miércoles, 19 de septiembre de 2018

La cuna del parlamentarismo (1188) y el techo de gasto

Tras el freno en la Reconquista, la corona leonesa necesita ingresos, por lo que crea nuevos impuestos que provocan una alza de precios.

A la vez, las guerras con Portugal y con Castilla requieren más ingresos.

La clase ciudadana exige como contrapartida el poder regular el gasto de la corona.

En el año 1188, recién llegado al trono Alfonso IX de León, se convoca a la Curia Regia del Reino de León, a la que por primera vez se le suman los representantes electos de las principales ciudades con voz y voto.

Este es el primer ejemplo del parlamentarismo moderno en la historia de la Europa occidental que nace como exigencia de la clase ciudadana de poder regular los gastos y los impuestos.

Las Cortes se constituyeron con tres estamentos:

- Privilegiados: el clero y la nobleza.
- No privilegiados: los representantes de las ciudades.

Los privilegiados aparecen como un diálogo entre el rey y la curia, por un lado, y los representantes de las ciudades y villas por otro, sin oposición a que cada estamento se consolide por separado. La incorporación de elementos populares o ciudadanos responde solo a necesidades económicas.

En ellas se reconoce la inviolabilidad del domicilio, del correo, la necesidad del rey de convocar Cortes para hacer la guerra o declarar la paz, y se garantizan numerosos derechos individuales y colectivos.

En estas Cortes, además de ampliar los Fueros de Alfonso V de León del año 1020, se promulgaron nuevas leyes destinadas a proteger a los ciudadanos y a sus bienes contra los abusos y arbitrariedades del poder de los nobles, del clero y del propio Rey. Este importante conjunto de decretos ha sido calificado con el nombre de «Carta Magna Leonesa».

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Cacicada del Gobierno para saltarse al Senado y aprobar el techo de gasto

El Gobierno introduce en una ley sobre violencia de género el cambio en la Ley de Estabilidad para evitar el veto del Senado al techo de gasto. 

Minutos antes de que cerrara el registro en el Congreso, el grupo parlamentario socialista ha registrado una enmienda que pide modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria dentro de la tramitación del proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El argumento jurídico se basa en que el desarrollo del pacto de estado de violencia de género, del que nace esta reforma, necesita para su aplicación que se aprueben los nuevos Presupuestos de 2019 que le dotarán de los fondos necesarios.

Así se justifica en la enmienda que se cambien en esta ley, como disposición adicional, la norma de estabilidad presupuestaria, aparentemente sin ninguna conexión.

La norma irá después al Senado, donde el PP podría vetarla, pero ahí el Gobierno puede pedir el procedimiento de urgencia y en 20 días podría levantarse ese veto en el Congreso. Todo cuadra en los planes del Gobierno, aunque ahora empezará a jugar la oposición.

Esta argucia legal demuestra que el Ejecutivo no quiere ir a elecciones y hará todo lo que está en su mano para consolidar la legislatura y aprobar los Presupuestos con sus medidas estrella de reforma fiscal y aumento de gasto social. Ahora habrá que ver si la jugada funciona en tiempo y forma.


La reforma pretende evitar un nuevo veto del Senado al techo de gasto y el Gobierno ha decidido incluirlo en una ley que nada tiene que ver con los Presupuestos y sin dar a los partidos capacidad de reacción.

El Congreso ha dado el primer paso para eliminar la capacidad de veto del Senado al techo de gasto propuesto por el Gobierno, que recoge la  la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Solo el Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra de la reforma de la norma acusando al resto de la Cámara de saltarse las reglas de juego. La votación se ha saldado con 181 votos a favor, 164 en contra y una abstención.

Esta propuesta solo pretende "quitar la voz al Senado" para aprobar una medidas que "perjudican a España con el objetivo final de subir los impuestos y de  despilfarrar".


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¿Qué es el techo de gasto?

Es el límite de gasto no financiero al que pueden llegar las administraciones públicas: Estado, CCAA y Ayuntamientos (queda excluida la Seguridad Social). Hasta 2012 sólo se aplicaba a la Administración central, pero desde ese año la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria lo amplió al resto.

¿Cómo se calcula?

Como recuerda la AIREF, el techo de gasto o límite de gasto no financiero es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Por tanto, un nivel más alto de ingresos permitiría un límite de gasto mayor siempre que se cumpla el objetivo de estabilidad (déficit).

¿En qué se diferencia de la regla de gasto?

A veces el techo de gasto se confunde con la regla de gasto. Aunque la filosofía de control de gastos es parecida, se diferencian. La regla de gasto es una regla fiscal, de acuerdo con la cual el límite al crecimiento del gasto público viene dado por el crecimiento de la economía a medio plazo, de manera que sólo los incrementos de recaudación vinculados a reformas tributarias de carácter permanente permiten un aumento del gasto por encima de dicho límite. Esta es la regla por la que el Ministerio de Hacienda ha entrado en conflicto con el Ayuntamiento de Madrid, entre otros.

¿Se vota la cifra de techo de gasto en el Congreso de los Diputados?

No exactamente. El Gobierno aprueba la cifra en Consejo de Ministros extraordinario, junto a los datos macroeconómicos que la definen. Y estos últimos son los que sí se votan en el Parlamento, y como tal está siendo objeto de negociación, los objetivos de estabilidad y déficit.

¿Cómo afecta a las comunidades autónomas?

La fijación del techo de gasto y la aprobación de los objetivos de estabilidad es el paso previo para la realización de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Para fijar el techo de gasto, uno de los datos que se tienen en cuenta es el objetivo de déficit público. Para el próximo ejercicio está previsto en el 2,2%, según los datos del cuadro macro que aprobó el Gobierno y remitió a Bruselas. De este porcentaje, un 0,3% es el déficit para las CCAA.

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