Dos amigos unidos por la política y separados por la política. Dos compañeros que dejaron de hablarse por el poder y que se ven vinculados otra vez, ahora por la corrupción.
Dos ex presidentes que han marcado la historia de Andalucía, que lo han sido todo durante 20 años, y que se dirigen al banquillo lamentándose de que la sombra de la deshonra les acompañe al final de sus trayectorias.
El juez Álvaro Martín ha emitido este miércoles, 1 de junio, el auto de procesamiento por delito continuado de prevaricación administrativa y delito continuado de malversación
a los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 23 ex altos cargos del Gobierno en la rama política del caso ERE.
El magistrado cierra así la investigación tras cinco años de pesquisas y cuatro jueces que han señalado a la cúpula del anterior Ejecutivo socialista.
El instructor finaliza con su auto la rama que analiza el procedimiento de pago de los ERE, un fondo para empresas en crisis dotado por la Junta andaluza con 855 millones entre 2001 y 2010.
El juez considera que la cúpula del Gobierno diseñó un sistema de pago para esquivar los controles de la Intervención General.
La juez Mercedes Alaya señaló a los principales líderes del Gobierno andaluz como responsables ya en 2012, y posteriormente el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro compartió su tesis de la prevaricación pero descartó la malversación.
Más tarde, el caso regresó a finales de 2015 a Sevilla tras perder los expresidentes su aforamiento en el Congreso y el Senado, y la juez María Núñez compartió brevemente este criterio hasta que varios meses después designó a Martín, su juez de refuerzo, al frente de la pieza clave de la macrocausa.
Tanto Chaves como Griñán, de 71 y 69 años, abandonaron la vida política hace un año tras su imputación en el alto tribunal, y ahora afrontan un futuro judicial en el que solo se juegan su honor y una mancha que oscurecería toda su carrera política.
La prevaricación administrativa no contempla pena de cárcel, sino inhabilitación para cargo público, y ambos están retirados de la primera línea política.
El de hoy es solo el primer paso de un largo recorrido judicial con parada en la Audiencia de Sevilla, que celebrará el juicio, y final en el Supremo tras los recursos de defensas y acusaciones.
Esta pieza clave que se acaba de cerrar marcará el destino de las otras que incluye la macrocausa –con un total de casi 300 imputados-, y su resolución en Sala afectará a las penas o absoluciones de muchos de los políticos y técnicos implicados por las diferentes ayudas –más de 200- concedidas desde 2001 por el Gobierno andaluz.
Cuando acudieron a declarar ambos expresidentes se ratificaron en su declaración ante el Supremo, en la que ambos rebatieron la mayor: la ilegalidad del fondo de los ERE.
"prevaricación administrativa"
Dice el artículo 404 del Código Penal: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.
Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración.
"malversación"
El código Penal de España en el Capítulo VII, del Título XIX dedicado a los delitos contra la administración pública, regula la malversación estableciendo que las autoridades o funcionarios que, con ánimo de lucro, sustrajeran o consintieran que un tercero, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirán en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario