía Villarejo y el juez Garzón cruzaron sus caminos por primera vez. Los responsables policiales y políticos del Ministerio del Interior del último Gobierno de Felipe González -con Juan Alberto Belloch como ministro y Margarita Robles como secretaria de Estado de Interior- querían conocer los entresijos de la vida secreta de empresarios, periodistas y jueces. Entre ellos, Baltasar Garzón. Es por eso que encargaron a un grupo de 20 inspectores de Policía investigar la vida íntima de españoles y elaborar un polémico informe que fue bautizado con el nombre de Veritas.

Así lo destapó EL MUNDO, el 16 de febrero de 1995, informando de la investigación abierta contra Garzón bajo el título «Un grupo especial de la Policía ha investigado al juez Garzón y a funcionarios de Interior», y señalando a Villarejo como uno de los agentes, presuntamente retirado y metido a detective privado, que intervinieron en esta operación. [lea estos artículos de hemeroteca en PDF].

La cuna del parlamentarismo (1188) y el techo de gasto

Tras el freno en la Reconquista, la corona leonesa necesita ingresos, por lo que crea nuevos impuestos que provocan una alza de precios.

A la vez, las guerras con Portugal y con Castilla requieren más ingresos.

La clase ciudadana exige como contrapartida el poder regular el gasto de la corona.

En el año 1188, recién llegado al trono Alfonso IX de León, se convoca a la Curia Regia del Reino de León, a la que por primera vez se le suman los representantes electos de las principales ciudades con voz y voto.

Este es el primer ejemplo del parlamentarismo moderno en la historia de la Europa occidental que nace como exigencia de la clase ciudadana de poder regular los gastos y los impuestos.

Las Cortes se constituyeron con tres estamentos:

- Privilegiados: el clero y la nobleza.
- No privilegiados: los representantes de las ciudades.

Los privilegiados aparecen como un diálogo entre el rey y la curia, por un lado, y los representantes de las ciudades y villas por otro, sin oposición a que cada estamento se consolide por separado. La incorporación de elementos populares o ciudadanos responde solo a necesidades económicas.

En ellas se reconoce la inviolabilidad del domicilio, del correo, la necesidad del rey de convocar Cortes para hacer la guerra o declarar la paz, y se garantizan numerosos derechos individuales y colectivos.

En estas Cortes, además de ampliar los Fueros de Alfonso V de León del año 1020, se promulgaron nuevas leyes destinadas a proteger a los ciudadanos y a sus bienes contra los abusos y arbitrariedades del poder de los nobles, del clero y del propio Rey. Este importante conjunto de decretos ha sido calificado con el nombre de «Carta Magna Leonesa».

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Cacicada del Gobierno para saltarse al Senado y aprobar el techo de gasto

El Gobierno introduce en una ley sobre violencia de género el cambio en la Ley de Estabilidad para evitar el veto del Senado al techo de gasto. 

Minutos antes de que cerrara el registro en el Congreso, el grupo parlamentario socialista ha registrado una enmienda que pide modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria dentro de la tramitación del proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El argumento jurídico se basa en que el desarrollo del pacto de estado de violencia de género, del que nace esta reforma, necesita para su aplicación que se aprueben los nuevos Presupuestos de 2019 que le dotarán de los fondos necesarios.

Así se justifica en la enmienda que se cambien en esta ley, como disposición adicional, la norma de estabilidad presupuestaria, aparentemente sin ninguna conexión.

La norma irá después al Senado, donde el PP podría vetarla, pero ahí el Gobierno puede pedir el procedimiento de urgencia y en 20 días podría levantarse ese veto en el Congreso. Todo cuadra en los planes del Gobierno, aunque ahora empezará a jugar la oposición.

Esta argucia legal demuestra que el Ejecutivo no quiere ir a elecciones y hará todo lo que está en su mano para consolidar la legislatura y aprobar los Presupuestos con sus medidas estrella de reforma fiscal y aumento de gasto social. Ahora habrá que ver si la jugada funciona en tiempo y forma.

La reforma pretende evitar un nuevo veto del Senado al techo de gasto y el Gobierno ha decidido incluirlo en una ley que nada tiene que ver con los Presupuestos y sin dar a los partidos capacidad de reacción.

El Congreso ha dado el primer paso para eliminar la capacidad de veto del Senado al techo de gasto propuesto por el Gobierno, que recoge la  la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Solo el Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra de la reforma de la norma acusando al resto de la Cámara de saltarse las reglas de juego. La votación se ha saldado con 181 votos a favor, 164 en contra y una abstención.

Esta propuesta solo pretende "quitar la voz al Senado" para aprobar una medidas que "perjudican a España con el objetivo final de subir los impuestos y de  despilfarrar".


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¿Qué es el techo de gasto?

Es el límite de gasto no financiero al que pueden llegar las administraciones públicas: Estado, CCAA y Ayuntamientos (queda excluida la Seguridad Social). Hasta 2012 sólo se aplicaba a la Administración central, pero desde ese año la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria lo amplió al resto.

¿Cómo se calcula?

Como recuerda la AIREF, el techo de gasto o límite de gasto no financiero es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Por tanto, un nivel más alto de ingresos permitiría un límite de gasto mayor siempre que se cumpla el objetivo de estabilidad (déficit).

¿En qué se diferencia de la regla de gasto?

A veces el techo de gasto se confunde con la regla de gasto. Aunque la filosofía de control de gastos es parecida, se diferencian. La regla de gasto es una regla fiscal, de acuerdo con la cual el límite al crecimiento del gasto público viene dado por el crecimiento de la economía a medio plazo, de manera que sólo los incrementos de recaudación vinculados a reformas tributarias de carácter permanente permiten un aumento del gasto por encima de dicho límite. Esta es la regla por la que el Ministerio de Hacienda ha entrado en conflicto con el Ayuntamiento de Madrid, entre otros.

¿Se vota la cifra de techo de gasto en el Congreso de los Diputados?

No exactamente. El Gobierno aprueba la cifra en Consejo de Ministros extraordinario, junto a los datos macroeconómicos que la definen. Y estos últimos son los que sí se votan en el Parlamento, y como tal está siendo objeto de negociación, los objetivos de estabilidad y déficit.

¿Cómo afecta a las comunidades autónomas?

La fijación del techo de gasto y la aprobación de los objetivos de estabilidad es el paso previo para la realización de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Para fijar el techo de gasto, uno de los datos que se tienen en cuenta es el objetivo de déficit público. Para el próximo ejercicio está previsto en el 2,2%, según los datos del cuadro macro que aprobó el Gobierno y remitió a Bruselas. De este porcentaje, un 0,3% es el déficit para las CCAA.

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