El caso Watergate, que provocó la única dimisión en la historia de un presidente de Estados Unidos, se refiere a la entrada ilegal de cinco personas en el cuartel general del partido Demócrata el 17 de junio de 1972, ubicado en el edificio Watergate—y de ahí su nombre—en Washington D.C.
Los hechos fundamentales del caso Watergate
Los intrusos fueron sorprendidos, aproximadamente a la una de la madrugada, mientras hojeaban archivos e intentaban colocar instrumentos de escucha.
Entre los detenidos se encontraba James McCord, un antiguo agente del FBI que había trabajado como agente de seguridad para el Comité de Reelección del Presidente (CREEP, siglas en inglés).
De ellos tres eran cubanos procedentes de Miami: Bernard Barker, Virgilio González y Eugenio Martínez.
Los detenidos fueron acusados de robo, la Casa Blanca negó cualquier relación con los hechos y el evento no tuvo repercusión en las elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre de ese año y fueron ganadas de nuevo por Richard Nixon.
A principios de 1973 se celebra el juicio por el robo del caso Watergate.
McCord escribe una carta al juez asegurando que altos cargos del partido republicano sabían que iba a producirse la entrada ilegal en las oficinas demócratas.
El empleo de instrumentos ilegales de escuchas era una práctica relativamente habitual ya que se habían pinchado los teléfonos de periodistas críticos con la Casa Blanca.
Grandes compañías habían hecho contribuciones ilegales a la campaña de Nixon.
El FBI había destruido documentos relativos al caso y que los instrumentos de escucha que se pretendían colocar en el edificio Watergate procedían de la CIA.
En este caso la prensa jugó un papel decisivo. Concretamente dos periodistas del diario Washington Post—Bob Woodward y Jonathan Bernstein—publicaron en agosto de 1972 la noticia de que el intento de robo en la sede demócrata en el edificio Watergate había sido pagada con fondos provenientes de CREEP.
Durante muchos meses el Washington Post publicó en solitario notas adelantándose a las investigaciones judiciales y del Senado, por lo que el periódico estuvo bajo una gran presión.
A la fuente de Woodward y Bernstein se la conoció como Garganta profunda.
Treinta años más tarde de estallar el escándalo se hizo público el nombre verdadero de la fuente: Mark Felt, un director adjunto del FBI.
Los descubrimientos hechos por la prensa y los judiciales hacen que las Cámaras legislativas decidan también investigar.
En una declaración ante un comité de investigación del Senado, John Dean, abogado de Nixon, afirma que el presidente tiene un sistema de grabación y que de manera rutinaria se graban todas las conversaciones y llamadas telefónicas.
Cuando las cintas son entregadas el destino del presidente ya está decidido. Queda claro por las conversaciones grabadas que Nixon había intentado justo después de la entrada en Watergate que la CIA convenciera al FBI para que no investigara el incidente.
Consecuencias del caso Watergate
El 8 de agosto de 1974, dos años después de que el grupo de cinco hombres hubiera asaltado la sede demócrata en el edificio Watergate, el presidente Nixon dimitió dejando su puesto al vicepresidente Ford.
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Gürtel y Kitchen: “No es nada personal, sólo negocios” (enlace)
A lo largo de la instrucción del Caso Gürtel que recordemos comenzó en el verano del 2008 aunque se hizo pública en febrero del 2009, se han ido reconstruyendo a través de sus 12 piezas separadas una cadena de hechos probados que han ido acreditando
las fuertes vinculaciones entre cualificados dirigentes del PP en sus diferentes niveles territoriales con empresarios dispuestos a ingresar en las Cajas B de este Partido millones de euros en dinero negro,
ya fuera de modo directo en maletines o a través de comisionistas entre los que destacan Francisco Correa y su entramado societario.
La Operación Kitchen da sentido al puzzle
Y en estas estábamos cuando aparece en escena José Manuel Villarejo, ex Comisario de Policía y desde noviembre del 2017 en la cárcel.
Sus grabaciones, sus informes, sus relaciones con la cúpula del PP, con empresarios y con Altos Cargos del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz y su equipo han dado un vuelco de 180 grados a la investigación sobre la Caja B que tras su reapertura se está instruyendo en el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional y que, sin duda, van a ayudar a “entender” sucesos que como algunos de los que hemos contado no han sido suficientemente aclarados.
Y es que hoy sabemos con más certeza que dudas lo que algunos podían imaginarse:
1. Que María Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP entre 2008-2018, presuntamente contrató con ayuda de su marido Ignacio López del Hierro los servicios de Villarejo para destruir pruebas que implicaran al PP en el Caso Gürtel y de paso investigar a compañeros de su propia organización como Javier Arenas.
2. Que la Policía ha confirmado al juez De la Mata que se utilizaron fondos reservados del Ministerio del Interior para cometer actos delictivos, coincidiendo con los años que fue Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su equipo policial formado por los Secretarios de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio (30 de diciembre de 2011-11 de enero de 2013) y Francisco Martínez Vázquez (11 de enero de 2013-18 de noviembre de 2016) y por Ignacio Cosidó Gutiérrez, Director General de la Policía (2 de enero de 2012-18 de noviembre de 2016). Los dos últimos junto al propio Ministro tienen la condición de aforados ante el Tribunal Supremo por ser los 3 parlamentarios nacionales.
3. Que Sergio Ríos Esgueva, que antes había trabajado para Francisco Granados, entonces consejero de Interior y Justicia con Esperanza Aguirre y que el PP le asignó como conductor-escolta de Luis Bárcenas ha resultado ser presuntamente un estrecho colaborador con formato de confidente de altos mandos de la policía para espiar a Bárcenas y a su familia y sustraerles documentos comprometedores para el PP que en su momento no habían sido entregados a los jueces.
4. Que Enrique Olivares, delincuente común, fue “contratado” presuntamente por los mismos mandos policiales con cargo a los fondos reservados para robar en el domicilio familiar de Luis Bárcenas mientras el estaba en la cárcel de Soto del Real (Madrid) documentación contenida en varios pendrives que confirmarían aún más las vinculaciones de los más altos dirigentes del PP con la Caja B y con las donaciones de empresarios.
Además de estas presuntas evidencias evidentes también sabemos que :
1. Sergio Ríos, tras prestar los servicios a los gestores de fondos reservados, es desde junio del 2017 funcionario de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, segunda categoría, tras aprobar las oposiciones convocadas en el 2014. Se da la circunstancia que tras ocupar el penúltimo lugar entre los aprobados le fue concedida el 27 de junio de 2017 una Comisión de Servicio a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. También ha sido objeto de controversia la edad tardía con la que entró en la Academia de Policía (40 años). Está imputado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 que investiga el Caso Tándem y en concreto por su PS nº 7 (Operación Kitchen).
Se ha negado a declarar tras ser citado para declarar el pasado 12 de diciembre después de saberse que pudo cobrar hasta 48.000 euros por colaborar en Kitchen y robar agendas al extesorero. También ha sido citado ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP que está constituida en el Congreso de los Diputados.
Los llamados papeles de Kitchen, que han visto la luz gracias al diario El Mundo, han desvelado la existencia de una red policial para hacerse con documentos de quien llevó las cuentas (las claras y las opacas) del principal partido conservador y han constatado que la famosa caja b no sólo existía para los movimientos de la formación en Madrid, sino en toda España.
Los papeles de Kitchen se obtuvieron en una operación policial de idéntico nombre. Se trata de un dispositivo de la Policía Nacional puesto en marcha en 2013 sin control judicial alguno, mediante el que se pretendía interceptar material de Luis Bárcenas, documentación sensible profesional y personal que guardaba en su casa y otras oficinas particulares, pero no en la sede del PP, en la madrileña calle Génova.
En este equipo trabajó, supuestamente, el polémico comisario José Manuel Villarejo, está en prisión desde noviembre de 2017 en relación con otro caso, Tándem, por los presuntos delitos de blanqueo de dinero y organización criminal.
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¿Es la 'Operación Kitchen' el Watergate de Rajoy? (enlace)
La llamada Operación Kitchen (kitchen= cocina), lo que supuestamente se cocinaba en el despacho del extesorero, Luis Bárcenas), creada para recuperar documentación de la presunta financiación irregular del PP que implicaba a altos cargos políticos, lleva camino de convertirse en el particular Watergate de Mariano Rajoy.
Hoy cuenta EL ESPAÑOL que el Ministerio del Interior, entonces a las órdenes de Jorge Fernández Díaz, pidió al conductor de Luis Bárcenas que se apoderara del teléfono que contenía los SMS de Rajoy, curiosamente en las mismas fechas en las que la mujer del extesorero trataba de recuperar los mensajes cruzados entre su marido y el propio Fernández Díaz.
El paralelismo, pues, con el caso Watergate es evidente. Primero se cometió el delito -la financiación ilegal tanto del PP como del Partido Republicano, en concreto de la campaña de Nixon- y después se trató de encubrirlo y de destruir las pruebas incriminatorias.
