El tribunal considera a Griñán culpable de prevaricación y malversación, y a Chaves, de prevaricación.
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| INHABILITAR A POLÍTICOS JUBILADOS ¡¡ PA QUÉ!! |
En Derecho, el peculado o la malversación de caudales públicos es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. También se conoce como desvío de recursos.
El desfalco se refiere a las acciones criminales que comete un ciudadano al robarle a su empleador; el peculado, en cambio, es la malversación de fondos públicos por personas con cargos de confianza en la organización encargada de administrar tales fondos.
El caso de los ERE es uno de los casos de corrupción más importantes de la historia de la democracia española. Lo es porque la cantidad de dinero ilegalmente utilizado, 854 millones de euros.
José Antonio Griñán
El exconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía (2004-2009) y expresidente de la Junta (2004-2013) ha sido condenado a 6,2 años de prisión por prevaricación y malversación.
En agosto de 2013 presentó su dimisión como presidente de la Junta de Andalucía, pero dos semanas después fue nombrado senador por designación autonómica, algo que fue visto como protección (aforamiento) ante el caso de los ERE, en el que estaba imputado.
En el juicio aseguró que desconocía la trama detrás de los ERE y el programa presupuestario al que se le cargaban las ayudas. Reconoció que "hubo un gran fraude" pero descartó que fuera un "gran plan" elaborado previamente.
La Fiscalía pedía para él una pena de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargos públicos por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales.
Manuel Chaves
Condenado a 9 años de inhabilitación.
Fue presidente de la Junta de Andalucía casi dos décadas (1990-2009), presidente del PSOE (2000-2012) y ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el Gobierno de Felipe González y ministro de Política Territorial y Administración Pública con Zapatero.
Dimitió como diputado del Congreso en junio de 2015.
Se le considera "responsable máximo" del Gobierno de Andalucía por "impulsar la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías" para su reparto.
La Fiscalía Anticorrupción pedía para él 10 años de inhabilitación.
El tren de vida de Manuel Chaves: palacios, mansiones, fiestas, golf y vacaciones con empresarios
Francisco Javier Guerrero
Director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008. La Audiencia de Sevilla le condena a siete años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 19 años, 6 meses y un día.
Se le considera "responsable directo" de la concesión de las ayudas y subvenciones y de repartir el dinero público de dichas ayudas a lo que se conoce ya como fondo de reptiles sin ningún control.
Según el auto, pudo conceder en un solo día subvenciones públicas por valor de 1,3 millones de euros a su chófer, Juan Francisco Trujillo, que declaró que parte de ese dinero era destinado a pagar "cocaína, fiestas y copas" con Guerrero.
Magdalena Álvarez
La que fuera consejera de Economía y Hacienda con Manuel Chaves entre 1994 y 2004 y ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2009) ha sido condenada a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
El auto considera que fue responsable de "procedimiento" de las ayudas y que hizo "modificaciones presupuestarias" para continuar manteniendo este sistema.
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Juan Márquez Contreras
Condenado a siete años y un día de prisión
José Antonio Viera
Fue consejero de Empleo de la Junta entre los años 2000 y 2004 y presidente del IFA-IDEA (2003-2004). Ha sido condenado a siete años y un de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día.
Antonio Fernández
Siete años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 19 años, 6 meses y un día por prevaricación y malversación.
Carmen Martínez Aguayo
Seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por delitos continuados de prevaricación y malversación.
Francisco Vallejo
Siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por un tiempo de 18 años y un día por delitos continuados de malversación y prevaricación.
Agustín Barberá
Siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por un tiempo de 18 años y un día.
11 de 21
Gaspar Zarrías
12 de 21
Miguel Ángel Serrano
seis años, seis meses y un día de prisión
13 de 21
Juan Francisco Sánchez
14 de 21
Lourdes Medina
15 de 21
Jesús María Rodríguez
16 de 21
José Salgueiro Carmona
17 de 21
Javier Aguado Hinojal
18 de 21
Antonio Vicente Lozano
19 de 21
Jacinto Cañete
20 de 21
Manuel Gómez Martínez (Absuelto)
21 de 21
Francisco del Río Muñoz (Absuelto)
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| Mercedes Alaya, la juez |
Se convirtió en la juez más admirada y odiada durante la instrucción del caso. También en la más atacada desde todos los frentes políticos, sindicales y periodísticos, por haberse atrevido a indagar en la opaca gestión de las ayudas para parados de la Junta de Andalucía tras caer en sus manos el caso Mercasevilla.
Se insinuó que actuaba en respuesta a inconfesables favores personales. Se le señaló por intentar, supuestamente, influir en la agenda política, haciendo coincidir sus citaciones con procesos electorales u orgánicos. Y sobre todo, se presionó para apartarla contra su voluntad de la investigación de los ERE y de otras causas por corrupción.
Pero la sentencia de la Audiencia de Sevilla supone un aval indiscutible a la instrucción que la magistrada Mercedes Alaya inició cuando el 19 de enero de 2011 abrió las diligencias previas número 174/2011 desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla del que era titular.
Cuatro años y medio después, y tras solicitar una plaza en la Audiencia de Sevilla, fue relevada del caso, pese a que había pedido reiteradamente retrasar su incorporación al nuevo destino y continuar con la investigación. Pese a ello, el juez Álvaro Martín, que se hizo cargo de rematar la instrucción de la Pieza política -la que ahora ha quedado sentenciada-, dio continuidad al trabajo de la magistrada sevillana sin enmendar prácticamente su tesis principal.
El fallo de la Audiencia de Sevilla, condenando a 19 de los 22 ex altos cargos que se sentaron en el banquillo, confirma de alguna manera la solvencia del trabajo jurídico de Mercedes Alaya.
Diferencias y similitudes del ‘caso ERE’ con el ‘caso Gürtel’
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