La mera existencia de una trama policial urdida para hacer un seguimiento a Bárcenas y hacerse con la documentación custodiada por el extesorero prueba que durante el Gobierno de Rajoy se amparó una conspiración pagada con fondos reservados. Ajena a cualquier mandato judicial y con "colaboradores" como José Manuel Villarejo o Enrique García Castaño.
Depurar responsabilidades
Es difícil de creer, además, que nadie en Interior supiera que al chófer de Bárcenas -hoy imputado por la Audiencia Nacional- se le habían encomendado tareas de espionaje y que estas tareas se pagaban con cargo a dinero público. Y aún más difícil de creer es que ni el ministro Fernández Díaz, ni su gran amigo, Mariano Rajoy, estuvieran al tanto de estas prácticas.
Si la moción de censura no hubiera desalojado a Rajoy y no hubiera dimitido como presidente del PP, es incuestionable que con todo este asunto, ahora mismo el exjefe del Ejecutivo estaría en una situación insostenible.
Este Watergate de la era Rajoy debe examinarse hasta sus últimas consecuencias. Y que se depuren las responsabilidades que sean necesarias de todos los implicados. Más aún cuando se investiga a quien fue número 2 de Interior, Francisco Martínez Vázquez, en la actualidad diputado en el Congreso.
Luis Herrero entrevista al diputado del PP y exsecretario de Estado de Seguridad. (Francisco Martínez Vázquez)
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“Cosidó coordinó la operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chófer”
EL BOLETIN
“Ignacio Cosidó, el actual portavoz del Partido Popular en el Senado, fue el alto cargo ministerial que coordinó desde su despacho del Ministerio del Interior la operación para recuperar documentos sensibles en poder de Luis Bárcenas”. Por lo menos eso es lo que asegura okdiario.com, que explica que “los documentos estaban relacionados con Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas”.
Afirma el digital que “Cosidó, entonces director general de la Policía, era quien recibía los informes de los comisarios José Villarejo, primero, y Enrique García Castaño, después, tras pasar por la Dirección Adjunta Operativa, cuyo titular profesaba una lealtad absoluta al entonces “número tres” del Ministerio”.
Y explica que “para poder llevar a cabo con éxito la misión Villarejo captó como topo a Sergio Ríos Esgueva, que trabajaba como chófer para la familia Bárcenas”. Asegurando okdiario.com que “entre 2013 y 2014, el tiempo que duró su papel de infiltrado, el conductor sobornado recibió como premio 48.000 euros de los fondos reservados y un puesto de funcionario en el Cuerpo Nacional de Policía”. Y que “a cambio facilitó la recuperación de papeles, notas y grabaciones que conservaba el ya ex tesorero del PP”.
Y hace notar dicho medio de que “Cosidó, al margen de que figurara en el tercer lugar en el organigrama ministerial de la línea de mando, tras el titular Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado, Francisco Martínez Vázquez, estaba considerado como un hombre de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Además, mantenía línea directa con el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán”. Y añade que dirigente del PP, en la actualidad senador del grupo popular y uno de los colaboradores más directos de Pablo Casado, ha sido señalado por, al menos, tres de los responsables de la operación policial como la persona que daba las instrucciones a través de la cúpula de la Dirección Adjunta Operativa.
Según publica okdiario.com el director de la Policía “estaba al tanto de que esa operación secreta para recuperar los papeles de Sáenz de Santamaría, Cospedal y Arenas estaba siendo financiada con dinero cargo a los fondos reservados. Y señala que dichos fondos utilizan para sufragar las operaciones contra el crimen organizado y la lucha contra el terrorismo y “no podían ser destinados a financiar una misión sobre un caso de corrupción política y, mucho menos, un operativo extrajudicial para sustraerle documentos al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.”
Además, sostiene que “el Ministerio del Interior sabía de antemano que los 2.000 euros que pagaba al mes al chófer Sergio Ríos contravenían la ley 11/1995 del 11 de mayo, de Regulación de la utilización de los créditos destinados a gastos reservados
Okdiario dice que “a primera hora de la mañana de este miércoles, Ignacio Cosidó ha enviado un comunicado a través del partido en el que ha negado “rotundamente” su vinculación con la operación y asegura que desconocía de la existencia de esta trama y manifiesta que de haber tenido conocimiento “no la hubiera aceptado sin autorización judicial“.
Cosidó ha asegurado que “no es la primera vez” que sufre “calumnias” por parte del ex comisario Villarejo “incluyendo querellas que nunca han sido admitidas a trámite”, ha apuntado.
